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Medidas del Gobierno Nacional y la UNP incumplen acuerdos de paz y violan derechos de los trabajadores
Memoria Viva / Martes 12 de febrero de 2019
 

Las medidas adoptadas por el gobierno nacional en cabeza del Presidente y la dirección de la Unidad Nacional de Protección en cabeza del señor Pablo Elías González, que violan los derechos de los trabajadores e incumplen los acuerdos de paz de La Habana, despiertan gran preocupación.

Estas medidas son:

  1. El desmonte de las armas de apoyo (fusiles) en los esquemas que claramente han sido catalogados como de alto riesgo por las condiciones del área, la población objeto y el perfil de los protegidos; estas armas, según comunicación de la Unidad Nacional de Protección, debían ser entregadas a más tardar el día 11 de febrero.
  2. La limitación en el reconocimiento de viáticos a los funcionarios (8 días al mes sin prórroga); el desconocimiento de los mismos cuando son desplazamientos por mantenimiento de vehículos; y más grave aún la exigencia que se le hace a los agentes escoltas de anexar los documentos que comprueben las “reuniones, foros, simposios que den cuenta que la comisión se realiza en virtud de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales y humanitarias o en razón del cargo del protegido”, anexando además que sino “existieran este tipo de documentos se deberá especificar claramente las actividades a realizar dentro de la comisión”, todo esto justificados en la directriz de austeridad del gobierno Duque.

Estas decisiones violan, a todas luces, los derechos laborales de nuestros afiliados y trabajadores en general de la Subdirección Especializada, limitan la movilidad de los beneficiarios, restringe el ejercicio de la política de los mismos y pone en riesgo la vida de los funcionarios y beneficiarios. Pero más grave aún es la exigencia que se hace por parte de la Unidad Nacional de Protección de servir de organismo de inteligencia, informando específicamente las actividades realizadas por los beneficiarios.

Exigimos al gobierno nacional cese en su estrategia de incumplimiento del acuerdo de paz, de debilitamiento del programa de protección especializado y asfixia de la Subdirección Especializada.

Exigimos al gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección que estas medidas sean suspendidas de inmediato y se garantice así los derechos de nuestros trabajadores, el ejercicio de la política de la población objeto FARC y su derecho fundamental a la vida.

Alertamos a la Organización de Naciones Unidas, a los países garantes Noruega y Cuba, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Trabajo, sobre esta situación que pone en riesgo extremo a los trabajadores de la Subdirección Especializada, a la población objeto FARC y viola abiertamente los acuerdos firmados en La Habana.

¡Por trabajo digno y la defensa del acuerdo de paz!