Movilización de cultivadores de coca en Puerto Valdivia, 2017. Imagen: Bibiana Ramírez - APR.

Las y los campesinos del municipio de Tarazá pactaron desde el 1 de septiembre del 2017 el acuerdo colectivo de sustitución en la que depositaron toda la confianza en el Estado colombiano. El papel decisivo de las comunidades por cambiar el campo y sus formas de producción es la más firme demostración del compromiso campesino por apostarle, no sólo a la implementación del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre Colombia y las FARC-EP, sino también, es el anhelo del fin del conflicto que por más de 50 años ha desangrado a este país.

Cuando inicia la implementación del punto 4 del acuerdo de paz no hubo mayor ilusión y esperanza que esa para el campesinado, es por ello, que con toda la gallardía y el empeño todos y todas encontramos sin lugar a dudas en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Usos Ilícito PNIS la promesa del Estado para cumplir este programa de la manera más diligente.

Firmado el Acuerdo Colectivo Municipal el 1 de septiembre del 2017, han sido asesinados por lo menos 13 líderes del programa de sustitución en el Bajo Cauca, muchos otros se han desplazado forzadamente y el Estado no ha brindado las garantías ni ha cumplido con otros compromisos indispensables para hacer más efectivo el programa.

Lo que prometía ser un programa integral y rápido, luego de más de año y medio no ha llegado al cumplimiento del 50%. Este desidia estatal tiene un efecto negativo y un grave impacto contra la seguridad alimentaria de los núcleos familiares que decidieron acceder al PNIS, hoy en día es notorio el detrimento de derechos adscritos al programa como el acceso de alimentos, la salud, la educación, entre otros; ahora sin los planes de atención del Gobierno y sin la ejecución de proyectos para la seguridad alimentaria toda la población se encuentran al borde de la peor crisis humanitaria sin precedentes en la región.

Además, es vergonzosa y preocupante la manera estratégica de cómo el gobierno busca incluso excusas para expulsar del PNIS a personas y familias que han dado todo por cumplir con la sustitución voluntaria. El Estado sigue omitiendo sus responsabilidades en temas como la seguridad que se han presentado en el territorio situación que se ha presentado a todas las autoridades y las instituciones sin que hasta el momento veamos respuestas.

Hoy encontramos en el territorio diferentes incumplimientos del gobierno al acuerdo de paz:

1. La falta de un compromiso decidido por parte del Gobierno Duque con el PNIS.
2. Falta voluntad por fortalecer y cumplir con los proyectos de auto sostenimiento y soluciones a inquietudes de las mismas comunidades.
3. El Gobierno Colombiano no está cumpliendo con las garantías de seguridad para las y los campesinos de los territorios en donde el campesinado y los líderes que llevan a cuestas el apoyo al programa PNIS.
4. Manifestamos nuestra preocupación en el Plan Nacional de Desarrollo que no incluye el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
5. Los retrasos en la implementación van en contravía de los compromisos adquirido por Colombia ante el mundo.
6. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET avanzan muy lentamente, los procesos para la formalización de tierras siuen detenidos por la falta de voluntad del Gobierno Nacional y para ahondar en la desestabilización cerraron la oficina que desarrollaba actividades en el municipio en temas PNIS, situación que nos lleva nuevamente a aumentar nuestra desconfianza.

Todos estos retrasos llevan al campesinado al límite de la desesperanza de un gobierno que sigue demostrando que no tiene voluntad de paz. Las y los campesinos ven en la movilización social la única salida para reclamar los derechos campesinos, el derecho al trabajo y desarrollo del campo, sin embargo, nos preocupa no se cuente con garantías para realizar para el ejercicio de este legítimo derecho.

Exigimos al Gobierno colombiano mayor legitimidad y compromiso de la Mesa Municipal de Planeación Participativa, a las organizaciones territoriales y espacios de participación y planeación al programa PNIS, único espacio de concertación que hasta el momento se mantiene en Tarazá. Por lo que pedimos se pueda replantear para seguir excluyendo sin ninguna justificación a familias del PNIS. Que se cumpla la normativa del decreto Ley 896 que reglamenta la puesta en marcha el desarrollo del PNIS, ya que en la actualidad encontramos varios incumplimientos al desarrollo de dicho Programa. Exigimos se garantice el cumplimiento efectivo e inmediato el artículo 2 de la constitución política. Se cumpla sin ninguna dilación con todas las garantías de seguridad integral en los territorios PNIS y que el Estado ejerza soberanía en los mismos. Que estos territorios PNIS y PDET, el plan marco de la implementación determinado por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera sean completamente incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.