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Carta a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU
A través de esta, decenas de personas, entre ellas miembros de las delegaciones de paz, expresan ante la ONU su rechazo a las objeciones del presidente Duque a la JEP.
/ Lunes 11 de marzo de 2019
 

António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

Nueva York

Apreciado señor Secretario:

El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” [1].

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz” [2].

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo" [3].

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “(d)e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones” [4].

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Atentamente,

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz

Humberto de la Calle Lombana, Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República

Sergio Jaramillo, Exalto comisionado de paz y exnegociador de paz

María Ángela Holguín, Exnegociadora de paz y excanciller de la República

Juan Fernando Cristo Bustos, Exnegociador de paz y exministro del Interior

Rafael Pardo, Exnegociador de paz y exministro

Frank Pearl, Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz

Roy Leonardo Barreras Montealegre, exnegociador de paz y senador Partido U

Equipo negociador FARC en los diálogos de paz

Rodrigo Londoño Echeverri, Presidente del partido FARC

Pablo Catatumbo, Exnegociador de paz y senador del partido FARC

Pastor Alape, Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC

Julián Gallo Cubillos, exnegociador de paz y senador partido FARC

Victoria Sandino, Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC

Marcos Calarcá, Exnegociador de paz y representante del partido FARC

Rodrigo Granda Escobar, exnegociador de paz y dirigente partido FARC

Otras personalidades que suscriben:

Abad Colorado Jesús, Periodista y fotógrafo documental

Antequera José, Activista defensor de derechos humanos

Arévalo Julián, Decano Facultad de Economía Universidad Externado

Arias Wilson, Senador Polo Democrático Alternativo

Avella Esquivel Aida Yolanda, Senadora Coalición Lista de la Decencia

Ávila Martínez Ariel, Subdirector Fundación Paz y Reconciliación

Barrios Alejandra, Directora Misión de Observación Electoral (MOE)

Bejarano Guzmán Ramiro, Columnista de opinión y abogado

Bernal Luz Marina, Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’

Bolívar Gustavo, Senador Coalición Lista de la Decencia

Borja Díaz Wilson Alfonso, Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

Botero Catalina, Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada

Cabrera Mauricio, Economista

Cala Suárez Jairo Reinaldo, Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC

Cárdenas Jhon Jairo, Representante Partido U

Carrascal Mafe, Activista política

Carreño Carlos Alberto, Representante del partido FARC

Castilla Alberto, Senador Polo Democrático Alternativo

Castillejo Alejandro, Docente Universidad de Los Andes

Celis Luis Eduardo, Analista en temas de paz y conflicto armado

Cepeda Castro Iván, Senador Polo Democrático Alternativo

Cerón Ángela, Defensora de Derechos Humanos

Cristo Bustos Andrés, Senador Partido Liberal

De Gamboa Camila, Profesora universitaria

Díaz Uribe Eduardo, Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

Duque Lisandro, Director de cine y columnista de opinión

Dussan Jaime, Exsenador de la República y dirigente político

Escobar Ángela María, Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

Estupiñán Liliana, Profesora universitaria

Fries Martínez Bertha Lucia, Víctima del atentado al Club EL Nogal

Galán Juan Manuel, exsenador y dirigente político

Garcés Córdoba Mariana, Exministra de Cultura

García Lidio Arturo, Senador Partido Liberal

García-Peña Daniel, Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

García Realpe Guillermo, Senador Partido Liberal Colombiano

Gaviria Alejandro, Exministro de Salud

Gil Andrés, Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Gil Savastano Laura Gabriela, Directora Portal La Línea del Medio

Goebertus Estrada Juanita María, Representante Partido Alianza Verde

Gómez Londoño Luis Ernesto, Exviceministro del Interior

González Arana Roberto, Historiador y profesor universitario

González Benedicto de Jesús, Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

González Posso Camilo, Exministro e investigador

González Roberto, Profesor universitario

Henao Juan Carlos, Expresidente de la Corte Constitucional

Herrera Botta Adriana, Empresaria

Hommes Rudolf, Exministro de Hacienda y columnista de opinión

Juviano Catherine, Periodista y activista social

Kohon Mariela, Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia

Lara Salive Patricia, Escritora y columnista

Leal Buitrago Francisco, Profesor e investigador universitario

León Magdalena, Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional

Leyva Durán Álvaro, Exministro y exconstituyente

López Alexander, Senador Polo Democrático Alternativo

López Montaño Cecilia, Exministra de Trabajo

López Obregón Clara, Exministra de Trabajo

López Claudia, Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora

Lozada Vargas Juan Carlos, Representante Partido Liberal Colombiano

Lozano Correa Angélica Lisbeth, Senadora Partido Alianza Verde

Mantilla Ignacio, Exrector de la Universidad Nacional de Colombia

Márquez Mina Francia Elena, Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

Martínez Diego, Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

Marulanda Gómez Luis Iván, Senador Partido Alianza Verde

Medina Henry, General (r)

Miranda Peña Katherine, Representante Partido Alianza Verde

Mockus Antanas, Senador Partido Alianza Verde

Monsalve Darío de Jesús, Arzobispo de Cali

Muñoz Lopera León Fredy, Representante Partido Alianza Verde

Navarro Antonio, Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador

Navas Talero Germán, Representante Polo Democrático Alternativo

Orejuela Libardo, Exrector de la Universidad Libre del Valle

Pardo Alberto, Director MundiPaz

Paz Carlos Arcesio, Empresario

Parra Gabriela, Periodista

Pizarro Rodríguez María José, Representante Coalición Lista de la Decencia

Quintero Calle Daniel, Exviceministro

Racero Mayorca David Ricardo, Representante Coalición Lista de la Decencia

Ramírez Sandra, Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Restrepo Álvaro, Director del Colegio del Cuerpo

Reyes Alvarado Yesid, Exministro de Justicia

Ríos José Noé, Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN

Rivera Flórez Guillermo, Exministro del Interior

Robledo Gómez Ángela María, Representante Colombia Humana

Robledo Jorge Enrique, Senador Polo Democrático Alternativo

Rodríguez Roosvelt, Senador Partido de la U

Rojas Jorge E., Exsecretario de Integración Social Bogotá

Romero Marco, Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes

Rozo Rengifo Juan Sebastián, Exministro de TICS

Sáez de Ibarra María Belén, Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional

Salcedo Doris, Escultora

Saldarriaga Óscar, Académico e investigador de la Universidad Javeriana

Sanabria Luis Emil, Director de Redepaz

Sanguino Páez Antonio, Senador Partido Alianza Verde

Sánchez Gonzalo, Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

Sánchez María Eugenia, Casa de la Mujer

Sánchez Olga Amparo, Casa de la Mujer

Sanín José Luciano, Director de Viva la Ciudadanía

Santiago Enrique, Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

Serpa Horacio José, Senador Partido Liberal

Socarrás Reales Fredys Miguel, Exviceministro de Trabajo

Toloza Francisco Javier, Exvocero de paz

Ungar Bleier Elizabeth, Exdirectora de Transparencia por Colombia

Valencia Agudelo León, Director Fundación Paz y Reconciliación

Vargas Velásquez Alejo, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional

Velasco Luis Fernando, Senador Partido Liberal