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Constancia histórica: agresión a comuneros indefensos en el Cauca
Brutal agresión a comuneros indefensos en Tacueyó, por parte de la guardia indígena del CRIC y demás autoridades indígenas.
 

En el suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, corregimiento de Tacueyó, vereda La Calera, finca El Torne, resguardo indígena de Tacueyó.

Octubre – diciembre de 2006

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, corregimiento de Tacueyó, Vereda La Calera, resguardo indígena de Tacueyó, la guardia indígena desaloja a la fuerza de un predio a humildes familias indígenas.

En el acto de represión contra la comunidad asentada en el lugar, la guardia indígena golpeó a hombres, mujeres, niños y ancianos, quemó casas, golpeó y mató semovientes, dañó sembrados de pancoger y cercas de las parcelas.

Así mismo, la ciudadana indígena Yolanda Cuchillo fue confinada por ocho días a un calabozo, tiempo en el cual no se le permitió ingerir alimentos y se le afectó psicológica y físicamente de forma grave y con sevicia.

10 de enero de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, corregimiento de Tacueyó, vereda La Calera, resguardo indígena de Tacueyó y la finca El Torne. Familias indígenas del cabildo de Tacueyó que fueron desalojados brutalmente por la guardia indígena en el 2006, deciden ocupar la finca El Torne que forma parte del resguardo, como una forma de subsistir dada su precaria situación, pues la liberación de la madre tierra para ellos significa que la tierra debe estar en manos de quien la trabaja directamente.

7 de febrero de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, resguardo de Toribío, se realizó una asamblea, a la cual fueron citados indígenas de la asociación de productores indígenas "Avelino Ul", para hacérseles una serie de cuestionamientos por parte del cabildo, motivado todo esto porque esta asociación se ha solidarizado con las familias que ocupan la finca El Torne.

En dicha asamblea, ante la incapacidad de plantear las diferencias internas entre las comunidades, las autoridades del resguardo y el CRIC [Consejo Regional Indígena del Cauca, nota de Prensa Rural], se asumió por parte del cabildo una actitud nefasta y triste como es la de señalar a la asociación indígena "Avelino Ul" de tener "origen oscuro", aplicando la idea básica del peor de los sectarismos: "Quien no está conmigo está contra mí, quien no está completamente conmigo, también está contra mí". De esta forma ha hecho carrera al interior de las autoridades indígenas de estos resguardos el juicio según el cual "si un comunero nos critica es guerrillero o colaborador de la guerrilla". Haciendo esta clase de señalamientos pretenden concluir la discusión, aniquilando al interlocutor, sin importar que sea su propia sangre.

8 de febrero de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, resguardo Tacueyó, en el marco de una asamblea indígena convocada por las autoridades indígenas del cabildo de Toribío, el CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), es detenido y encalabozado el comunero indígena que llegaba a la asamblea como vocero de las familias ocupantes de las fincas El Torne y La Calera y de la asociación “Avelino Ul” que se ha solidarizado con dichas familias.

La arbitrariedad y el abuso por parte de las autoridades indígenas, amparados en sus usos y costumbres y en un mal entendido indigenismo, está violando preceptos constitucionales de ciudadanos colombianos, ante la mirada permisiva y complaciente del estado, dado que le sirve a sus intereses de dominación. Estos ciudadanos claman solidaridad para reconvenir a sus propias autoridades a que no cometan con ellos delitos ni violen sus derechos pues no por ser indígenas dejan de estar amparados por los derechos fundamentales prescritos por la constitución nacional.

El vocero de las familias que fue encalabozado en horas de la mañana por órdenes de las autoridades tradicionales, para no permitir su participación en la asamblea, fue liberado por la comunidad en horas de la tarde y durante la noche fue perseguido por la guardia indígena desconociéndose la suerte del comunero.

No podemos hacer menos que lamentar estos tristes acontecimientos, y responsabilizar al cabildo de Tacueyó, a la guardia indígena, a la ACIN y al CRIC, de los perjuicios que en su vida e integridad física puedan sufrir este ciudadano y su familia.

En los mismos hechos, la ciudadana indígena Yolanda Cuchillo fue apresada, desvestida y golpeada en presencia de un niño menor de edad, el cual también resulto agredido, por la acción de la guardia indígena.

Así mismo resultó retenido por la guardia indígena el ciudadano indígena Gonzalo Umenza, quien fue brutalmente golpeado y conducido presuntamente por la guardia indígena de Toribío hacia el área de Caloto en el departamento del Cauca.

Finalmente la asamblea, agenciada por las autoridades indígenas, decidió desalojar a los comuneros de los predios El Torne y La Calera.

Dicha acción a realizarse el día 9 de febrero seguirá materializando una lamentable tesis que se viene imponiendo al interior de la burocracia indígena en contra de sus propias comunidades, manipuladas y temerosas: "Quien no está conmigo está contra mí…". Una segura acción de sangre y represión está programada para las 8:00 de la mañana del día viernes 9 de febrero de 2007.

9 de febrero de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Toribío, corregimiento de Tacueyó, resguardo indígena de Tacueyó, finca El Torne. Familias indígenas del cabildo de Tacueyó que no ascienden a 50 personas resistieron durante seis horas la represión de que fueron objeto por parte de cerca de dos mil indígenas que siguen lo orientado por las autoridades tradicionales.

Como resultado trágico, de los atropellos de la guardia indígena, el día de hoy se encuentra un número indeterminado de ciudadanos indígenas heridos, dentro de los cuales se han reportado ocho de gravedad, quienes han sido trasladados a centros asistenciales a través de ambulancias y el ciudadano indígena Fredy Garcés tuvo que ser trasladado en camilla, con múltiples heridas.

En confusos hechos fueron retenidos y conducidos a los calabozos de la guardia indígena, el ciudadano indígena Jesús Eduardo Mestizo Yozando, actual presidente de la asociación indígena "Avelino Ul" del municipio de Toribío, el ciudadano indígena Alban Mestizo y la ciudadana indígena Yolanda Cuchillo. A la hora y fecha se desconoce el paradero y se presume que van a ser puestos a disposición de la justicia ordinaria.

Así mismo fueron detenidos, amordazados y trasladados del predio por la guardia indígena los ciudadanos indígenas Onosencio Pete, Edgar Campo, Nelson Garcés, José Tobías Chaguendo, John Chaguendo, John Jairo Montano y Omar Chaguendo. Los comuneros fueron subidos a la fuerza, cerca de las 4:00 de la tarde, a un bus y tres camionetas, que presuntamente iban en dirección del municipio de Caloto, Cauca, para ser puestos a disposición de la justicia ordinaria en el municipio de Caloto, Cauca.

Posteriormente, la caravana automotriz que conducía a los maltratados comuneros retiene ilegalmente a los ciudadanos indígenas Agustin Cruz y Gerardina Pavi y la menor de dos años de edad (hija de la última) Ana Milena Cruz.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la violación de los derechos humanos en que incurre el estado colombiano por omisión, al permitir que la guardia indígena del cabildo de Tacueyó haga uso desmedido de la fuerza contra indefensos comuneros.

Exigimos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• Su intervención en lo que su mandato le permita, como veedora de que el estado colombiano y las autoridades indígenas cumplan con sus obligaciones constitucionales.

A las autoridades y organizaciones indígenas en el Cauca, Colombia.

• Detener e interceder ante las medidas represivas y el amedrantamiento al que están siendo sometidas las comunidades del municipio de Toribío en el departamento del Cauca.

• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de Toribío en el departamento del Cauca.

• Buscar salidas concertadas y razonables a las dificultades que se afrontan internamente entre sus comunidades y organizaciones, sin perder de vista que ante todo se es pueblo colombiano y latinoamericano.

Al estado colombiano

• No omitir las obligaciones que como estado tiene de garantizar los derechos constitucionales a todos los ciudadanos colombianos.

• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de Toribío en el departamento del Cauca.

A la gobernación del Cauca

• Adelantar las gestiones necesarias con el fin de evitar el uso desmedido de la fuerza contra comuneros y sus familias de los resguardos de Toribío en el departamento del Cauca.

• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de Toribío en el departamento del Cauca.

A la Defensoría del Pueblo

• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de la vida de las comunidades asentadas en el municipio de Toribío en el departamento del Cauca.

• Se haga presencia en la zona conformando una comisión de verificación constatando los excesos en el uso de la fuerza y las agresiones a derechos constitucionales por parte de las autoridades indígenas, con el fin de detener estas agresiones a derechos fundamentales de los comuneros.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano y de las autoridades indígenas se apeguen a las normas internas y externas que se han comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y populares a mantenerse atentos ante la crítica situación que está afrontando el departamento del Cauca.


Instituciones a donde se deben dirigir:

Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de la República,
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá,
Fax. 5662071,
auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos,
Vicepresidente de la República,
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.,
fsantos@presidencia.gov.co

Juan Manuel Santos,
Ministro de la Defensa,
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Bogotá D.C.,
siden@mindefensa.gov.co,
infprotocol@mindefensa.gov.co,
mdn@cable.net.co

Carlos Holguín Sardi,
Ministro del Interior y de Justicia,
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Bogotá D.C.,
Fax. 2221874,
ministro@minjusticia.gov.co

Mario Iguarán,
Fiscal General de la Nación,
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.,
Fax. 570 20 00,
contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co

Wolmar Antonio Pérez Ortiz,
Defensor del Pueblo,
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.,
Fax. 640 04 91,
defensoria@defensoria.org.co,
secretaria_privada@hotmail.com

Edgardo José Maya Villazón,
Procurador General de la Nación,
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.,
anticorrupción@presidencia.gov.co,
reygon@procuraduría.gov.co

Carlos Franco,
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario,
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.,
Fax. 337 46 67,
cefranco@presidencia.gov.co,
fibarra@presidencia.gov.co

Nota: favor remitir al correo redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es los oficios y gestiones que adelanten a partir de esta información.