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Conflictos y luchas ambientales en Santander
Corporación Compromiso / Miércoles 14 de noviembre de 2018
 

Las comunidades frente a los conflictos por el uso del suelo generados por las políticas nacionales que quieren determinar de manera inconsulta las vocaciones y economía de los municipios han encontrado mecanismos de resistencia. Eso explica en Santander el interés de los municipios por hacer las consultas populares, se realizaron dos en los municipios de Jesús María y Sucre y aprobados por el tribunal administrativo de Santander las de los municipios de Bolívar, San Vicente, el Carmen de Chucurí y Onzaga. Otro mecanismo de la población para rechazar la imposición de proyectos extractivistas son las movilizaciones realizadas por el Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurban, espacio que articula a distintos sectores económicos, de investigación, políticos, las organizaciones sociales, los jóvenes que tienen claro que el agua vale más que el oro; la desobediencia civil impulsada por el colectivo de corazón verde para proteger los arboles de la Escuela Normal que a pesar de la ardua lucha no lo logro y se evidencio con el arboricidio (mayo 19 de 2018) la ineficacia de la autoridad ambiental. La articulación en plataformas como la alianza Colombia libre de fracking que posibilita una acción jurídica y política para frenar estos proyectos que generan daños irreversibles al ambiente.

Los conflictos ambientales están cruzados por como los megaproyectos extractivitos afectan de manera directa y con intensidad el agua, por eso es importante que la comunidad avance en la compresión de la importancia de tener una política autónoma que garantice el derecho al agua.

La ausencia de una política autónoma sobre el agua en Colombia y Santander

Colombia es uno de los países más ricos del mundo en cuanto al recurso hídrico. El agua es un recurso estratégico en la vida nacional, porque gran parte del aparato productivo nacional se mueve con la matriz energética en base del agua. Pero desafortunadamente en el país no existe una política pública autónoma sobre el precioso líquido. Desde hace ya varias décadas son los organismos multilaterales los que ponen la política nacional del agua. El Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo, BID, son quienes en la última década han dado las directrices sobre el agua en Colombia.

En 1998, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) hizo un Programa de Modernización Empresarial (PME) en el cual se cofinanciaba y prestaba asistencia para la entrada de operadores especializados y darle al agua una visión eminentemente empresarial. Desde ese momento el agua en Colombia dejo de ser un derecho y comenzó a ser un negocio, y por ende la privatización del líquido, donde varias ciudades del país el servicio no es público sino privado, es un negocio. Entre estas ciudades donde se ha privatizado el agua está Manizales, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y otras.

El 12 de marzo del 2007, el gobierno nacional aprueba el Conpes 3463 para implementar los Planes Departamentales de Agua, una forma de quitarle la autonomía a los municipios sobre el uso de los recursos públicos y entregarles los acueductos a empresas departamentales, o a operadores privados.

En Santander a través de la Gobernación de Santander, crearon la empresa prestadora de servicios públicos ESANT, donde a la fecha ya han metido a más de 50 municipios de los 87 que existen en Santander en los llamados Planes Departamentales de Agua, (PDA). Muchos municipios en Santander se resisten todavía a no permitir que la ESANT les quite la autonomía sobre el manejo de los Acueductos Municipales, evitando que se privaticen las Unidades Municipales de Servicios Públicos, como lo han intentado con Charalá, o que intenten robarse el agua de otros municipios como ocurrió por parte del Municipio del Socorro, que se llevó el agua de la Quebrada La Cinco Mil del municipio de Simacota. Hoy el agua en Colombia está al servicio del mayor postor construyen embalses y represas, políticos, inversionistas y negociantes, y venden el agua, convirtiéndose todo en un negocio de lucro y de pérdida de derechos, entonces el agua deja de ser un servicio Público, ya no es para todos, sino para el que pueda pagarlo. Algunas Corporaciones Autónomas, CARs –que se supone son la autoridad ambiental– y que deben regular el uso del agua en la región, son permisivas ante esta situación. Encontramos denuncias de esta grave problemática y estudios de casos argumentados en gran parte del país. Violaciones graves al Decreto 1541 de 1978 sobre Usos de Agua, en donde actualmente se está captando el agua para muchos usos diferentes como el turismo, la avicultura, y otros de la agroindustria, cuando la prioridad de los usos del agua es el CONSUMO HUMANO.

La última legislación sobre el tema del agua, la hizo el gobierno Santos con el Decreto 1077 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Título 3, en el que se reglamentan los Planes Departamentales de Agua. En el país se sigue legislando sobre el agua, convirtiendo en legal el negocio del líquido y pisoteando cada día más el derecho al mínimo vital. Los campesinos y campesinas están llamados a defender sus acueductos comunitarios y veredales, que han sido construidos por los campesinos, hace más de 40 años, cargando a lomo de mula el cemento, la arena y la gravilla, sin la ayuda del gobierno, con el esfuerzo comunitario de antiguas generaciones que hoy están viejos y ven con tristeza y le reclaman a las nuevas generaciones, que no permitan que estos acueductos comunitarios o veredales sean privatizados, o municipalizados, apropiándose del agua de los campesinos, donde intentan ponerle las condiciones de la CAR y la Superintendencia de Servicios Públicos en las tarifas del agua, cuando en estos Acueductos Comunitarios sus tarifas son establecidas por la Asamblea General Comunitaria de asociados.

Los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas POMCAS, que donde aparecen estos POMCAS, es porque se van a apoderar del río, o lo necesitan para un megaproyecto. Esto viene pasando en todos los ríos de Santander, ya han realizado los POMCAS del Río Suarez, del Río Sogamoso, del Río Opón. Y en esos POMCAS, hacen reuniones con las comunidades, para obtener información, lo que los campesinos y las comunidades identifican desde sus territorios como peligros nunca lo ponen en los documentos finales, y sí elaboran mapas del territorio que afectan la propiedad de sus fincas, afectaciones que quedan en anotaciones en los Certificados de Tradición y Libertad de los predios. Una propuesta de gobernanza del agua estará encaminada a que el agua sea para todos, que no se privatice, que no sea un negocio y que sea reconocido como un derecho fundamental.

Los pilotajes de fracking en Colombia se harían en Santander

Debido a las prácticas de esta técnica y experiencias negativas en los lugares donde se ha implementado, muchos países la han prohibido o se están declarando en moratoria.

En Colombia de los 4 departamentos donde se va a hacer fracking el más afectado será Santander en un 56%; el departamento del Cesar en un 28%, Bolívar en el 8% y Antioquia en el 7%.

El 70.99% del territorio en Santander posee reservas petroleras, ubicadas en 69 bloques petroleros que abarcan 54 municipios que van desde Girón y Piedecuesta hasta Puerto Wilches.

La delimitación de los páramos en Santander

La resolución 2090 de 2014 para el Páramo de Santurbán y la 152 del 2018 para el Páramo del Almorzadero, será una jugada para desocupar los páramos de campesinos y entregarles los páramos vacíos a las multinacionales del agua; y el subparamo y el bosque alto andino a las multinacionales mineras y petroleras. La delimitación del Páramo del Almorzadero podría dejar sin tierra y sin alimentos a campesinos de Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, Piedecuesta, San Andrés, San José de Miranda; San Miguel, Santa Bárbara y Tona. La obligación de reconvertir sus actividades agrícolas es una sentencia para el abandono de territorios sobre los que tienen una posesión ancestral; el impacto sobre el departamento del empleo y producción agrícola se dejarán ver en unos años si no hay cambios en lo regulado hasta ahora.

Embalse Topocoro Luego de la expedición de la Ordenanza que aprobó los usos de este patrimonio ambiental, hay gran preocupación porque la operación quede en manos de empresas privadas y deje de nuevo por fuera a los pescadores, quienes fueron los grandes perdedores de la construcción del embalse y la desviación del río Sogamoso.

La defensa del territorio que se contrapone a los intereses de actores armados y de intereses privados está entre las principales causas de amenaza, persecución, hostigamiento judicial y homicidio de activistas sociales.

Otras preguntas que guiaron el análisis del Observatorio de Conflictos Ambientales: Prohibidas las consultas mineras ¿qué alternativas quedan a los municipios que están en desacuerdo con ceder sus territorios a esta actividad económica? ¿Cómo el Gobernador de Boyacá logró ponerse de ruana a una empresa polaca para impedirle hacer fracking? ¿Cómo se organizan las comunidades ante la escasez de agua que alcanza niveles con rasgos ‘apocalípticos’ en Santander? ¿Qué podría terminar la puja entre Minesa y 30 municipios por el agua y la delimitación en Santurbán? ¿Qué oculta la falta de sanciones a los responsables de la contaminación en los rellenos sanitarios de Barrancabermeja y Bucaramanga?