Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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"Águilas Negras" declaran objetivo militar a líderes del Magdalena Medio
La ACVC-RAN rechaza la amenaza de la que está siendo víctima Miguel Cifuentes, y en la que también se vincula a otros líderes sociales y políticos de la región.
 
Sede de la ACVC-RAN en la vereda Puerto Matilde, Yondó (Antioquia). Foto: Juan David Vargas - APR.

El miércoles 25 de julio de 2018 el líder social Abelardo Sánchez encontró en la entrada de su casa un sobre cerrado dirigido a él. Luego de abrirlo encontró un pasquín que dice ser producido por el grupo Águilas Negras Bloque Capital D.C. Dicho documento declara “objetivos militares” a varios líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos de la región de Magdalena Medio.

Entre los amenazados de muerte se encuentra nuestro compañero Miguel Cifuentes, quien se desempeña como miembro de la coordinación ampliada de la Asociación y ha sido víctima de señalamientos, atentados y amenazas durante su trayectoria de más de 20 años como dirigente campesino tanto en el orden regional como nacional.

Esta amenaza se presenta en un contexto social y político de persecución, judicialización, criminalización y asesinato contra líderes y lideresas del movimiento social colombiano; en donde los procesos y las propuestas sociales toman protagonismo.

Además del compañero Miguel Cifuentes; el grupo paramilitar pone como su objetivo en la amenaza a otros líderes sociales y políticos, como son Abelardo Sánchez y Jorge Barbosa. En contra de ellos dictan orden de “dar de baja” dentro de las “próximas 72 horas”.

Más de 400 asesinatos y cientos de judicializaciones en los últimos 30 meses son muestra clara del plan sistemático de aniquilamiento no solo físico, de los líderes y las lideresas sociales, sino de sus organizaciones.

Responsabilizamos por esta práctica social genocida al Estado colombiano, por acción u omisión frente a la grave violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Exigimos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público adelantar acciones contundentes que reconozcan la existencia del Paramilitarismo y que públicamente detengan esta práctica y permitan identificar y castigar a los responsables intelectuales y materiales de la misma. Exigimos también garantías necesarias para la protección de los líderes y lideresas sociales y de sus organizaciones.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, a todo el movimiento social y popular, y a la sociedad en general a repudiar y condenar estos hechos y dirigir sus protestas al Gobierno Nacional y sus organismos de control.