Publicado originalmente el 20 de mayo de 2015

El jueves 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, suspendió las aspersiones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, a partir del concepto presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social ante el nuevo informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La decisión había sido solicitada al Consejo por el presidente Juan Manuel Santos, en lo que se presenta como una apuesta del Gobierno Nacional, de la que se apartó el saliente Ministro de Defensa y el Procurador General de la Nación.

El final de “las fumigaciones” es celebrado por el movimiento social (será, sin dudarlo, un elemento central en Colombia de la marcha mundial contra Monsanto del próximo 23 de mayo), en especial el movimiento campesino, ya que es una demanda que éste había elevado desde la década de 1990 [1], y muy especialmente con la puesta en marcha e implementación del fracasado Plan Colombia. Diferentes estudios han señalado lo inútil de la aspersión como método de confrontación efectivo del problema de los cultivos ilícitos y la efectividad de otras propuestas, como el desarrollo alternativo [2]. En la misma línea la literatura sobre los efectos nocivos del uso del glifosato en la “guerra contra las drogas” es abundante, al igual que los casos y testimonios de impactos socioambientales y en derechos humanos [3], e incluye documentación oficial como el concepto emitido por el Inderena en 1984 (Vargas, 1999, p. 33 y ss.) y la Resolución 005/2000 del mismo CNE, en la que se habla de riesgos potenciales en relación con la salud humana, el medio ambiente y las actividades agropecuarias (García y Mejía, 2001, p. 125-127).

¿Y después de la suspensión qué?

Una vez producida la decisión del Gobierno se presentan dos escenarios para las organizaciones sociales y populares: (i) Considerar alcanzado el logro frente a la suspensión del glifosato, continuar en la construcción de propuestas y la concertación de políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito soportadas en el desarrollo alternativo y sostenible; y (ii) Avanzar en la construcción de un discurso y un accionar en contra del uso del agroquímico (Roundup) y de los productos de la compañía Monsanto, como parte de la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología.

Estos escenarios no son excluyentes entre sí, pero centrarse sólo en el primero puede implicar logros muy importantes, pero limitados, como son mejoras en la situación socioeconómica de los campesinos productores y obreros de la hoja de coca, incluso, inversión estatal en zonas “cocaleras” con miras a la erradicación voluntaria y la generación de alternativas, etc.

Un accionar que considere el segundo escenario conlleva a que los campesinos no solamente logren lo anterior, sino que tengan mayor poder sobre la cadena de producción de alimentos y evidencien que las afectaciones del glifosato no están exclusivamente ligadas a su uso en la “guerra contra las drogas”. En efecto, el concepto preparado por el Ministerio de Salud y los estudios científicos que lo soportan no hacen relación al uso del herbicida contra la coca, sino que dan cuenta de su toxicidad (por un principio activo) y su condición de probablemente carcinogénico en humanos existiendo una asociación positiva entre exposición humana por uso agrícola del glifosato y el riesgo de padecer cáncer (linfoma no-Hodgkin). De otra parte, el glifosato afecta nuestra fauna y ambiente: en concentraciones menores a la que se usaba para fumigar coca puede ser letal en peces como la tilapia, yamú, el bocachico y la cachama blanca, según estudios realizados por el Grupo de Investigación en Toxicología Acuática y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.

Monsanto y el régimen alimentario corporativo

Monsanto, empresa productora del glifosato, es una de las grandes compañías del régimen alimentario corporativo (McMichael, 2009), etapa actual del sistema agroalimentario capitalista caracterizado por la hegemonía de las corporaciones en el marco de la economía globalizada. A nivel mundial esta empresa es una de las tres principales comercializadoras de semillas patentadas, controla el 41 % de la producción de semillas y el 90 % de las semillas modificadas genéticamente; junto con otras cinco empresas acaparan el 75 % de las ventas de agroquímicos del planeta (Holt-Giménez y Patel, 2010, p. 43; Delgado, 2010, p. 34; Action Aid International, 2006, p. 65). En el último periodo ha intentado -hasta el momento infructuosamente- adquirir a la gigante suiza Syngenta. De darse esta fusión, según reseña Portafolio, se estaría ante un negocio con ventas de US$30.000 millones anuales en semillas y plaguicidas, la posición dominante a nivel global de la compañía norteamericana del mercado agrícola mundial de las semillas (híbridas y transgénicas) de maíz, soya, algodón, a lo que se sumaría una amplia porción del mercado de las semillas de productos vegetales, igual ocurriría en la comercialización global de los plaguicidas (herbicidas, insecticidas, etcétera). En este último mercado, Monsanto buscaría recuperar su posición dominante con su producto estrella: el Roundup Ready (glifosato) [4].

Monsanto en Colombia

En Colombia, Monsanto a través de la Compañía Agrícola Colombiana S.A.S. ha logrado autorización del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para el uso de maíz transgénico en la alimentación y producción de concentrados para animales domésticos; la importación de semillas de maíz transgénico para siembra destinada al consumo animal y humano, en áreas cafeteras; y la importación de semilla de soya para siembras comerciales destinadas al consumo animal y humano, en el Valle geográfico del río Cauca, entre otros. Esta compañía fue multada con 500 millones de pesos por el mismo Instituto por publicidad engañosa, al afirmar que una variedad de algodón transgénico comercializado lograba un control de plagas del 97 %. La siembra del algodón transgénico y los elevados costos de los insumos quebraron a los algodoneros de la Costa, perdiendo además su independencia como productores agrícolas: “cada vez dependen más de la semilla trangénica, Bolgard II (BT), de Monsanto. Esta semilla bajó la productividad al menos 30 %, mientras que, en varios casos, las semillas convencionales fueron suspendidas por el ICA, por contaminación derivada de las genéticamente modificadas” (Suarez, 2015, p. 16).

La multa en Colombia es una más de las que acumula la empresa norteamericana:

En 2005, Monsanto aceptó pagar una multa de 1,5 millones de dólares a la US Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) después de que saliese a la luz que entre 1997 y 2002 habían pagado más de 700.000 dólares en sobornos para tratar de derogar una legislación que hubiese sometido a una investigación seria el algodón biotecnológico en Indonesia (Patel, 2008, p. 126).

Peligros del glifosato más allá de los cultivos de uso ilícito

Silvia Ribeiro, en el diario mexicano La Jornada, presenta cifras que dan cuenta de por qué la preocupación por el uso del glifosato debe ir más allá del uso de éste para fumigar cultivos de uso ilícito, debido a que la aplicación del agroquímico está relacionada directamente con afectaciones a la salud humana: (i) en 2013, un estudio de Amigos de la Tierra encontró residuos de glifosato en la orina del 45 % de los ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas, y otro en Alemania, niveles de 5 a 20 % más altos en orina que los niveles permitidos en agua potable; (ii) el movimiento Moms Across America de EE.UU., encontró en 2014 presencia de glifosato en leche materna, en porcentajes hasta mil 600 % superiores a lo permitido por la directiva europea; (iii) en Brasil, estudios del investigador Wanderlei Pignati, mostraron desde 2011, grave presencia de glifosato en leche materna en el estado de Mato Grosso, así como altos porcentajes de residuos de glifosato y otros agrotóxicos en el agua que beben en escuelas y en 88 % de las muestras de sangre y orina tomadas a maestros del municipio Lucas de Rio Verde de ese estado; y (iv) en Argentina, los movimientos de madres y médicos de pueblos fumigados de Córdoba, Santa Fe y otras provincias afectadas por la siembra de transgénicos, denuncian desde hace años lo que consideran un genocidio silencioso. En esos lugares, los casos de cáncer y malformaciones congénitas, superan con mucho la media nacional. En el Chaco, hasta 400 por ciento. Andrés Carrasco, en 2009, siendo jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet, demostró con experimentos en anfibios, que el glifosato tiene efectos teratogénicos, es decir, produce malformaciones en fetos y neonatos (Ribeiro, 2015, abr. 4).

Por su parte el portal grastronomiaycia.com da cuenta de diferentes hallazgos de trazas de glifosato en los cereales para el desayuno, miel, salsa de soja, diferentes harinas de cereal, leche de fórmula infantil e incluso en leche materna. La empresa, señala de forma irresponsable que esto no representa riesgo para las personas y no debe generar preocupación, según la misma fuente: “Un toxicólogo que trabaja para Monsanto […] comenta que de acuerdo con los especialistas médicos y otros expertos en seguridad alimentaria, la presencia de una sustancia química en los alimentos no representa un peligro para la salud humana, lo que importa es la cantidad”.

Desconociendo este tipo de situaciones, el riesgo potencial y la necesidad de aplicar el principio de precaución, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mantuvo el uso del glifosato para fines agrícolas, decisión soportada en que, según se afirma en nota de prensa, “el manejo y forma de utilización del herbicida en la producción agropecuaria no produce efectos nocivos en la salud, cuencas hídricas y sistemas ambientales”. La decisión fue celebrada por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que agradeció “al gobierno haber tenido en cuenta los argumentos expuestos por el sector privado y los centros de investigación”. Esta decisión del Ministerio avalada por el sector privado es una muestra del poder político y económico de las corporaciones, específicamente de la norteamericana Monsanto, y de lo que es la configuración del régimen alimentario corporativo en el país.

Sobre el segundo escenario, el de la soberanía alimentaria

El caso de los algodoneros “estafados” en el control de plagas por Monsanto, permite ver que las corporaciones no buscan beneficiar al campesinado, sólo aumentar sus ganancias. No está de más recordar que estas empresas productoras de agroquímicos y de Organismos Genéticamente Modificados, OGM, operan bajo el principio capitalista de la maximización de la ganancia.

La mayor parte de la investigación corporativa es impulsada por las exigencias de lucros y control de mercados y no por las necesidades de los agricultores pobres de los países en desarrollo. Se estima que cerca del 80 % de la investigación pública está orientada a las necesidades (Action Aid International, 2006, p. 39).

Siguiendo a Raj Patel (2008, p. 121), las corporaciones productoras de semillas transgénicas vienen de la Revolución Verde, en tanto son empresas fundamentalmente químicas, las semillas no se orientan a mejorar la situación de los pobres del campo, sino son una proyección de sus líneas pesticidas, de allí que quien produce pesticidas produzca también semillas resistentes a sus propios productos químicos.

Un producto de la Monsanto Corporation, es conocido como «preparados para el RoudUp». Se trata de semillas modificadas, pero no con la intención de mejorar el sabor o el poder nutritivo, ni para que crezca mejor o para que soporte la sequía; la modificación tiene por objeto solamente que esos cultivos soporten ser rociados con RoundUp (Patel, 2008, p. 121).

Monsanto y otras corporaciones como Syngenta, buscan la oportunidad de transformar la agricultura mundial de alimentos en una agricultura productora de cultivos transgénicos, ampliando sus posibilidades de negocio más allá del consumo humano (que ha encontrado resistencias) al mercado de los agrocombustibles y el de la alimentación de animales (como en Colombia). En algunos países lo están logrando: en el 2008 el 80 % del maíz, el 92 % de la soja y el 86 % del algodón en los Estados Unidos eran transgénicos (Holt-Giménez y Patel, 2010, p. 113).

Ante el avance de las corporaciones, es necesario levantar la bandera de la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los derechos de los campesinos. La soberanía alimentaria como democratización de los sistemas agroalimentarios, como posibilidad de priorizar producción agrícola local, sostenible, segura y ambientalmente amigable, para la alimentación de las poblaciones, mediante el acceso permanente de los campesinos a la tierra y a las semillas (así como a los demás elementos que posibilitan la producción agropecuaria), y soportada en el reconocimiento de la potestad de los consumidores a decidir qué alimentos quieren, cómo y quién los produce, es el principio y derecho desde el cual se puede hacer frente a la arremetida del sistema alimentario capitalista. Por su parte, la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales al reconocer el derecho de los campesinos a las semillas y a la práctica de la agricultura tradicional (art. 5), a la protección de los valores en la agricultura (art. 9), a la diversidad biológica (art. 10) y a la preservación del medio ambiente (art. 11), se convierte en una herramienta fundamental para adelantar procesos de exigibilidad contra el dominio de las corporaciones agroalimentarias.

El trascendental anuncio de la suspensión del glifosato en la lucha contra el narcotráfico es un paso sin antecedentes en la pugna por la definición del modelo agrícola y alimentario en Colombia, donde el movimiento social, campesinos y consumidores de alimentos, debemos tener un accionar orientado a la construcción de un modelo diametralmente diferente al que Monsanto y las empresas nos ofrecen. El horizonte es la soberanía alimentaria. Ese es el tamaño del desafío.