Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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ELN y Ejército violan derechos humanos de comunidades del Nordeste Antioqueño
Damos a conocer la denuncia construida por líderes comunitarios del nordeste antioqueño, a raíz del asesinato del líder minero Alberto Jiménez, a manos del ELN.
/ Martes 19 de febrero de 2019
 

Las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño, del municipio de Remedios y Segovia, departamento de Antioquia, las organizaciones sociales y el partido político FARC de esta región, expresamos inicialmente nuestro dolor por el asesinato de nuestro compañero, amigo y líder minero, Jaime Alberto Jiménez Fernández, habitante de la vereda Panamá 9 en manos de la insurgencia del ELN, además de la violación de derechos humanos que se han venido presentando por parte de las Fuerzas Militares y atropellos a la comunidad de esta región en general, de este modo exponemos nuestro rechazo a todas estas violaciones de DD.HH, sociales y económicos de los campesinos y campesinas de este territorio como resultado del abandono estatal que aún vivimos.

Como habitantes de este territorio, declaramos que somos mineros desde la cuna, pero existe una problemática latente en esta región que nos pone en el medio del conflicto armado, además que las luchas de nuestras comunidades siempre han buscado la formalización de la minería y la tenencia de la tierra, que siempre hemos estado comprometidas con el avance del proceso de paz y que lo que más necesitamos como campesinos organizados en JAC y Organizaciones Sociales, no es la militarización del territorio, sino la garantía de los DD.HH, sociales, económicos y culturales, y la permanencia en la región.

Desde hace muchos años la violencia en esta región es histórica y como comunidades creíamos que íbamos a descansar de la guerra con el desarme de las FARC y como campesinos aspirábamos que con la dejación de las armas se iba consolidando la paz, hoy miramos con preocupación la crisis del proceso de paz a raíz de los incumplimientos del gobierno en la implementación de los acuerdos.

En esta región somos en promedio más de cinco mil personas que estamos aquí y vivimos de la minería y la agricultura, pero en estos momentos nos vemos amenazados de diferentes fuerzas armadas, tanto legales como ilegales y el fortalecimiento del paramilitarismo que nos están obligando a salir desplazados de esta región.

Las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño del municipio de Remedios y Segovia, las organizaciones sociales y el Partido Político FARC de esta región nos pronunciamos ante la problemática que estamos viviendo en este momento, y exigimos al Gobierno Nacional que nos brinde solución a dichas problemáticas, las cuales son:

Problemática de minería ya que el gobierno ha legislado, pero no para los sectores más pobres, sino para las grandes multinacionales extranjeras, dejándonos por fuera a los campesinos que siempre hemos vivido de esta economía y nuevamente nos lanza al abandono estatal, el incumplimiento al proceso de paz con las FARC, la problemática social y económica, la falta de la tenencia de la tierra por encontrarnos en un territorio aún en ley 2da de 1959, problemática de seguridad de la región como la confrontación armada entre la insurgencia del ELN, el paramilitarismo y las Fuerzas Militares, lo cual nos deja en medio de la guerra a la población civil y somos quienes nos vemos más afectados ante este problema horripilante.

Dejamos en claro al Gobierno Nacional que como campesinos, excombatientes de las FARC, organizaciones sociales y población civil que somos, no tenemos nada que ver en esta guerra en la que siempre somos la población más vulnerada y abandonada, y los que ponemos siempre los muertos por una lucha que para nada nos favorece y una vez más nos vemos en el abandono estatal.

Solicitamos también al Gobierno Nacional que el ETCR Juan Carlos Castañeda sea declarado como una universidad campesina donde podamos tener un espacio educativo para el campesinado del corregimiento de Carrizal y sus veredas.

Como campesinos y campesinas siempre hemos estado en resistencia en este territorio y esto es lo que nos ha mantenido en la región, pero exigimos ya, que cese la violencia en nuestro territorio porque estamos cansados de esta y queremos que nuestros hijos e hijas vivan en una región de paz.

Hacemos también un llamado a todos los actores armados para que identifique quiénes son los que realmente están directamente implicados en el conflicto y quiénes no tenemos nada que ver en dicha guerra, además que se respeten los DD.HH y el DIH.

Las comunidades exigimos que se reanuden los diálogos con el ELN y que se haga un cese al fuego bilateral.

Esperamos que el Gobierno Local, Departamental y Nacional nos escuche y nos brinde solución a esta problemática.

Las comunidades que nos recogemos en este documento y que pertenecemos al bloque de JAC del corregimiento de Carrizal son: La Cristalina, Cañaveral de Chicamoqué, Mulato, Tamar Alto, Panamá 9, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Lejanías, Ojos Claros, El Piñal.

Las organizaciones sociales que nos recogemos para apoyar este pronunciamiento son: ACVC-RAN, CAHUCOPANA, CIANA, Partido Político FARC, Comunidad Indígena Embera Chamí del Mosquito.

Denuncia construida en la vereda Panamá 9, a los 17 días, del mes de Febrero de 2019.