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El Sur de Córdoba: entre desplazamiento forzado e incumplimientos institucionales
 

La población campesina del sur de Córdoba (Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano), a la deriva entre los incumplimientos del gobierno actual al PNIS, el letargo de los PDET, los desplazamientos forzados, la creciente espiral de los grupos armados ilegales y la arremetida ilegitima de la bota militar en los territorios. Un grito de auxilio desesperado de las familias campesinas surcordobesas.

Desde la salida de las FARC-EP de los territorios rurales dispersos del sur de Córdoba, entre los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano, el campesinado surcordobés ha vivido en vilo por, a grandes rasgos, al menos tres razones difícilmente complejas:

  1. El aumento (en grandes proporciones) en hombres y acciones delictivas de grupos armados irregulares para ocupar los vacíos dejados por las FARC-EP y ante la inexistencia de presencia de las fuerzas militares; que se debaten por el control territorial de las rentas ilícitas, entre otros intereses nefastos para las comunidades campesinas.
  2. Desde finales del 2016, la esperanza de desarrollo agrario se dispuso en la implementación del acuerdo final, con mayor fijación de la RRI, sus PDET y por supuesto el PNIS; no obstante, a dos años y medio, la RRI no arranca, los PDET son un “elefante blanco” y el PNIS es un constante pulso en negociación para que no sea negada la participación a beneficiarios/as que con múltiples mecánicas amañadas pretende la Consejería para la Estabilización y la Consolidación.
  3. Permanecer en el territorio, en uso legítimo del derecho a la tierra y la territorialidad se ha convertido en una amenaza de muerte individual y colectiva; evidenciado esto por la expulsión de 9 comunidades veredas y la re-siembra de artefactos explosivos en caminos, cultivos y cercanías a fuentes hídricas, etc. Los desplazamientos forzados -individuales y colectivos- han vuelto a ser un detonante victimizador para los habitantes rurales del sur de Córdoba.

Estas tres razones, que para las comunidades campesinas se han convertido en hechos reales de amenaza, muerte, persecución, despojo y desplazamiento forzado; se han evidenciado y denunciado de manera consecutiva por nuestra organización campesina al día de hoy.

Recientemente hemos recibido denuncias de las comunidades campesinas que mediante el ejercicio de Red de Derechos Humanos Rural nos han trasmitido las recientes violaciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneraciones a los Derechos Humanos de los campesinos y campesinas del sur de Córdoba. A referir:

  1. Tras el irresponsable pronunciamiento de la Gobernadora de Córdoba: Sandra Devia Ruiz, dado el 6 de abril, en el que afirmaba que “era seguro retornar a las veredas que fueron desplazadas entre el 21 y el 24 de marzo” la comunidad de la vereda flechas y gran parte de la vereda santa rosa decidieron retornar; con el desafortunado desenlace de la explosión de un artefacto que mutilo el pie al niño Diego Mazo Castrillón de 16 años de edad. Es necesario informar que estas comunidades han vuelto a salir de las veredas expuestas, concentrándose nuevamente la mayoría en los albergues humanitarios donde habían sido ubicados con ocasión del desplazamiento forzado ocurrido el 21 de marzo.
  2. El ejército nacional, mediante la “Operación Aquiles” encabezada por el brigadier general Alberto Rodríguez recientemente han entrado a ser actor armado [legal] en el territorio comprendido por las 9 veredas expulsadas, circunvecinas a estas y ubicadas en el “cañón de rio sucio”; esto debería ser y resultar para los campesinos y campesinas un bálsamo que además de confianza genere tranquilidad para retomar las labores y la cotidianidad campesina; sin embargo, lo que hoy está sucediendo, como acontecía a mediados del 2003 y 2006 es:

Empadronamiento a los campesinos y campesinas transeúntes de los caminos interveredales del cañón de rio sucio. Miembros del ejército les piden los documentos, los anotan en libros, agendas y hasta hojas sueltas; quien se niegue a entregarles los documentos o la información que exigen (lugar de residencia, nombre de los predios, nombres de los familiares, etc.) es catalogado de participar de actos delictivos de uno u otro grupo armado ilegal con presencia en el territorio.

Requisas arbitrarias cometidas por “hombres civiles” que en el corregimiento de Juan José sin identificarse, sin portar prendas o carnets institucionales “dicen ser miembros de la policía nacional” y de forma ilegítima detienen a campesinos y campesinas y proceden a exigir identificación y a requisarles sus prendas de vestir, bolsos y medios de transporte.

Siguen siendo los artefactos explosivos sembrados en el territorio una amenaza constante; no basta con que soldados hagan rondas por las veredas, que, a la par de estos los grupos armados ilegales también lo hacen, actualmente con mayor número de hombres en armas. Es necesario que el desminado sea efectivo y se garantice el imperio de la ley, la justicia y sobre todo el derecho a vivir en paz y permanecer en el territorio.

Exigimos que acorde a las funciones institucionales, y en irrestricto respeto al DIH, de cara a la garantía el goce efectivo de los Derechos Humanos, las tropas del ejército nacional con presencia en el territorio no desarrollen actos que lastimen la dignidad de los campesinos y campesinas, atendiendo los hechos relatados. Se instale una mesa de concertación para definir las garantías del retorno y analizar las circunstancias que viven actualmente los desplazados/as. Entre otras situaciones gravosas que están sucediendo. Se implemente de manera urgente el desminadodel territorio sin afectar la vida e integridad de los campesinos y campesinas, al tiempo que se garantice plenamente la permanencia en el territorio.