Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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Desde el ayuntamiento de Barcelona manifiestan preocupación por situación del Catatumbo
Laura Pérez Castaño / Jueves 20 de diciembre de 2018
 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de la histórica relación de cooperación que mantenemos directamente con las autoridades de este país y a través del apoyo a diferentes ONGs de Barcelona que cooperan en Colombia, queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la situación que se vive en los once municipios que conforman la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, Colombia.

Conocemos que, históricamente, el Catatumbo se caracteriza como una de las -regiones con mayor afectación en materia de violaciones de derechos humanos. Los ataques y amenazas contra líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; la persistencia de grupos armados ilegales, paramilitares, el ELN y el EPL, que se disputan el territorio tras la dejación de armas por parte de las FARC-EP; y la falta de cumplimientos sobre los acuerdos de “sustitución de cultivos de hoja de coca concertados con la comunidades, dibujan un mapa alarmante de cara a la implementación de los Acuerdos de Paz y la construcción de la paz en el país.

Esta situación se ha venido fraguando desde la firma hace ahora dos años del ’ Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP, y se ha recrudecido a partir abril del presente año con el inicio de la confrontación armada entre los grupos armados ELN y EPL, que desencadenó una crisis humanitaria que ha afectado a 144.000 personas según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, sea por desplazamientos -solo desde el pasado 1 de noviembre, más de 1000 habitantes del municipio de Hacarí han tenido que abandonar sus hogares-, restricciones a los bienes y servicios, amenazas u homicidios. Uno de los hechos más graves se registró el pasado agosto, cuando 10 civiles fueron asesinados a plena luz del día en el municipio del Tarra. Frente a esta grave situación, la respuesta del gobierno ha venido por la vía militar: en la últimas semanas se ha aumentado el pie de fuerza con el despliegue de 5.000 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido, lo que ha sido acogido con gran preocupación por el conjunto de las organizaciones sociales de la región, que temen un aumento de las violaciones a los derechos humanos y el Derechos Internacional Humanitario.

Otra de las problemáticas que inquietan especialmente a la comunidad es la relativa a los incumplimientos en el punto 4 de los Acuerdos de Paz, sobre la solución al problema de drogas ilícitas. El Catatumbo es una de las regiones con mayor número de hectáreas de hoja de coca cultivadas, en su mayoría por familias campesinas que no disponen de otro recurso de vida. La erradicación forzada sin concertar con las comunidades y la fumigación aérea con glifosato -químico que se ha demostrado altamente nocivo para el medio ambiente, los animales y otros cultivos y la propia salud de las personas- suponen un incumplimiento de lo pactado en La Habana que afecta gravemente a la población civil.

Estas situaciones de riesgo han afectado especialmente el trabajo por la paz de los líderes y lideresas comunitarios, campesinos y campesinas e indígenas Barí. Durante 2018, 10 dirigentes sociales han sido asesinados en la región y decenas han sufrido atentados, amenazas o desplazamientos forzados. Como respuesta desde la sociedad civil, se ha conformado la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación en El Catatumbo, que articula a las principales organizaciones sociales (el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, y representantes de las Juntas de Acción Comunal), como plataforma de protección y autoprotección frente a las amenazas. Recientemente, desde la Comisión se emitía un comunicado ante la situación de especial vulnerabilidad de los integrantes de ASCAMCAT, asociación que ha sufrido el asesinato de 4 de sus miembros sólo en este año -el último caso se produjo este mismo 8 de noviembre en la vereda Miramontes, en Tibú-. Recordamos que ASCAMCAT cuenta con el respaldo y el acompañamiento internacional de ONGD’s internacionales catalanas apoyadas por el Ayuntamiento de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado en reiteradas ocasiones su compromiso con la construcción de la paz en Colombia, debido a los fuertes vínculos que unen a las sociedades catalana y colombiana. Por ello, queremos manifestar: La necesidad de dar cumplimiento a los pactado en el Acuerdo Final de Paz e implementar las medidas previstas, en especial las relativas a la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito de manera concertada con las comunidades. Nuestra preocupación antelas erradicaciones forzadas y el uso de glifosato para las fumigaciones aéreas, que victimiza innecesariamente a la población civil.

El respaldo al imprescindible trabajo por la paz que realizan los líderes y lideresas comunitarios. Instamos a las autoridades colombianas a poner las medidas necesarias para garantizar su seguridad y su vida en el ejercicio de su labor como defensores y defensoras de derechos humanos.

Reiteramos asimismo nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabajan como impulsoras de una paz estable y duradera en Colombia.