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Paro nacional ante la crisis de la educación superior
Sergio Lancheros / Jueves 4 de octubre de 2018
 
Asamblea triestamentaria en el Auditorio León de Greiff en la Universidad Nacional - sede Bogotá. Foto: Unees.

La segunda versión del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Enees, tuvo lugar en la ciudad de Florencia, Caquetá, los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2018. El objetivo de este encuentro consistió en avanzar en las discusiones programáticas, en el diagnóstico y discusión de las problemáticas de la educación superior a nivel nacional, como también en la consolidación de una ruta de acción y movilización.

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, dado su carácter amplio y democrático, sigue aglutinando a diferentes expresiones y procesos organizados y no organizados del movimiento estudiantil colombiano. Es la expresión de un gremio que ha recorrido toda la geografía nacional y las diferentes instituciones de educación superior con el objetivo de acumular fuerzas para emprender una ardua lucha por la defensa y construcción de la educación como derecho fundamental y bien común, la cual tenga como pilares la calidad, la gratuidad, la universalidad y la apropiación crítica de los problemas de la nación y la sociedad.

Esto es reflejo del avance en el nivel organizativo que se tuvo en este encuentro para el fortalecimiento de este proceso en defensa de la educación como derecho fundamental. De allí surge un espacio organizativo de coordinación y articulación a nivel nacional, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), donde se congregan estudiantes de las diferentes IES públicas y privadas del país, así como las diferentes expresiones políticas organizadas y no organizadas, bajo principios como la democracia, la descentralización, la amplitud, la diversidad, la inclusión y la combatividad.

Se agudiza la crisis de la educación superior

Dicho proceso de movilización y convergencia responde a la grave crisis que enfrenta la educación superior y, en consecuencia, el derecho fundamental a la educación de millones de jóvenes en el país. Esta crisis se cristaliza en el preocupante estado de muchas instituciones y en la cada vez más reducida posibilidad de acceder a la educación superior pública de calidad, esto como consecuencia de una nueva ofensiva neoliberal que pretende armonizar el modelo educativo con sus exigencias, de mercantilización y privatización de la educación superior.

La crisis de la educación superior tiene al menos cuatro expresiones. En primer lugar, la asfixia presupuestal tiene al borde de la quiebra y en peligro de sostenimiento a varias instituciones de educación superior, amenazando el carácter público y la calidad de estas. Según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE) la participación del Estado en el presupuesto anual de las universidades públicas se ha reducido de un 85% en 2002 a un 50% en 2012, tendencia que se sigue profundizando en los últimos años sumado a la disminución de la participación del rubro de educación superior dentro del gasto social.

El déficit presupuestal asciende a más de 16 billones de pesos, lo que limita el desarrollo de procesos educativos íntegros que incluyan el bienestar universitario, la investigación, el desarrollo cultural y la participación de las instituciones en la solución efectiva de los problemas del país.

El segundo escenario es la punta de lanza del modelo educativo que propone el gobierno nacional y las directrices internacionales. Se trata del esquema de financiación de la demanda vía créditos educativos, becas-crédito u otras modalidades, en cabeza del Icetex, profundizando fenómenos de financiarización de la educación que, por un lado, sujeta a las familias a grandes cargas crediticias y los hace responsables del financiamiento de la educación en el país y, por otro lado, desvía los recursos que deberían ir a la educación pública hacia instituciones privadas o hacia el fortalecimiento de programas de becas o créditos. El Icetex así como programas como Ser Pilo Paga y la Ley de Financiación Contingente al Ingreso son la encarnación de este modelo.

En tercer lugar, se ha hablado mucho del aumento de la cobertura en la educación superior, no obstante, dicho fenómeno ha presentado fuertes tendencias al impulso de carreras técnicas y tecnológicas de baja calidad orientadas a la “educación para el trabajo”. De hecho, la implementación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el desplazamiento de la universidad como pilar de la educación superior es uno de los puntos que está en la agenda de la reforma neoliberal de la educación. En la política pública consignada en el Acuerdo 2034 del 2014, una de las tantas políticas fragmentarias de las que ya hicimos mención, consiste en la ampliación de dicho tipo de educación.

Por último, desde la ley 30 de 1992 es evidente la falta de autonomía, democracia y participación que hay al interior de las Casas de Estudios. Dicha ley limitó desde un principio la participación del grueso de la comunidad universitaria en la toma de sus decisiones y en las riendas mismas del modelo educativo. Así, la participación queda reducida a meros mecanismos consultivos mientras que existen órganos como los Consejos Superiores Universitarios que se encuentran supeditados por el gobierno nacional en su composición y funcionamiento, además del desconocimiento de otras formas organizativas de los estudiantes, profesores y trabajadores.

Pliego Nacional de Exigencias se presenta al gobierno nacional

Frente a este panorama, el movimiento estudiantil ha alzado una serie de banderas de lucha que abarcan tanto instituciones de educación superior públicas como privadas. Algunas de ellas son el rechazo de las políticas neoliberales de privatización y mercantilización de la educación en su conjunto como el Acuerdo 2034, Financiación contingente al Ingreso, el SNET, etc.; la participación real y efectiva de la comunidad universitaria en las riendas de las instituciones de educación superior a partir de la consolidación de órganos de cogobierno universitario de carácter multiestamentario así como la promoción de reformas estatutarias amplias y democráticas; el no condicionamiento de las IES a procesos de acreditación de alta calidad de los programas y el respeto por la autonomía universitaria; y, por último, la no persecución y estigmatización del movimiento por la educación superior.

Existe entonces una intención no sólo de hacer oposición al gobierno nacional y de adelantar en esa medida una agenda de movilización, sino también una preocupación por proponer alternativas y una construcción democrática de un nuevo modelo de educación en el país. Dichas banderas de lucha se ven expresadas en el pliego de exigencias que sale de este mismo espacio y que fue radicado ante el Congreso de la República, Presidencia y el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de septiembre.

Este pliego cuenta con los siguientes puntos:

  1. El incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las instituciones de Educación Superior públicas del país.
  2. La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa de interés de 0%, condonación para los estudiantes del programa de Ser Pilo Paga, así como garantías de permanencia y graduación para los partícipes en dichos programas.
  3. Congelamiento inmediato de las matrículas en las IES privadas.
  4. El aumento de presupuesto para Colciencias en un 100%, así como el cambio de criterio de medición y asignación de los recursos de Colciencias, con el objetivo de igualar las agendas investigativas que incluya en su conjunto las humanidades, las artes, las ciencias, etc.
  5. La generación de un plan de pago en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para subsanar el déficit de las universidades públicas que hoy asciende a más de 16 billones de pesos.
  6. El rechazo de la actual forma en la que se constituye el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a partir de nuevos criterios y mediante la articulación con el sistema general de Educación Superior.
  7. Derogación de la ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso, bajo la lógica de la construcción de una nueva regla fiscal para la educación pública y el ajuste del costo de matrículas de las IES privadas.
  8. El no condicionamiento de las IES a procesos de acreditación de alta calidad de sus programas de manera obligatoria, siendo ésta de manera voluntaria y no un criterio para la financiación. Así, se exige la derogación de la resolución 18583 que obliga a las licenciaturas a acreditarse. También, las reformas a los estatutos y a los planes académicos se debe dar de manera democrática y con una participación multiestamentaria.
  9. Derogatoria de la ley 1740 de inspección y vigilancia y del decreto 1280.
  10. Respeto y garantías para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, así como la no intervención del ESMAD y la fuerza pública en los campus.

Agenda de movilización para recuperar las calles

Para el 2 de octubre se convoca a la “Gran Movilización Nacional” por la educación, la cual tendrá como objetivo principal dar a conocer y difundir ante la opinión pública y todos los sectores de la sociedad colombiana dicho pliego de exigencias. Anterior a esta fecha, las diferentes localidades se encontrarán realizando los balances respectivos de este encuentro y generando agendas para la socialización y pedagogía de las conclusiones del Enees 2.0 y de las problemáticas de la educación superior.

Del 8 al 12 de octubre se tiene planeado una semana de la indignación por la educación en la cual se harán diferentes actividades en las IES para seguir visibilizando las problemáticas y recogiendo acumulados, propuestas y perspectivas sobre la situación de la educación en el país. El 10 de octubre se tiene programado una Gran Marcha Nacional por la educación que contará con la participación del grueso de la comunidad universitaria, es decir, también participarán profesores y trabajadores, así como diferentes sectores sociales en lucha por la defensa de la educación superior como derecho fundamental y bien común.