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Comunicado a la opinión pública

Durante el año 2018 el programa de prevención, protección y seguridad del nororiente colombiano ha identificado las diferentes conflictividades territoriales a partir de la firma del Acuerdo de Paz, situación que pone en grave riesgos inminentes a los defensores y defensora de los derechos humanos y ha instado a las instituciones del Estado de cumplir con sus responsabilidades en materia de prevención, protección, seguridad y garantías a líderes y comunidades que ejercen una labor de defensa y permanencia en el territorio con el apoyo y acompañamiento de los organismos internacionales. En virtud a nuestro compromiso, hemos puesto en conocimiento de manera reiterada el siguiente contexto sobre la región nororiente, específicamente con el Bajo Cauca y Sur de Bolívar:

Bajo Cauca - Municipio El Bagre

La población de El Bagre se encuentra sometida por el miedo y la zozobra desde hace más de cinco años, con ocasión a la presencia de estructuras paramilitares heredadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuya actuación continuó en la zona, bajo otros nombres conocidas como ACG (Autodefensas Gaitanistas) o “Clan del Golfo”. Este control territorial lo han ejercido a sangre y fuego desde el Norte de Antioquia (Caucasia) hasta el Bajo Cauca (El Bagre), sometiendo a la población so pena de muerte o desplazamiento forzado. En abierta confrontación militar con el Clan del Golfo al que declararon públicamente como su enemigo, el grupo paramilitar conocido como “Caparrapos”, también autodenominado Frente Virgilio Peralta, ingresó a la zona controlando el corredor que otrora estaba bajo el dominio del Frente del Nordeste y Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar (BCB), comandado en ese entonces por alias “Macaco” y “Cuco Vanoy”.

Según información de la Defensoría del Pueblo, todos los grupos heredados del paramilitarismo en esta zona, a saber, el “Clan del Golfo”, los “Caparrapos” y “Paisas”, actuaban bajo el mismo nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero cada uno fue adquiriendo independencia, cuyas consecuencias en la actualidad se reflejan no solo en la disputa por el dominio del territorio y las economías asociadas al narcotráfico, entre otras, sino en la angustia y padecimiento de la población sometida permanentemente a la vulneración de sus derechos a la vida, integridad y libertad.

Un tercer actor armado en la zona es el ELN, que ha venido avanzando y expandiéndose en el territorio específicamente en el corregimiento de Puerto López, una vez las FARC abandonó la zona tras el Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno Nacional en el 2016. La guerrilla del ELN ha entrado en disputa con los paramilitares cuyas acciones se concretaron en combates en El Bagre, situación que es permanente desde el año 2016, según comunidades campesinas y Defensoría del Pueblo. Evidencia de la grave crisis humanitaria de los pobladores de esta zona, son los casos de desplazamiento forzado masivo que se han registrado en el presente año; asesinatos de civiles, atentados, amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones y comunidades campesinas, denunciados reiteradamente y advertidos por los más de tres Informes de Riesgo de la Defensoría del Pueblo sobre la situación del Bajo Cauca y recientemente denunciados por los organismos internacionales como la ONU.

Señalamos como casos específicos, hechos ocurridos en el pasado mes de septiembre en la cabecera municipal se presentaron combates entre los Caparrapos y el Clan del Golfo resultando herido un agente de policía cuando intervino para controlar la situación, y generando pánico en la población y desplazamiento intra urbano de los habitantes del sector. De igual forma en el pasado mes de octubre, producto de combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en los cuales resultaron abatidos cuatro paramilitares, hubo desplazamiento de la comunidad que habita la vereda El Real, localizada al norte de El Bagre.

La cifra de desplazamiento forzado en el último trimestre en El Bagre asciende a mas de 85 familias, aproximadamente 80 personas asesinadas según lo han reportado tanto autoridades del municipio como la Personería Municipal, motivo por el cual se ha incrementado el número de hombres de la Fuerza Pública en la zona tanto de policía como de ejército, de acuerdo a lo señalado por el ministerio de Defensa y la Policía de Antioquia.

En síntesis, se trata de un escenario de hostilidad que agudizan los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos quienes reivindican sus derechos y “contribuyen con la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz”, como lo señaló la Alerta Temprana 038-18 del pasado 25 de noviembre emitida por la Defensoría del Pueblo.

Municipios de San Pablo, Simití (sur de Bolívar) y Yondó (Antioquia)

El sur de Bolívar, posterior a los acuerdos finales de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016, se ha venido presentando una disputa del territorio entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, situación que ha permanecido desde entonces hasta la actualidad. Esta situación fue reportada desde junio del 2017 en una Nota de Seguimiento de la Defensoría del Pueblo mediante la cual advertía sobre las condiciones de riesgo en los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur.

La implementación de los Acuerdos de Paz relacionado con el punto de cultivos ilícitos, ha desatado en la zona amenaza contra líderes campesinos que han expresado su respaldo a los acuerdos y la erradicación manual de la coca, fuente de financiación de los grupos ilegales en disputa, así como lo es la explotación aurífera.

El portal de noticias sobre conflicto armado Verdadabierta.com, señaló en su artículo de junio de 2018, que “entre enero y mayo de 2018 fueron asesinados Víctor Manuel Morato, Nixxon Mutis y Félix Castañeda, en los municipios de Cantagallo y Yondó. Algunos de ellos participaban en espacios comunitarios en la defensa de la protección de las ciénagas y la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito”, proyectos de la Reforma Rural Integral asociado a los PDET, parte de los Acuerdos de Paz.

Las expresiones de violencia generadas por la presencia de estos grupos ilegales, han conllevado a que las comunidades de los municipios del sur de Bolívar mantengan constante temor, pues los asesinatos y amenazas se han venido incrementando con el paso de los días, como se ha evidenciado en los hechos anteriormente denunciados. Según el Observatorio Regional (OPI), entre enero y mayo del 2018, 16 personas han sido víctimas de homicidio selectivo, casos en su mayoría ocurridos en San Pablo y Simití.

Durante el transcurso del año, diferentes organizaciones sociales han denunciado ante las autoridades locales y nacionales, la conformación de nuevos grupos herederos del paramilitarismo que responden a diversos nombres, a saber: “Los Acuamanes”, “Los Piquiñas”, “Los Españas”, con presencia significativa en municipios como Yondó, Simití y en el casco urbano de San Pablo.
Pese a que hemos realizado análisis situacionales de la zona y advertido sobre los riesgos que rodean la labor de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, vemos con preocupación la persistencia de la vulneración de los derechos a la vida, integridad y libertad, con ocasión a la ocurrencia de los siguientes hechos ocurridos en el periodo del 22 al 28 de diciembre:

Hechos en El Bagre (bajo Cauca)

En el casco urbano del municipio de El Bagre, en el puente La Libertad vía que conecta con Caucasia (Antioquia), fue hallada una bolsa que contenía la cabeza decapitada de un hombre al parecer arrojada por individuos que se movilizaban en motocicleta, y quien, según fuentes no oficiales, correspondía a Didier de Jesús C.R.; sin embargo no se ha confirmado su identidad por las autoridades correspondientes y se desconocen hasta el momento otros aspectos relacionados con la víctima.

Días previos a este macabro hecho, la población ha denunciado que fue distribuido en el casco urbano del municipio, un panfleto con el rótulo del grupo criminal “Los Caparrapos” en el cual anuncian su presencia en el municipio de El Bagre con el objetivo de realizar “limpieza social” así como muerte y desplazamiento a los supuestos “colaboradores del Clan del Golfo”, según se lee (ver anexo).

En el panfleto en mención, de igual forma los Caparrapos hacen referencia a los hechos ocurridos en una reconocida discoteca durante la noche del 24 de diciembre de los corrientes en los cuales arrojaron una granada dejando como resultado 25 heridos, bajo la advertencia de que “no hicieron caso” refiriéndose a las personas que supuestamente se encontraban en el sitio celebrando con los del Clan. En efecto, según hechos públicamente conocidos, una granada fue activada en el interior del establecimiento nocturno arrojando el número de víctimas mencionado, cuya responsabilidad se la atribuyeron los mismos Caparrapos.

Hechos en Yondó, San Pablo y Simití (sur de Bolívar)

El 22 de diciembre, desapareció el líder social y político del municipio de Yondó Sr. Cesar Enrique Gamarra Castro, y fue hallado muerto con signos de tortura el 24 de diciembre en el río Magdalena. Las autoridades reportaron el hecho a la opinión pública como un suicidio; sin embargo, esta información ha sido desmentida por los familiares de la víctima en virtud a las señales en su cuerpo que indican que pudo ser torturado, posteriormente asesinado y su cuerpo arrojado al río Magdalena.

El Sr. Cesar Gamarra Castro ha sido un reconocido líder social de Yondó durante más de 15 años, tiempo durante el cual fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda X-10 y posteriormente concejal del municipio desde el 2012 hasta el 2016.

En la actualidad desempeñaba un rol importante como líder en los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) en uno de los núcleos de la vereda X-10, proceso asociado a Reforma Rural Integral que se implementa en los municipios de la zona y mediante el cual se debe articular al Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La población ha denunciado en repetidas ocasiones presencia de personas armadas integrantes de grupos paramilitares que continúan haciendo presencia en la zona, caso concreto donde fue hallado el cuerpo del ex concejal.

El día 28 de diciembre, en horas del mediodía, el Sr. Arnold Vergel Díaz, candidato a la Alcaldía de Simití (Bolívar), líder de ASAMISUR y defensor de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida por parte de dos sujetos que se movilizaban en moto, hechos que sucedieron a tres kilómetros de la Ye de Monterrey.

Las comunidades han denunciado desde inicios del presente año, presencia de grupos armados y de personas sospechosas en los sectores de Los Aceitunos, La Ye de San Luis, Las Ahuyamas, Santo Domingo hasta Cueva de Sapo, según lo ha reportado un medio de comunicación local.

También es conocido públicamente que esta región fue controlada por grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar durante toda la década del 2000 hasta el 2010, bajo el mando de alias Julián Bolívar, cuyas bases fueron Monterrey y San Blas. Posteriormente, grupos armados herederos como Rastrojos y Urabeños, hicieron su aparición y continuaron controlando los corredores del narcotráfico en la zona señalada.

Los hechos anteriores advierten la inminencia de riesgo que se presenta en la vía que conduce de Simití a San Pablo, contra pobladores y comunidades de la zona, así como líderes sociales y políticos de estos municipios quienes, en virtud a sus roles y actividades, deben movilizarse permanentemente por las vías que comunican estos municipios.

Peticiones y exigibilidad de derechos

A las autoridades militares y de policía para que tomen las medidas correspondientes sobre la grave situación de orden público que han generado los actores armados en disputa por el territorio, priorizando y protegiendo a la población civil que en medio del fuego cruzado sufre las consecuencias de los enfrentamientos armados. Es indispensable y urgente que se apliquen las normas básicas del DIH sobre protecciones a las comunidades y sus lugares y bienes usados para el desarrollo de actividades educativas, de trabajo y encuentro comunitario, entre otras; de tal forma que se eviten desplazamientos individuales y masivos y se rompa el tejido social y familiar de las zonas en disputa militar.

A las autoridades civiles del orden nacional, regional y local para que reconozcan la sistematicidad de asesinatos, amenazas y riesgos sobre la vida, integridad y libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos y se inicie con urgencia la aplicación de las rutas y protocolos de prevención, protección y seguridad a las comunidades en los territorios urbanos y rurales donde existen riesgos inminentes de vulneración de sus derechos, así como los de sus líderes sociales.

Al gobierno nacional para que exprese su voluntad y compromiso en el cumplimiento de lo acordado relacionado con medidas, entre las que se destacan “aquellas dirigidas a enfrentar a las organizaciones criminales pos desmovilización paramilitar, medidas de protección a nivel individual y colectivo, y generación de cambios sustanciales que permitan un adecuado proceso de transición en seguridad y salvaguardar el monopolio de la seguridad en cabeza del Estado”, como se desprende en las conclusiones emitidas por el Comité de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz.

Pedimos a las organizaciones internacionales que realizan veeduría, monitoreo y seguimiento a la situación de vulneración de los derechos humanos en Colombia y particularmente en el Sur de Bolívar, para que junto con las entidades del Ministerio Público, desarrollen misiones de verificación y acompañamiento a las comunidades y a sus líderes sociales que se encuentran bajo amenaza permanente, así como que insten al Estado para que cumplan con sus compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz en materia de prevención y protección a comunidades y defensores de derechos humanos y se ponga en marcha con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías en el Bajo Cauca.

Pedimos a las demás organizaciones sociales y campesinas, sindicales, estudiantiles y al movimiento social en general mantener su solidaridad hacia esta región, acompañando a los organismos internacionales de verificación y manteniendo la fuerza y unidad necesarias para continuar con la denuncia y participación en los mecanismos de prevención y protección de líderes y comunidades.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra -ACVC-RAN
Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT-
Centro de estudios Para la Paz –CESPAZ-
Asociación de Hermandades y Agroecologicas de Guamogo –AHERAMIGUA-