Se trata de una profunda investigación sobre los crímenes cometidos por los paramilitares en asocio con el Estado o individualmente, contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores a la represa Hidroituango, en los doce municipios de influencia del megaproyecto, en las subregiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño, durante 26 años.

Este trabajo, iniciado en el 2016 por la investigadora Astrid Torres de la Corporación Jurídica Libertad, revela una serie de acontecimientos violentos que marcaron esta región, dejándola expuesta a todo tipo de atropellos contra la vida como el desplazamiento forzado, el asesinato u homicidio (selectivo y masacres), la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

“Se analizaron 256 casos que dejaron 607 víctimas, 116 mil personas desplazadas entre 1996 y 2016. La información se recogió cruzando bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, del proyecto Colombia Nunca Más y del Centro de investigación y educación popular -Cinep. Además se documentaron casos a través de encuentros en los territorios con víctimas y sus familiares, defensores de derechos, líderes sociales e integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia”, dijo Astrid Torres en la presentación del libro a la que asistieron más de cien personas, entre ellas, los afectados por la represa en la actualidad.

El libro se divide en tres periodos, donde ocurrieron hechos que dejaron claro el accionar violento de los grupos paramilitares y del mismo Estado. 1990-1994: presencia del paramilitarismo y creación de grupos Convivir; 1995-2006: expansión paramilitar, Seguridad Democrática, proceso de desmovilización; 2007-2016: reingeniería del paramilitarismo, resurgimiento de procesos organizativos.

Para nadie es un secreto y lo han dicho varios investigadores, que toda esta violencia iba enmarcada a sacar adelante el megaproyecto Hidroituango, pensado desde los años 70, pero puesto en marcha desde la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe e iniciando su construcción en el 2010. Se puede ver ahora un proyecto mal planeado, mal administrado y con miles de víctimas, tanto de el accionar violento con la desaparición de pueblos enteros, de caciques indígenas, hasta la emergencia que viven hoy las comunidades afectadas por la contingencia ocurrida en mayo de 2018 y que aún mantiene en zozobra a todos estos territorios.

El texto relata cada una de las masacres ocurridas en los municipios, acompañadas de gráficos que sustentan claramente la información y ayuda a una mejor comprensión de lo que sucedió en la zona de estudio. Este es un ejemplo de los contenidos al interior del libro.

El documento toca un tema muy importante sobre la Hacienda La Carolina que está después de los llanos de Cuivá, corregimiento de Yarumal, en la entrada que va hacia San Andrés de Cuerquia e Ituango. Desde ahí se preparaban los paramilitares, se hacían negocios, se asesinaba gente y era desde donde actuaba el grupo autodenominado los Doce Apóstoles. La finca es de Álvaro Uribe y era administrada por Santiago Uribe, su hermano. Junto con la policía y el Ejército, este grupo paramilitar tenía libre movilidad por la zona y eran custodiados por estos, incluso por la contraguerrilla que allí operaba. No hubo investigación por los más de cincuenta crímenes y hubo total impunidad del accionar de la policía.

“En el 2006, Colombia fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por las masacres de El Aro y La Granja en el municipio de Ituango. Por su parte, el Bloque Mineros, en el proceso de Justicia y Paz, reconoció su responsabilidad en estas masacres y otras como, la de Chorrillos en Briceño, la de Juntas en Puerto Valdivia y la de Peque, esta última, perpetrada en conjunto con el Bloque Noroccidental”, relata la investigación.

Además de la violencia ocurrida en el periodo de investigación y que aún hoy persiste, está el tema del extractivismo y el cambio de vocación agrícola que caracterizaba el territorio. Desde el inicio de la construcción de la represa, Empresas Públicas de Medellín contrató mano de obra no calificada de la región, haciendo que los campesinos dejaran las fincas abandonadas y luego despidiendo al personal al poco tiempo, perdiendo toda actividad económica y entrando en pobreza. Una de las razones para que Ituango, de donde EPM contrató mayor personal, sea el municipio de la subregión Norte con el más alto índice de las necesidades básicas insatisfechas con 65.22% según el DANE.

Es claro que el cañón del río Cauca, en sus laderas se convirtió en fosa común. Los barequeros que sacaban el oro a sus orillas, veían bajar muertos, los que podían los recogían y los enterraban dejando una señal en alguna piedra o árbol. Muchos habitantes cuentan cómo eran lanzados al río los cuerpos desde el puente Pescadero que servía como límite entre Ituango, Toledo y Briceño. Todo esto quedó inundado. “EPM y el Estado no han hecho las acciones necesarias para la búsqueda de esos cuerpos”, puntualiza Astrid Torres.

Esta investigación es muy necesaria en tiempos en que la impunidad reina y en el que todos se quieren lavar las manos diciendo que no tienen nada que ver con todas estas atrocidades, porque es cierto que no solo los grupos armados son los responsables sino las empresas privadas, terratenientes, grupos económicos y el mismo Estado de la violación a los derechos humanos en un territorio rico en recursos naturales y del que todos se quieren apoderar a costa de vidas humanas y destrucción de la naturaleza.

Puede descargar el libro aquí