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Indígenas fueron asesinados en un municipio con alta presencia de fuerza pública
Red de Derechos Humanos de Putumayo / Martes 4 de septiembre de 2018
 
Putumayo. Imagen de archivo. APR.

Hacemos conocer los siguientes hechos violentos contra una familia putumayense que ocurrieron el día 2 de septiembre de 2018, hechos que hoy son de amplio conocimiento de las autoridades y medios de comunicación. Como organizaciones sociales ambientales campesinas, indígenas, y afrodescendientes debemos dar a conocer y aportar para conocimiento público y de las investigaciones por parte de las autoridades civiles y entidades de control respectivas lo siguiente:

Siendo las 4:00pm del domingo 2 de septiembre de 2018, se confirmó la lamentable noticia de la muerte de dos compañeros indígenas, en la vereda Florida, corregimiento La Castellana del municipio de Villa Garzón.

Ese mismo día, en horas de la mañana asesinaron a la profesora Paola Rodríguez Muchavisoy del pueblo Inga Kamentsa y a su esposo, Alonso Taicus del Pueblo Awa. La profesora era docente del Centro Educativo Rural de la Florida Alto Sardinas- Centro Etnoeducativo Atún Ñambi-.

La comunidad de La Castellana, en su mayoría campesina, pero con una alta composición interétnica e intercultural quedó afectada y con gran temor, pues con mucha dificultad lograron informar a las autoridades sobre lo sucedido, pues en esta zona del municipio de Villa Garzón al parecer vienen ocurriendo contra las comunidades rurales que habitan entre los ríos san juan y río putumayo hechos violentos contra la vida e integridad, que en razón a las consecuencias y antecedentes aún no se atreverían a denunciar.

El 3 de septiembre, a la familia y comunidad indígena no se les había entregado los cuerpos ni se les había dado razón alguna por parte de Medicina Legal; así como ninguna institución del nivel departamental se ha acercado para iniciar alguna ruta en el marco del restablecimiento de derechos y estabilización humanitaria.

Al respecto de estos hechos, llama la atención con la que grupos de personas armadas logran atentar contra la vida y tranquilidad de la población rural, en lugares de difícil acceso o donde prima el acceso vía fluvial. Recordemos que son zonas ampliamente monitoreadas por la tecnología para medición de cultivos de uso ilícito o de actividad de hidrocarburos.

Desde el año 2011 y al menos cinco veces por año, y en registro de base de datos de entidades como la Defensoría del Pueblo y por fuentes primarias para 2018, las comunidades interétnicas e interculturales que habitan en el Corregimiento de La Castellana y las 18 Veredas que la comprenden, han denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades civiles y de fuerza pública municipales, departamentales y nacionales hechos violentos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario relacionados con amenazas, presencia de grupos armados ilegales, aparición de panfletos, erradicación forzada, violación a la consulta previa, libre e informada de los pueblos Emberá Chami, Inga, Awa, Nasa, Pastos y Afrodescendientes, con motivo de la ampliación de actividades relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de las empresas Gran Tierra y Emeral Energy.

Todas estas situaciones vulneradoras al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ocurren sistemáticamente en el municipio de Villa Garzón, el cual es el municipio mejor dotado y con mayor presencia para las actividades de la fuerza pública – militares y policiales-. Los hechos que se denuncian con dificultad y que se logran conocer por su gravedad o por la movilización y unidad de la ciudadanía ocurren mientras a la fecha sistemáticamente no se atienden u omiten las necesidades institucionales que brinden garantías al Acceso a la Justicia de la comunidad en general.

Actualmente no se evidencian soluciones presupuestales y logísticas para que el Ministerio Público- Personería Municipal y Defensoría Del Pueblo- actúen con total independencia; desconocemos porque el Municipio no cuenta con un lugar como las Casas de Justicia que permitan la presencia local y el despliegue hacia las zonas rurales de Fiscalía, Personería, Medicina Legal, entre otras de manera, imparcial, eficaz y objetiva.

En mediciones de 2015 por el DNP, se calcula que solamente en el municipio de Villa Garzón se explotan alrededor de 23.000 mil barriles de petróleo diarios por parte de las empresas privadas multinacionales; en una observación empírica, se podría afirmar que el presupuesto municipal para inversión social, por ejemplo el acceso a la educación y calidad de la misma debería estar garantizado.

Exigimos se prioricen las instancias departamentales y nacionales en las que se han ordenado responsabilidades y acciones directas a las autoridades civiles como los mandatarios departamentales, municipales, servidores de elección popular, y se han dejado claras las labores de las entidades de control responsables de derechos humanos, en armonía con las instancias creadas por el Acuerdo para una Paz Estable y Duradera.