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El Quindío en su territorialidad rural: Narcocultura (Parte II)
Jhon Jairo Salinas / Viernes 11 de enero de 2019
 
Hotel Las Heliconias, Quimbaya, Quindio (Extinción de dominio)

Tenemos que decir que la pobreza en el campo quindiano es muy alta, pues el 19,5% por ciento de la población rural ronda los linderos de la pobreza, situación que se agrava por la carencia de oportunidades para los jóvenes que carecen de las oportunidades y posibilidades necesarias para elevar su nivel educativo y cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que alertar sobre fenómenos que se ciernen como una espada de Damocles sobre los quindianos.

Nos referimos al proyecto nacional de la locomotora minera que afectará la totalidad del departamento, la explotación irracional de árboles maderables como el pino, el eucalipto, el ciprés y otros para la misma actividad que en total suman 6239 hectáreas, lo que ha ocasionado un enorme daño ambiental al territorio quindiano. A la vez, el fenómeno del narcotráfico amenaza a las comunidades cordilleranas que fue reseñado por la revista Semana y que resumimos a continuación: “un informe de las denuncias que las víctimas narraron a defensores de derechos humanos en esa zona del país. Detallaron asesinatos, extorsiones, amenazas y desplazamientos que vienen ocurriendo desde hace un par de años en tres municipios cordilleranos de Quindío (Génova, Córdoba y con más fuerza en Pijao).

“Mientras el gobierno pasado de Santos y sus generales negaron la existencia de los paramilitares, estos y sus patrocinadores aprovecharon esta gran mentira para desplegar nuevamente sus comandos en varias regiones colombianas (…)”, asegura el articulista.

Hay cifras que coinciden con el informe. Sólo en el 2015 hubo ocho asesinatos en Pijao, que lo ubicaron con una tasa de 125 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el departamento. Ese mismo año 55 familias fueron desplazadas y en el 2013 las casas de cuatro fincas fueron quemadas. Mientras en Génova y Córdoba, los homicidios bajaron.

Las denuncias, algunas de ellas en poder de esta revista Semana, fueron recibidas a mediados del año 2016 y cuentan en detalle episodios que recuerdan épocas oscuras de la guerra entre guerrilla y paramilitares: “A las 6:00 p. m. llegaron unos hombres armados, según ellos mismos dijeron que pertenecían al Frente 50 de las FARC, a la casa y nos hicieron varias preguntas, luego se lo llevaron a él (esposo) para un camino y estando allá yo oí desde la casa tres disparos como de fusil. (…) causándole la muerte”, relató la viuda.

Como si eso no fuera suficiente, desde diciembre 2016 el entonces personero de Pijao, Albert Quintero, quien hizo las alertas por esas denuncias, también fue amenazado y desplazado. Ese año entregó su cargo despachando desde Armenia, la capital de Quindío, mientras rogaba porque le asignaran un esquema de protección que llevaba meses pidiendo.

Más grave es que todo eso estaba documentado desde hace un par de años en las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo de Quindío. En esos informes no sólo se detallan las afectaciones a los campesinos, sino que se hace un descarnado análisis del origen del problema asociado al microtráfico y el delinquir de oficinas de cobro como Los Patos y Los Flacos del norte del Valle y La Cordillera, de Pereira, Risaralda. En resumen, una puja por el poder entre Rastrojos y Urabeños.