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Erradicación forzada en Puerto Milán (Caquetá)
REC Sur / Domingo 7 de abril de 2019
 

Comunidades campesinas del departamento de Caquetá denunciaron que el pasado 30 de marzo de 2019 se efectuaron procesos de erradicación forzada en la vereda Berlín del municipio de Milán, específicamente en predios de Gildardo Quigua y Justo Ángel Calderón por parte de tropas del ejército nacional.

Según la Coordinadora departamental de cultivadores de coca, amapola y marihuana, Coccam, el municipio de Milán posee acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito en el desarrollo total del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), desde el día 8 de noviembre de 2017, agrupando las familias de 46 veredas y reafirmando el compromiso de las comunidades y sus organizaciones con el proceso de sustitución, respaldando completamente lo acordado en el punto 4 y todos los puntos del Acuerdo Final de Paz.

“Esto no solo afecta la subsistencia de sus familias sino que pone en grave riesgo su permanencia en el territorio y va en contravía de lo acordado con el gobierno”, expresaron voceros de la Coccam en Caquetá.

Las familias afectadas hacen parte de las 4655 familias de 156 veredas que hoy se encuentran en situación de inseguridad jurídica y física ante la negativa del gobierno de implementar los compromisos previamente adquiridos con el PNIS en los municipios de Albania, Milán, Solano, Solita y Valparaíso del departamento del Caquetá.

El punto 4 del Acuerdo de Paz plantea que: “La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico” y que la solución definitiva para extinguir las causas que generan la dependencia de los cultivos de uso ilícito “(…) Se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades — hombres y mujeres— de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas y de trabajo para el bienestar y buen vivir”. Sin embargo, con la erradicación forzada se está incumpliendo el espíritu de lo acordado.