La 42ª Asamblea nacional de la Central Nacional Provivienda –Cenaprov‒ reunida en Villavicencio entre el 15 y 17 de marzo, expresa su preocupación y rechazo a la arbitraria y dictatorial medida adoptada por el presidente Iván Duque, de objetar artículos esenciales de la ley estatutaria de la JEP, que además de poner en riesgo inminente el Acuerdo del Teatro Colón, para la terminación del conflicto armado, de origen social, que culminó el proceso de conversaciones llevado a cabo en La Habana entre el Estado colombiano y la exinsurgencia de las Farc (transformada ahora en partido político legal), pone al país en las miras de la comunidad internacional, que puede llegar a acusar al Estado del delito internacional de perfidia, y a señalarlo como un paria en la comunidad mundial.

A la atrabiliaria decisión, que viola elementos esenciales del Estado Social de Derecho, como la independencia de las ramas del poder público, el sometimiento a los fallos judiciales, y el respeto a la cosa juzgada constitucional, se le agrega la intención de presentar un acto legislativo para “hacer trizas el Acuerdo”, arguyendo una supuesta “legitimidad democrática”, vulnerando de paso preceptos universales, como el de que la democracia sí es el gobierno de las mayorías, pero sin pisotear los derechos de las minorías, que es lo que se urde en Colombia. El ataque al Acuerdo, y la ruptura de las conversaciones con el ELN, es la clara prueba de que se intenta eternizar la guerra, y de que las garantías para los excombatientes quieren ser desmontadas.

El gobierno junto con esas medidas, que lindan el terreno de la tiranía y la dictadura, presta oídos sordos a los reclamos de amplias masas de la población, como en el caso hoy de los sectores indígenas y de afros, contra los que ha lanzado la más feroz represión con esa máquina del crimen que es el Esmad, como hace poco lo fue contra los estudiantes, campesinos, trabajadores y demás sectores. Es la respuesta a los clamores populares, mientras se legisla (con la llamada “ley de financiamiento”, verdadera reforma tributaria, y se proyecta con el plan de desarrollo) en favor de los sectores económicamente más poderosos.

A las clases menos favorecidas, contra las que ya se han enfilado toda una batería de medidas, como la supresión de subsidios de vivienda para capas medias de estrato tres, se les anuncian tres largos años más de desgobierno, con raponeo de derechos, recorte de programas sociales, y contrarreformas regresivas en materia laboral, pensional, de servicios públicos, de vivienda, de salud, de educación y el largo etcétera, para privatizarlas, lo que las élites avizoran como un jugoso negocio en sus manos.

Es el gobierno de la extrema derecha que busca a todo trance consolidar un proceso, que además de favorecer solo al gran capital nacional y extranjero y recortar cada día los derechos de los más pobres y los excluidos, desbarate las posibilidad de organización independiente de los sectores subalternos de la sociedad, hacia lo que se encamina la continuidad de la guerra contra el pueblo, uno de cuyos elementos más visible, es el asesinato selectivo, pero masivo e incontenible, de dirigentes sociales, entre los cuales, ya, muchos sobrevivientes de Cenaprov.

Imposibilitar que el pueblo se organice para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado y para que se establezca una política pública de preservación de los bienes y activos de todo el país (para que los mismos no se sigan entregando a la voracidad del capital criollo y transnacional), es uno de los objetivos de las élites que gobiernan a Colombia desde hace casi dos siglos, las que proyectan continuar regalando las riquezas nacionales, con el interés de recibir las migajas de las descomunales ganancias con que se quedará el capital, como se anuncia con la explotación minera en los páramos a costa del agua, y como se ha programado ya con la puesta en marcha del llamado «piloto para la exploración de petróleo mediante fracking», en que Ecopetrol va a gastar 500 millones de dólares, deteriorando el ambiente y afectando a todas las comunidades de los sitios aledaños, para si los resultados son favorables, entregar esas explotaciones depredadoras al capital norteamericano.

Cenaprov, organización pionera en las luchas por la vivienda popular en Colombia, y victimizada desde su origen, recientemente reconocida como víctima del conflicto armado, faltando la admisión de su exterminio por el terrorismo de Estado, y que intenta ser revictimizada por actitudes de varios alcaldes como los de Villavicencio y Chigorodó y otros municipios más, llega a su 42ª asamblea nacional más vital que nunca, con enormes perspectivas de crecimiento y desarrollo, comprometiéndose a no cejar en sus luchas junto a los destechados, los desvalidos de la fortuna y los eternamente excluidos, en la movilización social y popular y para ello se compromete con el desarrollo del paro cívico nacional para el próximo 25 de abril; y en el impulso en la búsqueda de nuevas formas de gobierno democráticas e incluyentes, y por eso se apresta a contribuir con sus bases en los esfuerzos que deben ser los más unitarios y envolventes para las próximas elecciones de octubre de este año, que renovarán autoridades y corporaciones públicas territoriales.

¡Irrestricta solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela!

Cenaprov expresa su irrestricto respaldo y solidaridad con el proceso de revolución democrática y pacífica, y con el Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, asediada por las fuerzas de la reacción internacional y del imperialismo, que incluyen métodos filibusteros y neocoloniales, apoyadas por los gobiernos vasallos de países como Colombia y los demás del cartel de Lima, que buscan finalmente una intervención solapada o abierta para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo venezolano, y hundir el proceso alternativo que ha recuperado la soberanía y la dignidad de la Patria de Bolívar.

Haberse alcanzado el poder por vías democráticas, para desalojar a las élites que por casi 200 años manejaron a su antojo las enormes riquezas nacionales, para entregarlas en bazar al capital transnacional, y haber revertido esa política, para reinvertir la renta petrolera en favor de las mayorías, es algo que la oligarquía del vecino país y la colombiana, ni las potencias imperialistas perdonan, y por eso la arremetida contra el proceso bolivariano. En ese marco se inscriben el afán del gobierno de EE.UU., se robarse 30.000 millones de dólares, por deuda de petróleo, y la piratería del gobierno británico, que intenta hurtarse 10.000 millones de dólares en reservas internacionales venezolanas de oro.

Como el proceso bolivariano generó propuestas alternativas y democráticas a lo largo de la América Latina, desde los orígenes mismos, la reacción ha intentado romperlos, y desde el año 2002 se ha lanzado una contraofensiva derechista, que linda ya con métodos fascistas, y que en primer lugar intentó el golpe militar contra Hugo Chávez; la tentativa de judicialización a Lula da Silva y al PT en Brasil; los derrocamientos de los gobiernos de Zelaya, en Honduras, y de Lugo en Paraguay; el intento de asesinato, tras un motín, contra Rafael Correa, en Ecuador; y la posterior destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, en Brasil, así como la elección de gobiernos abiertamente pro-yanquis, como en Argentina, Ecuador y Brasil; de claro signo fascista este último. Y en ese mismo camino se encuentran las agresiones contra otros gobiernos revolucionarios y democráticos como el de Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Ahora, dentro de la contraofensiva, que sus promotores consideran madurada, se busca una vez más derrocar al proceso bolivariano y hasta asesinar al presidente legítimo, para lo que han moldeado a un pelele del imperio, Juan Guaidó, hasta hace dos meses desconocido, que se ha autoproclamado presidente y quien puede ser un simple fusible dentro de los planes imperiales, sacrificándolo, incluso, para presentarlo como “mártir”, en caso de serles necesario.

Se han lanzado toda suerte de provocaciones y agresiones, y se busca finalmente crear cabezas de puente que sirvan para una invasión al vecino país. En esa tónica está el encuadramiento de unos cuantos militares y policías venezolanos desertados, a los que se han agregado paramilitares colombianos, con quienes se proyecta invadir zonas fronterizas, para desde allí declarar “territorios liberados” y pedir el “apoyo”, es decir la invasión, de tropas norteamericanas, ya apostadas en siete bases en Colombia, ocupadas ilegalmente. El gobierno de Duque debe parar el incentivo a esas pretensiones que violan el principio constitucional del respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, en especial de América Latina y que desacatan tratados internacionales suscritos por Colombia; y en primer término este gobierno debe devolver las armas con las que llegaron los desertores, pues al no estarse en guerra, Colombia no puede robárselas.

Colombia no puede repetir la triste historia de 1982, cuando se convirtió en el «Caín de América», al apoyar la agresión militar británica contra la Argentina, que reclamaba, con justeza, la devolución de las Islas Malvinas, ocupadas con métodos piratas por los ingleses desde 1833. Nuestro país en esa época, se puso del lado de los británicos, así como los Estados Unidos, pese a la existencia del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

Pero además debe tenerse presente, y por eso el pueblo colombiano debe exigir el cese del hostigamiento, que una guerra contra la República Bolivariana de Venezuela, no sería algo de la sola incumbencia del hermano país, pues un conflicto armado en que se vea involucrado el nuestro, va a significar inevitablemente que nuestro territorio sea teatro de operaciones y campo de batalla.

El interés de las castas oligárquicas y burguesas, pletóricas de oportunismo, puede hacerles ver una potencial guerra como un excelente motivo para sus negocios (como ya lo vienen haciendo al explotar inmoralmente la mano de obra barata y semiesclava de los venezolanos emigrados), pero el pueblo, en honor del Bicentenario de nuestra Primera Independencia, debe imponer, con la movilización, el cese del hostigamiento contra la autodeterminación y el legítimo derecho soberano de la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, y en ello Cenaprov se compromete con todos sus activos, así como en el impulso a la Brigada Internacionalista de apoyo al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana.

Cenaprov en el 16 de marzo

Cenaprov rinde un homenaje sentido a los tres hechos más relevantes para la historia popular de Colombia, que han marcado hitos de los que nos sentimos herederos, y que deben ser parte de la recuperación de nuestra memoria histórica, los que tuvieron ocurrencia un día como hoy.

En 1621 el ahorcamiento y posterior descuartizamiento del Negro Libre, autoliberado con la lucha, Benkos Biojó, fundador de los palenques en nuestro actual territorio, y quien logró, tras su muerte, que San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena, fuese reconocido por el propio rey de España, como «Territorio Libre en América»

Benkos Biojó, encabezando la lucha junto con la población africana esclavizada, alcanzó acuerdos con las autoridades virreinales, las que en un acto de perfidia lo asesinaron infamemente, por lo que debe ser recordado por todos los excluidos de Colombia, y Cenaprov deberá pensar en que un próximo proyecto de viviendas populares en la Costa Caribe, debería llevar el nombre de ese primer mártir y héroe de nuestra libertad, y debemos conmemorar con todo, los 400 años de ese sacrificio, en el año 2021.

El 16 de marzo de 1781, es decir hace 238 años, inició en El Socorro y poblaciones aledañas (pero pronto se extendió al resto del actual país y hasta Venezuela), la Insurrección Comunera, liderada por Manuela Beltrán, José Antonio Galán, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina y centenares más, encabezando las más amplias masas de campesinos, artesanos, indígenas y pequeños comerciantes y productores, los que finalmente fueron traicionados por los contemporizadores y por el arzobispo Caballero y Góngora, elevado a rango de virrey en pago de su traición y perjurio.

La Insurrección de los Comuneros que finalmente labró un camino para años más tarde alcanzar la libertad frente al yugo español, ha sido de manera permanente reivindicada por Cenaprov, muchos de cuyos barrios llevan por suyos los nombres de los principales héroes y mártires de ese movimiento genuinamente popular y patriótico, y muchas juntas directivas de barrios de Cenaprov se llaman «Comuneras», en señal de gratitud; y se hace el llamado a recuperar la historia de los Comuneros en todo el movimiento Cenaprov.

Y el 16 de marzo de 1919, hace exactamente un siglo, se produjo la masacre contra obreros y artesanos en Bogotá, que significó el primer bautismo de sangre y fuego de los trabajadores colombianos, desatada por el ejército y por órdenes del presidente Marco Fidel Suárez.

La masacre fue la respuesta a la exigencia de los trabajadores arruinados, por la medida del gobierno, que mediante la contratación con un privado, intentaba importar desde los Estados Unidos la cantidad de 8.000 uniformes militares completos, con botas, fornituras y arreos, que eran sobrantes de la recién terminada I Guerra Mundial, y con el pretexto de “tener bien presentadas” las tropas del ejército para la celebración del primer centenario de la Batalla de Boyacá, como si las tropas del Ejército Libertador no hubiesen combatido en Pantano de Vargas y en Boyacá en harapos y con ropas variopintas, recaudadas por la solidaridad del cura y los pobladores de Socha.

Centenares fueron los asesinados, incluyendo a muchas obreras-modistas de la fábrica la Maestranza, así como el obrero Gabriel Chávez, ultimado directamente a tiros de revólver, por el ministro de Guerra, general Sícard Briceño, aunque los medios de comunicación reconocieron solo unas decenas, lo que se contradice hasta con los reportes del ministerio de Relaciones Exteriores de Francia que habló de “centenares”.

La primera etapa de esa lucha no fue vana, pues los obreros y artesanos lograron frenar dichas importaciones, pero además comprendieron que los gobiernos del país representan solo los intereses de las clases en el poder, y que era necesaria la organización independiente, tanto en materia gremial como política, lo que pudo generar la realización del primer 1° de Mayo y el surgimiento del primer partido obrero.

Cenaprov, al rendir homenaje a nuestros antepasados artesanos y obreros, llama igualmente a recuperar esta parte del legado de nuestra memoria, ignorada por los grandes medios, por el gobierno y el Estado, y lo más grave, hasta por sectores de la Academia, pues en nuestra evocación, la del pueblo, los héroes, mártires y pioneros deben ser eterna y gratamente recordados.

42ª ASAMBLEA NACIONAL DE CENAPROV