Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Opinión
Nombramientos nada positivos
Un informe de la organización Human Rights Watch alertó sobre los vínculos de la nueva cúpula del Ejército colombiano, nombrada por el presidente Iván Duque, con ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos.
Yohir Akerman / Domingo 3 de marzo de 2019
 
General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Foto Colprensa

En el constante flujo de escándalos de la política colombiana, esta semana salió a la luz pública un tema grave que requiere mayor profundización y sobre todo mayor claridad en las explicaciones del Gobierno.

Un informe de la organización Human Rights Watch alertó sobre los vínculos de la nueva cúpula del Ejército colombiano, nombrada por el presidente Iván Duque, con ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos.

El reporte demuestra que el Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos cruciales del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias sólidas que los implicarían en falsos positivos.

Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación indaga sobre ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.

Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Décima Tercera Brigada.

Nada más ni nada menos.

Todos ellos son generales y personas de mucha confianza del ministro de Defensa, el presidente Duque y, sorpresa, sorpresa, del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El ascenso de muchos de estos militares cuestionados al rango de general fue aprobado el 20 de noviembre de 2014, en una sesión de la Comisión Segunda del Senado, con un precario quórum y en menos de una hora. A los totazos. Pese a que una de las ponentes de los ascensos, la senadora Thania Vega, defendió la idoneidad de los oficiales y dijo que esa promoción de generales tenía “unas hojas de vida intachables”, la verdad es muy distinta.

En ese momento sólo uno se opuso a los ascensos, y fue el senador Iván Cepeda, del Polo, que denunció que no le dejaron conocer hojas de vida de los oficiales y reveló que al menos cinco de los 34 generales que aspiraban al ascenso estaban vinculados con falsos positivos.

Pero la cosa se complica aún más.

Hasta este momento la JEP ha interrogado a 55 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales. Las versiones han sido recibidas en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas y se han acreditado a 162 víctimas que buscaron a la entidad por estos hechos.

La JEP está indagando en los equipos que coinciden con las unidades que comandaron los actuales comandantes del Ejército, lo cual va a generar importantes resultados.

Dos de los generales mencionados por HRW de estar involucrados en "falsos positivos", el general Diego Luis Villegas y el general Miguel Eduardo David Bastidas, ya comparecieron ante la JEP, aunque dijeron que "no aceptaban culpabilidad de ninguna clase”, eso seguramente va a cambiar después de las evidencias presentadas por HRW.

Unos casos en particular son bastante interesantes.

El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005. La JEP está investigando homicidios cometidos por esa brigada y, en particular, por el Batallón La Popa.

Human Rights Watch hizo público un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de un millón de pesos colombianos a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares.

El documento está entregado y firmado, además, por el entonces teniente coronel Sergio Alberto Tafur García, hoy en día brigadier general.

El documento se refiere en particular al Acta 057/018 de la Décima Brigada Blindada. En esa acta, que también dio a conocer Human Rights Watch, los soldados reportaron que “dieron de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC.

Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años. ¡13 años! Temible.

El director de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que el hoy general Nicacio Martínez celebró la muerte de una niña indígena y la presentó como exitosa. Relató que la pequeña niña indígena murió a raíz de una operación militar del batallón La Popa, pero la evidencia muestra que “la asesinaron estos soldados que estaban bajo la dirección de la Décima Brigada Blindada”. (Ver Prensa).

Otro caso es el del nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo, quien supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.

No es menor.

El general Rodríguez Arévalo fue comandante del Batallón La Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del Batallón La Popa, según un informe del ente investigador.

El tema de Batallón La Popa es preocupante y de nuevo la JEP ya está revisándolo en detalle. Y no solo involucra a Rodríguez Arévalo. El general Adolfo León Hernández Martínez, hoy comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, estuvo al frente de ese batallón entre 2007 y 2009.

Las tropas bajo su mando cometieron numerosos asesinatos. Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del Batallón La Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “cinco terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.

Completamente falso y nada positivo.

Como pueden terminar siendo los nombramientos de esta cúpula militar de generales que están involucrados con estos macabros hechos, tal y como lo demostró HRW, y que siempre han querido ser matizados por el senador Uribe. De pronto hay alguna relación de eso con sus nuevos ataques a la JEP que está descubriendo muchos de estos hechos. Lo que es claro es que no podemos olvidar a la pequeña Nohemí Esther Pacheco Zabata. Que todo esto sirva para mantener viva su memoria.

El Espectador