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Solidaridad con las víctimas del atentado y los defensores de derechos humanos asesinados este año
 

El 2019 inicia con un incremento de la violencia sociopolítica en todo el país, factor que evidencia la continuidad del conflicto armado y las acciones criminales contra la paz. Hasta el 17 de enero del presente año, nueve son las defensoras y defensores de derechos humanos asesinados; así como también ventiuno son las víctimas fatales y más de sesenta y cuatro los heridos que se reportan del atentado que se perpetró en la mañana de este jueves en las instalaciones de la Escuela de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, ubicada en la capital de la República, que deja tras de sí mucho dolor y sufrimiento en los hogares colombianos.

Estos hechos criminales son consecuencia de la falta de garantías y respeto a los derechos dumanos que por acción o por omisión no brinda el Estado Colombiano. Basta con observar que en todo el territorio nacional hacen presencia estructuras criminales y fascistas que están en contra de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las FARC-EP, así como de la reanudación de los diálogos con el ELN y el ejercicio legítimo que hacen las comunidades y organizaciones de la sociedad civil de la protesta social como derecho fundamental.

Todo lo anterior, coincide con las jornadas nacionales de protesta en las que se exige la renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez por corrupción y falta de investigación a políticos y funcionarios del nivel central involucrados en el escandalo más grande de los últimos tiempos denominado el caso Odebrecht. Además, coincide también con la reanudación de la protesta de los estudiantes universitarios que retoman las marchas en todo el país por la educación pública de calidad. El atentado acaecido en la Escuela de Policía General Santander pone en tela de juicio la seguridad nacional y la inteligencia militar. Mientras que la derecha colombiana en cabeza del presidente Iván Duque se presenta fortalecida como consecuencia de este hecho lamentable, toda vez que tiene la oportunidad de ordenar e implementar medidas de seguridad que le permitirá continuar y agudizar la persecución y judicialización contra opositores políticos, líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional.

Recordar que es el Estado Colombiano el que tiene el deber de esclarecer las acciones criminales, investigar, juzgar y condenar a los responsables tanto del atentado en la escuela de policía, como de los asesinatos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y tiene también el deber de depurar la rama judicial de la corrupción y pedirle la renuncia formal al Fiscal General de la Nación y a todos los fiscales, jueces y demás funcionarios involucrados. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS condena y repudia todas las acciones violentas y criminales que a diario enlutan los hogares y ponen en peligro la vida de cada uno de los colombianos y colombianas. Nos solidarizamos con todas las familias de las víctimas del atentado contra la Escuela de Policía General Santander y con las familias de los Defensores y Defensoras de derechos humanos asesinados impunemente.

Exigimos un compromiso y voluntad política real del Estado y el Gobierno Nacional con la Paz y los derechos humanos, la implementación de los acuerdos, los diálogos con el ELN, la desarticulación del paramilitarismo y transparencia en la justicia para dar con los autores materiales e intelectuales de toda esta violencia política que enluta la sociedad colombiana y corrompe la institucionalidad en todos los niveles.

Exigimos al Ejército de Liberación Nacional cesar las acciones contra la población civil, respeto al derecho internacional humanitario y voluntad política para mantener los diálogos de paz con el gobierno nacional y avanzar en la terminación del conflicto armado.