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Líderes del Catatumbo le proponen reunión a Iván Duque
 

La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo es un espacio de articulación conformado en Ocaña el 6 de abril de 2018 por los procesos sociales y comunitarios de la región, para dar respuesta a la crisis social, política y económica recrudecida por la confrontación entre los grupos insurgentes EPL y ELN y de la Fuerza pública con estos, y por la aparición de un grupo autodenominado FARC-EP. Iniciamos este proceso de confluencia, unidad y acción, siguiendo el llamado de las Juntas de Acción Comunal -JAC-, Asociaciones de Juntas -Asojuntas-, los procesos sociales, y el Pueblo Bari, que desde el mes de marzo de 2018 se empezaron a reunir en las distintas veredas y corregimientos de la región, para levantar su voz de rechazo por los hechos de agresión contra la población civil, producto de los enfrentamientos entre los actores en conflicto. Este proceso ha estado acompañado desde su inicio por la Iglesia Católica, la Asociación de Personeros del Catatumbo, la Defensoría Regional del Pueblo de Ocaña, Naciones Unidas Derechos Humanos y otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en la región desde hace varios años.

Como primera tarea, realizamos una gira en el mes de abril por la ciudad de Bogotá, donde nos reunimos con entidades del Estado y ONGs de DDHH nacionales. Subrayamos de esta gira, el encuentro con integrantes de la Comisión de Paz del Senado con quienes se acordó la realización de una sesión en nuestra región para que los congresistas sostengan una interlocución directa con las comunidades y puedan obtener información precisa por parte de los afectados que les permita reforzar los debates alrededor del proceso de construcción de paz. Un ejercicio como este, es oportuno para que los habitantes de la región sientan acompañamiento y rutas más concretas de articulación e incidencia. Aunque esta sesión se agendó para el primer semestre del año, las condiciones de contexto no han permitido su realización y esperamos que el nuevo Congreso pueda adelantar dicha acción de gran relevancia para el Catatumbo.

En esta gira también intercambiamos preocupaciones con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección -UNP, el Cluster de Protección, la Unidad Nacional de Víctimas, la Embajada de Alemania, la Gestoría de Paz del ELN, el Partido FARC y la organización Vivamos Humanos, buscando sumar buenos oficios hacia la salida del conflicto. Con ellos y otras organizaciones y actores sociales nos comprometimos en adelantar estrategias de atención humanitaria en la crisis, así como hacer seguimiento e incidencia para su solución.

Tras esta primera acción de incidencia, realizamos la Asamblea Regional por la Paz con Justicia Social del Catatumbo, el día 22 de abril del presente año en el municipio de El Tarra, donde participaron cerca de 6000 personas de todos los municipios de la región, quienes legitimaron esta Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz y decidimos enfocar esfuerzos en la búsqueda de nuestro reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, garantizar nuestra participación en los espacios de diálogo y mediación para la superación del conflicto social, político y económico que afecta hoy nuestra región, la realización de una Misión de Verificación que recoja y visibilice los hechos ocurridos en el marco del conflicto actual y dé a conocer las denuncias de vulneración a la población civil a las autoridades correspondientes para su inmediata intervención.

En el marco de estos mandatos, hemos logrado el reconocimiento por parte del Gobierno departamental y nacional, incluido el Vicepresidente y varios ministros en la Mesa Permanente para atender la Crisis Humanitaria y Social del Catatumbo celebrada en Ocaña el 23 de abril. Esperamos continuar esta interlocución permanente como delegados de las comunidades en distintas reuniones e instancias gubernamentales. Entre los principales avances en este sentido, se encuentra la creación de una Comisión mediadora avalada por el Consejo Departamental de Paz, el 20 de abril y cuyo objetivo es la consolidación de una ruta de diálogo y mediación entre los actores armados en conflicto. Dicha Comisión está constituida por el Obispo de Tibú, el Secretario Departamental de Víctimas, un delegado de organizaciones de Derechos Humanos del departamento, un delegado del pueblo Barí, y tres delegados de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.

Posteriormente, convocamos la Misión de verificación de la situación de derechos humanos en el Catatumbo, la cual se realizó con acompañamiento del Ministerio del Interior, Secretaria de Víctimas Paz y Posconflicto del departamento y organizaciones sociales y defensoras de DDHH, desde el 13 al 19 de mayo del presente año y recorrió los municipios de La Playa, Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú. Logrando evidenciar y denunciar un sinnúmero de infracciones al DIH y la falta de garantía de DDHH a causa de la poca inversión y a la ausencia de las instituciones estatales en el Catatumbo.

No obstante, debido a condiciones climáticas y la falta de infraestructura, la Misión no pudo culminar el recorrido establecido desde un principio, por lo tanto, tenemos proyectada la realización de una segunda Misión de verificación que permita recorrer los lugares que faltaron y otros, donde la situación actual lo amerite. Anexamos copia del informe final de dicha misión, esperando que pueda ser tenido en cuenta por usted en su plan de trabajo con nuestra región que necesita mucho más que militarización para superar el conflicto social, político y económico que históricamente hemos padecido.

Gracias a la incidencia permanente de nuestra Comisión, se instaló el pasado 15 y 16 de julio en la ciudad de Ocaña, la Mesa humanitaria y de construcción de Paz donde se lograron acuerdos que buscan consolidar propuestas de corto, mediano y largo plazo que permitan por un lado, humanizar el conflicto actual y acercar a las partes al diálogo y, por otro lado, exigir respuestas al abandono estatal para resolver algunas condiciones estructurales que reproducen el conflicto en esta región del país. De este espacio resaltamos el nivel de compromiso adquirido por el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y el alto perfil del equipo garante de los Acuerdos firmados entre los que se destacan el Representante en Colombia del Alto Comisionado de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori; el Embajador de España en Colombia, Don Pablo Gómez de Olea; el Expresidente de Colombia Ernesto Samper y, el Senador del departamento, Alberto Castilla.
En seguimiento al mandato de la comunidad, en la actualidad tenemos proyectada la realización en septiembre de un Encuentro Regional por la Convivencia, el Desarrollo y la Paz del Catatumbo, que profundice en los temas de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, Desarrollo con enfoque territorial y Ordenamiento Territorial: Zona de Reserva Campesina, Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zona de Reserva Forestal, Parque Nacional y Territorio Bari, el cual no hemos podido realizar por dificultades económicas, logísticas y el recrudecimiento de la confrontación armada en la región. Se trata de una iniciativa de las comunidades para construir propuestas colectivas y dé alcance regional alrededor del desarrollo social y territorial del Catatumbo que ayude a resolver y prevenir nuevos conflictos. Esto lo planteamos en el marco del reconocimiento y el respeto de los derechos colectivos del Pueblo Bari.

A continuación, le presentamos nuestras principales preocupaciones ante el contexto actual de la región, con énfasis en la vulneración de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como algunas propuestas para trabajar en el corto, mediano y largo plazo en la región del Catatumbo.

La situación del Catatumbo en el marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Afectaciones a las comunidades del Catatumbo

Para la Misión de verificación resultó innegable el incumplimiento de la obligación en cabeza del Estado de garantizar la existencia de condiciones de vida digna en la región, lo cual afecta de manera especial y diferenciada a niñas/os y mujeres. Se constata que el actual contexto en el Catatumbo, no se limita al enfrentamiento entre insurgencias; sino que este es el resultado de una serie de conflictos históricos estructurales en materia económica, política, social y cultural.

Estas problemáticas sólo podrán ser solucionadas a través de la garantía de los derechos de las comunidades, razón por la que se considera que el Estado debe abstenerse a la militarización de los territorios como única solución al conflicto de carácter multidimensional que se desarrolla en Colombia y en particular, en el Catatumbo. Así, ratificamos que la salida al actual contexto de la región no puede ser el incremento del pie de fuerza, sino la inversión social, pues sin ello siempre se alimentará la perpetuación de la violencia.
En el desarrollo del trabajo de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y paz hemos identificado acciones por parte de los distintos actores armados, que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario en tanto han afectado a la población civil del Catatumbo. Entre estas sobresalen:

-  Continuación de enfrentamientos armados que generan alteración de las cotidianidades y formas organizativas de las comunidades, así como afectaciones psicosociales, económicas y de derechos básicos.

-  Desplazamientos, desde el 14 de marzo se han desplazado de forma masiva 8.934 campesinos (2.309 familias). Estas personas se ubicaron, principalmente, en 34 refugios ubicados en los municipios de Hacarí, San Calixto, La Playa, Teorama, El Tarra, Tibú, Ocaña y Ábrego.

-  Incremento del número de homicidios -no todos asociados a la actual coyuntura de confrontación entre las insurgencias-; los daños a viviendas, tiendas y vehículos, y las amenazas y atentados con ocasión del conflicto armado. En el primer semestre del año según datos de la Policía Nacional han ocurrido 81 homicidios en los municipios del Catatumbo, 22 de ellos producidos durante el mes de junio.

-  Contaminación de suelos con Minas Antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) especialmente en los alrededores de las escuelas, caminos inter-veredales y centros poblados. En total, se han documentado los casos de al menos 9 heridos y 4 personas muertas por estos artefactos desde abril de este año.

-  Aumento de tropas del Ejército y la Policía Nacional a partir del mes de abril del presente año con la llegada de 2.000 soldados, haciendo un total de 12.000 efectivos, y 514 policías; que se suman a las tropas de la Segunda Brigada y la Fuerza de Tarea Vulcano para reforzar las operaciones, planes y campañas ya establecidas en la región, como la Operación Esparta y el Plan Horus de la Campaña de Estabilización y Consolidación del Plan Estratégico Victoria Plus, ocasionan mayor vulnerabilidad a la población civil que queda en medio del fuego cruzado. A la fecha, existen denuncias sobre infracciones al DIH por parte de las Fuerzas Militares, quienes han utilizado a las comunidades como escudos humanos ocupando centros poblados y educativos. Han resultado heridas seis personas y una muerta de la población civil en enfrentamientos y bombardeos que han involucrado al ejército en los municipios de Hacarí y Convención. De igual forma, se manifiesta que la fuerza pública estigmatiza permanentemente a las comunidades, Juntas de Acción Comunal, movimientos sociales y líderes del Catatumbo.

-  Amenazas e intimidaciones de todos los actores armados a las Juntas de Acción Comunal y líderes comunales, quienes además son puestos en riesgo por el Ejército Nacional al realizar citaciones para mantener diálogos privados con ellos. Durante 2018, ONU Derechos Humanos ha documentado un total de 11 homicidios y dos atentados a defensores de derechos humanos en Norte de Santander. Ocho de estos homicidios han ocurrido en contra de defensores del Catatumbo.

-  Afectaciones de medios de vida, la presencia de campos minados y desplazamiento ha dificultado el acceso a las fincas y por tanto a los medios de producción y su comercialización. Esto ha generado pérdidas de cosechas, endeudamiento y desabastecimiento de las plazas de mercado, afectando al derecho a la alimentación y la seguridad económica de la población.

Desde la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz hemos podido constatar en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la alarmante situación en relación a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en nuestra región. Sobre esto las principales denuncias que han hecho las comunidades son:

Derecho a la Salud: Las condiciones en las que se ejerce el derecho a la salud en la región del Catatumbo son de absoluta carencia; pues la precaria y demorada vinculación del personal médico, la escasez de instrumentos para la atención, la falta de ambulancias y la ausencia de infraestructuras adecuadas para brindar un servicio integral a la comunidad, constituyen un entorno de vulneración al derecho a la salud y por ende a la vida misma.

Derecho a la Educación: La región no cuenta con suficiente personal docente y administrativo, para cubrir las necesidades de la población estudiantil. Situación profundizada por el pésimo modelo de contratación, nombramiento y reemplazos, la infraestructura insuficiente y en mal estado, la falta de materiales pedagógicos e implementos tecnológicos que garanticen una educación de calidad y las contadas posibilidades para la cualificación del profesorado y el acceso a la educación superior.

Muchos de los establecimientos no cuentan con restaurante escolar, recientemente les fueron retirados los recursos referentes a la Canasta Educativa y de Gratuidad (recurso de libre inversión) que son responsabilidad del Ministerio de Educación a través del Sistema General de Participación (SGP), lo que afecta la calidad de la educación en la región.

Derechos económicos, al trabajo y la generación de ingreso: El trabajo y la generación de ingresos ha sido un derecho vulnerado en el Catatumbo, pues la deficiencia en inversión social en materia de infraestructura para la educación, salud, telecomunicaciones y vías de acceso imposibilitan la dinamización de la economía local y, los programas económicos por parte del Estado han sido insuficientes en comparación con las necesidades requeridas por la población para la transformación de sus medios económicos.

En la actualidad en el Catatumbo miles de campesinos y campesinas cultivadores de productos agrícolas y pecuarios, no cuentan con garantías para la producción y comercialización de sus productos. Tampoco existen incentivos o estrategias eficaces para el desarrollo de la economía local, ni condiciones duraderas que permitan la sustitución y dejación de cultivos de uso ilícito. Al contrario la posibilidad de nuevas fumigaciones con glifosato, se ha convertido en preocupación por las graves afectaciones que causa para la salud y la producción de alimentos y la contaminación del agua y el medio ambiente.

Sumado a esto y en relación a los acuerdos alcanzados en el proceso de paz con las FARC, ha existido un proceso de participación precario en la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, municipios como Ábrego, La Playa, Ocaña y Zulia han sido excluidos de la construcción e implementación de los PDET.

Sobre los puntos anteriores las Mesas de diálogo e interlocución ya establecidas con las comunidades han llegado a acuerdos con el Estado, que aportan soluciones concertadas y viables, esperamos la continuidad y el cumplimiento de los mismos.

Acuerdos alcanzados con el gobierno que aportan soluciones para la situación de conflicto armado actual y la crisis estructural de derechos humanos del Catatumbo

En los últimos años, a través de espacios de participación construidos entre el gobierno y las comunidades se han logrado acuerdos importantes encaminados a mitigar y solucionar la crisis de derechos humanos de la región. A continuación presentamos los principales acuerdos alcanzados con el gobierno y las comunidades del Catatumbo.

En este sentido y de acuerdo a la imperiosa necesidad de implementar acciones que resuelvan el conflicto social, político y armado que vive la región, aprovechamos esta oportunidad para expresarle a usted y a otras entidades de orden nacional las siguientes solicitudes:

Al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque Márquez solicitamos y proponemos:

1. Mantenga la interlocución permanente con la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo y a su vez le proponemos una reunión con su equipo de gobierno para la primera semana de septiembre en Bogotá. Esto con el fin de continuar con el plan de trabajo acordado.

2. La Comisión por la Vida la Reconciliación y la Paz del Catatumbo y la Comisión mediadora respaldan y apoyan el espacio de diálogo adelantado con el ELN en la Habana. Solicitamos la continuidad del proceso y se hace imperativo la concreción del cese bilateral del fuego para aliviar la situación humanitaria de la región. Igualmente, le instamos a adelantar acciones para iniciar una negociación política con el EPL que lleve, junto con los el dialogo con el ELN, a asentar la paz en la región.

3. Otorgue todas las garantías políticas, legales y logísticas para que la Comisión Mediadora establecida en el Consejo Departamental de Paz y legitimada por cerca de 6000 personas en la Asamblea Comunitaria realizada el día 22 de abril en el municipio de El Tarra, pueda generar una ruta que permita ponerle fin a la confrontación armada, a través del diálogo. Esto implica la autorización para que esta comisión sostenga un diálogo humanitario con el ELN y el EPL. Apoye las solicitudes realizadas al ELN y EPL en la carta abierta firmada por la Comisión por la Vida la Reconciliación y la Paz del Catatumbo conjuntamente con la Comisión Mediadora el 28 de julio.

4. Realice seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Mesa Humanitaria, el 17 de julio por parte de los representantes del Gobierno Nacional y Departamental y Procuraduría. Asimismo, se dé continuidad y cumplimiento a los acuerdos alcanzados en los espacios de diálogo de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo y la Mesa Social y Comunitaria por la Vida Digna del Catatumbo.

5. Vele por el cumplimiento de parte de los distintos estamentos estatales a las exigencias de las comunidades del Catatumbo, consignadas en el Informe final de la primera Misión de Verificación. Y garantice el acompañamiento de las entidades correspondientes a la Segunda Misión de Verificación prevista, fecha que esperamos concertar en la reunión con su equipo de gobierno la primera semana de septiembre.

6. Otorgue legitimidad, reconocimiento y financiación para la realización del Encuentro Regional por la Convivencia, el Desarrollo y la Paz del Catatumbo, a desarrollar durante el mes de septiembre, como parte de una iniciativa autónoma de la sociedad civil que busca consolidar propuestas alrededor del desarrollo social y territorial de la región.

7. Apoye la construcción de medidas de protección colectiva para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en la región del Catatumbo concertadas con la participación de las comunidades. Se pongan en marcha de forma urgente acciones desde las administraciones municipales, departamental y nacional para la prevención y atención de la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en la región. .

Le pedimos apoye las siguientes solicitudes a los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como a los entes de Control en cabeza de la Procuraduría, Contraloría Nacional, Defensoría del Pueblo, Asopersoneros del Catatumbo y Congresistas:

1. Velar por la superación dialogada del actual conflicto que afecta la región del Catatumbo.

2. Trabajar por la minimización de los impactos del conflicto armado actual en la población y, brindar garantías de protección a los líderes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos de la región.

3. Realizar la sesión de la Comisión de paz del Senado de la República en la región como parte de la ruta que se ha identificado para avanzar en una solución política del conflicto actual que vive la región.

4. Acompañamiento a la segunda Misión de verificación. Esta misión comprenderá los municipios que no se alcanzaron a visitar en la primera Misión.

5. Seguimiento y verificación al cumplimiento de los acuerdos firmados y de las solicitudes aquí manifiestas (ver tabla con resumen de acuerdos).