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Sin pacto rural ni política sobre cultivos ilícitos
Camilo González Posso / Lunes 10 de diciembre de 2018
 

Las Bases del Plan de Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” [1] tienen poco que ver con la implementación de los Acuerdos de Paz y casi nada con los acuerdos de reforma rural integral y políticas para los pequeños cultivadores de plantas de uso ilícito.

El documento entregado en noviembre al Consejo Nacional de Planeación se organiza en 3 pactos estructurales que son los de equidad, emprendimiento/productividad y legalidad; estos articulan otros 12 pactos llamados Bases transversales y 11 pactos regionales de productividad. En ese paquete se ubica el Pacto por la Construcción de Paz que incluye medidas sobre “víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación” presididas por la narrativa que identifica construcción de paz con todo lo que diga el plan de desarrollo, supuestamente porque su enfoque es de equidad y su marco legal de la Constitución Política de Colombia, comprendido el artículo 22 sobre el derecho y deber de la paz.

Los pactos que se denominan transversales incluyen algunos sectoriales sin mención expresa al desarrollo rural que merece referencias a propósito de la dotación de infraestructura y bienes públicos necesarios para el aumento de la productividad y la competitividad que constituyen, sin concesiones, el norte de todo desarrollo. Equidad en este plan es igual al fortalecimiento empresarial y el emprendimiento se alinea con la productividad siempre y cuando todas las cadenas de valor tengan al frente las locomotoras de las grandes empresas incluidas las rurales, agrícolas, minero energéticas o forestales.

Con ese enfoque de prioridad al apoyo a la gran empresa, en las Bases del Plan 2018 – 2022 no tienen cabida expresiones como Reforma Rural Integral, democratización del acceso a la tierra en condiciones dignas, ordenamiento territorial, ambiental y del uso del suelo, Zonas de Reserva Campesina, ni la ubicación de la política de sustitución voluntaria de economías basadas en cultivos de uso ilícito en esa reforma rural. Mejor dicho, el plan como va le da la espalda a los Acuerdos de Paz en lo que se consignó en los puntos 1 y 4 y sólo acoge algunos mecanismos que han tenido algún avance como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes de sustitución que llegaron a contratos familiares de erradicación voluntaria de sembrados de coca.

En lo que se refiere a los PDET se mantiene la orientación de agruparlos en 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) pero la asignación presupuestal aprobada para 2019 no cubre ni el 1% de las iniciativas nuevas identificadas en los planes municipales y nada se dice en las Bases del Plan de los recursos para la implementación hasta el año 2022 en el pequeño grupo de municipios escogidos. Entre los 170 municipios de los PDET se encuentran los que han sido identificados para Planes Municipales Integrales de Desarrollo Alternativo (PISDA) pero aunque se reconoce la desarticulación que han tenido entre ellos, el Plan no le otorga ninguna importancia a introducir rectificaciones que puedan conducir a verdaderos planes regionales de reconversión o recuperación de las economías y de las poblaciones que han sido convocadas para estos ejercicios de planeación y de ejecución de proyectos.

Zonas estratégicas de intervención integral

En lo que toca con los cultivos de uso ilícito, las bases del plan 2018 – 2022, le asigna al Ministerio de Defensa la principal responsabilidad de la erradicación y por ello en las metas del plan no se le da presupuesto alguno al Ministerio de Agricultura para programas alternativos en zonas cocaleras y sólo de manera indirecta y precaria se le dejan tareas a la Agencia de Renovación Territorial (ART).

El Pacto por la legalidad es el marco para las políticas regionales en los territorios que han sido más afectados por la violencia y la pieza clave que se introduce son las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, tal como lo señala el documento de Bases del Plan:

El Gobierno Nacional, a través del Consejo de Seguridad Nacional, determinará las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y establecerá los planes de intervención con una duración mínima de cinco años, a fin de cerrar los espacios geográficos al crimen organizado y crear las condiciones para el control institucional del territorio, buscando con ello la articulación de las entidades del Estado en los niveles estratégico, táctico y operacional. El Gobierno nacional formulará, implementará y evaluará proyectos de sustitución de economías ilícitas por economías lícitas en territorios priorizados, basadas en la articulación de los actores intervinientes, la promoción de la cultura de la legalidad y la legitimidad del Estado [2].

Las Zonas Estratégicas (ZEII) darán las pautas a lo poco que se va a realizar en sustitución siguiendo el lineamiento del Plan según el cual “Para la sustitución de cultivos se deben garantizar condiciones de seguridad y asegurar un adecuado control, seguimiento y verificación de los procesos de erradicación y de la implementación de las opciones lícitas alternativas [3]”.

Las cuentas no cuadran

La única meta sobre cultivos ilícitos o de uso ilícito que figura en las Bases del Plan es la disminución de hectáreas de coca tomando como línea base 171.000 has registradas por UNODC/SIMCI en su monitoreo del 2017. El compromiso con los Estados Unidos es reducir esa cifra a la mitad en 2022 y por lo que ha dicho el Ministro de Defensa el mayor esfuerzo en este terreno se lo están dando a erradicación forzada: en los primeros cien días anunció el ministro Botero que con las brigadas de erradicación de responsabilidad de la Fuerza Pública llegaron a 20.000 has erradicadas.

Siguen por supuesto otras líneas de lucha contra la oferta de cocaína, incluida la incautación, la persecución a las organizaciones del narcotráfico y del lavado de activos, pero el indicador central lo están poniendo en hectáreas erradicadas. Es evidente que no hay respuesta real a las demandas que vienen haciendo los campesinos y comunidades étnicas para inversiones que permitan neutralizar las economías ligadas a la producción de coca o pasta básica de cocaína y ofrecer alternativas legales de transformación regional.

El Alto Consejero para la estabilización, Emilio Archila recibió el balance de los planes de sustitución realizados después de la firma del Acuerdo Final y en los 18 meses iniciales de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Algunos de los datos de ese balance los incluyo en la siguiente tabla que lleva a pensar que, aunque el gobierno de Iván Duque reconoce el tamaño del déficit y la necesidad de reestructurar programas e inversiones, se limita a señalar faltantes, descoordinación entre entidades, ausencia en la formulación de “Planes Municipales Integrales de Sustitución y de planes comunitarios”. El documento “La paz, la estabilización y consolidación son de todos. Política de Iván Duque, Presidente de República, para la Estabilización 2018 – 2022”, publicado en octubre de 2018 responde a los asuntos heredados relativos a la implementación del Acuerdo de Paz en el tema de sustitución de cultivos sin detallar la manera como se piensa cumplir con los contratos ya firmados con las familias cultivadoras de coca o con las que se han quedado esperando que se honren los pactos colectivos.

La discusión del Plan de Desarrollo 2019 – 2022 permitirá aclarar muchos temas sobre la política del actual gobierno en cuanto sustitución y la manera como piensan cumplir los compromisos. Por lo pronto la crítica a los Planes de Acción Inmediata y a su esquema familiar señala dificultades reales de su implementación y la necesidad de integrarlos en planes regionales, pero existe el temor de que a la hora de la verdad los pequeños productores que multitudinariamente han respondido positivamente a los programas del Estado se queden en el peor de los mundos, sin subsidios ni proyectos de corto plazo y sin planes regionales bien financiados y con respuesta a los problemas de acceso a tierras, proyectos productivos e inversiones en bienes colectivos y de infraestructura.

Por lo pronto la redefinición del gobierno, aparte de que su esfuerzo central es la erradicación forzada, apunta a integrar los diversos instrumentos en 16 planes territoriales de conformidad con el organigrama de citado documento del Archila [4]. Los PATR serían la matriz para los PDET y los planes de sustitución. Pero esa orientación no es retomada en las Bases del Plan de Desarrollo y por lo mismo no se tiene asignaciones presupuestales adecuadas.

No hay política de alternativas a los cultivos de uso ilícito

Ni en las Bases de Plan ni en otros documentos se llena el vacío de política para los pequeños productores de coca, marihuana y amapola. Tal como se plasmó en los acuerdos de La Habana, y se ha dicho desde hace décadas, está demostrado que la represión a los pequeños productores no resuelve el problema estructural del narcotráfico y también es lección aprendida que la ruta correcta supone planes regionales con gran inversión social y oportunidades para todos los sectores en condiciones más ventajosas y seguras que las que ofrecen las mafias y carteles del narcotráfico. Se sabe que una política que eluda la reforma rural, el acceso a tierra y a ingresos cae en realidad en estrategias represivas en contra de la gente que termina refugiándose en los negocios ilegales de coca, oro o lo que esté a mano en medio de la incapacidad del Estado de ofrecer alternativas incluyentes.

El camino que está asumiendo el gobierno del presidente Iván Duque en la práctica es de abandono a su suerte a los pequeños productores campesinos y a las comunidades étnicas de las zonas con huella cocalera. El problema no se reduce a las 130.000 familias que están esperando el cumplimiento de pactos colectivos e individuales pues hay que sumar a las 100.000 familias que están en la ruina por haber sido objeto la erradicación forzada en operaciones militares sin planes pos-erradicación.

Como si fuera poco, tampoco hay política para las familias que no están en los grupos antes mencionados y que tienen parcelas con coca en predios campesinos o, en Zonas de Reserva Forestal que en total suman el 36% del área con coca como se muestra en estudio de Indepaz. En total se requiere respuesta para más de 250.000 familias directamente vinculadas al cultivo de coca y otras 200.000 familias de esas mismas regiones que, aunque no tiene cultivo de coca sus ingresos dependen en gran medida de la economía cocalera. No es un problema menor y la única respuesta clara hasta la fecha ha sido la militarización y las promesas de la llegada algún día de proyectos para los pequeños productores o de inversión pública en bienes y servicios.

La estigmatización sigue su curso con un lenguaje que ubica al campesino como narcotraficante y en el Congreso se ha empantanado la ley que debe permitir el tratamiento penal diferenciado que excluya de judicialización al pequeño cultivador. Judicialización por un lado y terror y asesinato es la oferta de cada día en las zonas en donde la población esta sometida por la economía cocalera, la corrupción de agentes estatales y las dictaduras locales de los armados.

Como van las cosas los municipios de la coca en Nariño, Putumayo, Catatumbo, Cauca, Caquetá, Guaviare, para mencionar los que tienen el 85% del total del área cultivada, serán teatro de operaciones bajo el nombre de Zonas Estratégica de Intervención Integral, en otra modalidad de guerra de las drogas con futuro incierto en materia de cultivos y muy cierto en crisis humanitaria.

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[1Departamento Nacional de Planeación – DNP (2018), “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Resumen ejecutivo. Pacto por Colombia pacto por la equidad”, Bogotá.

[2DNP, Op. Cit

[3DNP, Op. Cit

[4Archila E., (octubre 2018), “La paz, la estabilización y consolidación son de todos, Política de Iván Duque, Presidente de República, para la Estabilización 2018 – 2022”.