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El Encuentro Nacional Agrario de Riosucio (Caldas)
Óscar Gutiérrez Reyes / Lunes 25 de mayo de 2009
 

Convocado por la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos Asproinca, los Resguardos de Cañamomo y Lomaprieta y de San Lorenzo del municipio de Riosucio, y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, se realizó durante los días 18 y 19 de mayo el Encuentro Nacional por la Defensa de la Seguridad, la Soberanía Alimentaria y la Producción Agropecuaria, con la asistencia de más de un centenar de organizaciones del agro y 1.100 delegados de 18 departamentos del país.

El encuentro analizó en detalle la situación que atraviesa la economía campesina, indígena, afrocolombiana y de los sectores no monopolistas del agro. De norte a sur, los agricultores expresaron sus dolencias. El relato de las experiencias de lucha y resistencia hecho por varios de los asistentes, evidenció la perversidad de las políticas públicas definidas por el gobierno de Uribe para el agro.

La situación que padecen los agricultores de la Costa Norte por la importación de maíz que quiebra los precios de venta de su producto, y por el daño económico causado por las semillas de mala calidad vendidas por Monsanto para la siembra de algodón, a más de las inundaciones provocadas por la falta de control sobre los ríos que atraviesan las sabanas de Córdoba y Sucre generaron una importante movilización y denuncia por parte de los afectados.

La inequidad manifiesta del Gobierno en contra de los agricultores que, en Nariño, Boyacá y Cundinamarca, resisten a que se extinga, definitivamente, el cultivo de trigo, pues aunque producen a precios por debajo de los de los agricultores norteamericanos, se encuentran cercados por los subsidios que el gobierno gringo les da a éstos y por la política gubernamental colombiana de favorecer la producción extranjera en contra de la nacional.

Los de la papa y otros cultivos de tierra fría, acosados por las importaciones y por la amenaza de compra-expropiación a menos-precio de sus tierras para “proteger los páramos”, los productores de leche y sus derivados, panela, gallinas campesinas y carne de res y de cerdo, acosados ante las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno de Uribe, como una manera de adelantarse a lo firmado y a lo que quiere firmar en los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Los de cereales atormentados por las importaciones y los de los demás productos propios de la economía campesina que no pueden vivir tranquilos ante la falta de crédito de fomento, de precios de sustentación, de respaldo estatal a través de subsidios, de investigación técnica y científica y de una infraestructura básica para la comercialización y el transporte de los productos agrícolas.

Y no podía faltar el relato de la experiencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos no sólo ante la persecución y asesinato de muchos de sus dirigentes sino ante la portentosa minga que desde el Cauca movilizó y enfrentó las estrategias del uribismo para someterlos.

También se analizó otro aspecto de la política agraria, el que tiene que ver con los “cacaos nacionales y extranjeros”. Éstos, a través de los TLC, ansían destruir la producción nacional de granos, oleaginosas y demás productos de la dieta básica de los colombianos y someter la agricultura colombiana al “modelo agroexportador”. Prototipo que, además, aspiran a implementar sobre la base del modelo Carimagua afincado en bajos salarios y sobreexplotación de trabajadores.

Esta política busca promover una agricultura empresarial fomentando productos tropicales, azúcar, etanol, banano, palma aceitera, agro-diésel, café, cacao, madera industrial, caucho, flores, y persistir en la importación de alimentos que sustentan la dieta básica de los colombianos -más de ocho millones de toneladas importadas en el 2008-, sacando del mercado a los productores nacionales y entregando a las multinacionales la alimentación del país.

No faltaron las denuncias de los trabajadores del agro. Se escucharon relatos sobre la lucha de los corteros de caña y de los obreros del banano, que no dejaron sino solidaridad con estos compatriotas que se ven expoliados por el modelo agroexportador.

Finalmente, en medio de un ambiente de unidad y resistencia, los delegados discutieron sobre lo que debe hacer el movimiento social agrario para aumentar su capacidad de lucha, generar mayor resistencia al modelo uribista, pasar a la ofensiva y defender sus derechos a producir, acceder al mercado con precios justos y alcanzar y preservar, con el resto de compatriotas, la soberanía alimentaria nacional.

Las conclusiones del encuentro señalaron el camino. Un plan de movilización que incluye encuentros departamentales y municipales, una jornada el 19 de agosto y la preparación de un paro cívico o minga nacional en octubre, que, de común acuerdo con el resto del movimiento social, avance en la construcción de un frente, lo más amplio posible, en rechazo a las políticas agrarias del imperio y el uribismo.

Además, el evento decidió participar activamente en la oposición a la reelección presidencial y hacer parte de una convergencia nacional que respalde la candidatura a la presidencia de la república de Carlos Gaviria Díaz.

Es claro que enfocarse solamente en la lucha gremial y seguir respaldando las políticas y a los políticos que tanto daño causan al agro y a los agricultores no nos sacará de la ruina, el hambre y la pobreza que se enseñorean sobre los productores agropecuarios. Tan solo una decidida lucha política podrá crear las condiciones para que se garanticen la seguridad, la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria nacional.