Luís Fernando Henao, un joven discapacitado residente en el municipio de Itagüí y quien desde 2006 libraba una batalla jurídica con la Administración Municipal reclamando la adecuación de un puente para mejorar su movilidad, fue asesinado este jueves 28 de mayo en su propia vivienda tras soportar sendas amenazas de muerte derivadas de su petición.

Según informaciones preliminares suministradas por el comando de Policía de este municipio del sur del Valle de Aburrá, dos hombres armados ingresaron hacia el mediodía a la vivienda de Luís Fernando, ubicada en el barrio El Rosario, y tras sostener un breve diálogo con él, le propinaron varios impactos con arma de fuego, acabando instantáneamente con su vida.

Hasta el momento las autoridades desconocen los autores materiales del hecho y lo atribuyen a viejas rencillas personales del joven discapacitado. Sin embargo, familiares y amigos cercanos sostienen otra versión. “Lo mataron porque siguió reclamándole a la Administración algo que era más que justo”, sostuvo Natalia Montoya, amiga de Luís Fernando.

El 28 de abril de este año, la Agencia de Prensa IPC había denunciado las amenazas de muerte de las que fue objeto el joven luego de instaurar varios derechos de petición y acciones de tutela contra la Alcaldía de Itagüí y la Personería Municipal. A través de estas acciones legales, radicadas en octubre de 2008, Luís Fernando reclamaba la adecuación de un puente ubicado sobre la quebrada La Tablaza, contigua a su vivienda, a fin de mejorar su movilidad.

Para salir de su residencia, el joven, que se movilizaba en silla de ruedas desde hacía ya siete años, debía subir con ayuda de terceras personas 15 pequeños escalones y atravesar una estrecha rampa. Como consecuencia de esta situación, Luís Fernando sufrió varios accidentes, restringió al máximo sus salidas, lo que derivó en la pérdida de importantes oportunidades laborales y de formación académica, afectando de paso su calidad de vida.

Precisamente ese sentimiento de “encierro” fue lo que lo motivó, en febrero de 2006, a dirigirle una carta al entonces alcalde de Itagüí, Carlos Arturo Betancur, exponiéndole su caso y solicitándole la ya mencionada adecuación del puente. Al no recibir respuesta alguna, insistió con una nueva misiva en diciembre del mismo año y otras más en el primer semestre de 2007.

Su persistencia se vio recompensada en agosto de 2007 con la construcción de un muro de contención que facilitaría el resto de las obras, pero éstas quedaron inconclusas. A finales de ese mismo año, se dirigió a la Personería municipal para exigir la finalización de las adecuaciones, recibiendo una negativa como respuesta y una escueta explicación: “La administración del alcalde Betancur ya estaba para finalizar”.

Pero el hecho más extraño sucedió cuando salió de las instalaciones de dicha dependencia. Dos hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron y uno de ellos le dijo que “dejara de joder contra el Municipio, que lo mejor era que se quedara callado”.

Días después de este incidente, Luís Fernando comenzó a recibir llamadas telefónicas realizadas por desconocidos que le insistían en que se quedara “quieto” y “dejara de molestar al Municipio”. Las intimidaciones hicieron su efecto y decidió no volver a promover ninguna acción legal contra la Alcaldía de Itagüí, hasta octubre de 2008, cuando apeló a los mecanismos constitucionales.

Coincidencialmente, mientras más fuertes eran sus reclamos, más subía el tono de las amenazas. Tres semanas antes de concederle la entrevista a la Agencia de Prensa IPC, Luís Fernando fue víctima de fuertes intimidaciones.

“Hace 25 días recibí nuevas llamadas de amenazas. Insistieron en que me quedara quieto, que si ya no había logrado nada, entonces que dejara de joder”, narró en aquel momento y agregó: “Días después iba rodando a una cita odontológica a la Clínica del Sur cuando en una calle se me atravesó una camioneta, se bajó un tipo y me recriminó, que si yo no escuchaba consejos, que me quedara quieto, si no ya sabía qué me iba a pasar”.

Esa amenaza, en plena calle y a la luz pública, se complementó con otra, vía telefónica: “Me volvieron a llamar y me dijeron que ellos conocían a mi niña y dónde vivía. Eso me alarmó. Tengo una hija de 9 años que vive con la mamá. Eso me asustó mucho y por recomendación de una amiga denuncié todo esto ante la Fiscalía de Envigado”.

Las intimidaciones lo llevaron a encerrarse en su casa durante ocho días, lleno de impotencia y miedo. El viernes 17 de abril lo llamaron de nuevo y le dijeron que “así lo querían ver: quieto y tranquilo”.

Pero el encierro no le duró mucho y decidido a resolver su problema acudió a la Procuraduría General de la Nación a exponer su caso. Allí lo remitieron al consultorio jurídico de la Universidad Autónoma Latinoamericana. La abogada que lo atendió le recomendó que acudiera a la prensa y expusiera su caso.

“Pero eso no detuvo las amenazas, por el contrario, se volvieron más fuertes y le decían que se atuviera a las consecuencias”, comentó Natalia Montoya, quien no oculta su consternación por el hecho.

“Debido a esas amenazas, decidió quedarse unos días en la casa, encerrado, pero no aguantó y volvió a salir; de hecho, seguía llamando a la Personería y a la Alcaldía y siempre le daban la misma respuesta: que el doctor está ocupado”, añadió la joven.

Lo que más entristece a Natalia es que la vida de Luís Fernando fue truncada en momentos en que más vitalidad mostraba. “La semana pasada había comenzado un curso de capacitación en tala y madera en Nola Montoya, un centro de atención a discapacitados con sede en Itagüí y estaba muy animado”, agrega la amiga del joven, quien por ahora quiere recordarlo con su frase más pronunciada: “voy a ser el primer discapacitado que le gane a las injusticias”.