Asociación Campesina del Catatumbo
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Informe Segunda Misión de Verificación Humanitaria del Catatumbo
Constantes enfrentamientos armados cerca a los cascos urbanos de Teorama en el Catatumbo
En términos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007 con el paramilitarismo.
 

Conformada por Representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y representantes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo.

Los constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ejército Nacional y las insurgencias cerca de los cascos urbanos ponen en riesgo a la población civil. Se han presentado casos de activación de artefactos explosivos cerca de la población, ametrallamiento sobre las fincas y hacia las montañas, caída de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20 metros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en algunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que militares han disparado contra la población civil mientras trabaja en sus fincas, en palabras de la
comunidad:

“dispararon con tiros de precisión a una persona de la tercera edad, sin ningún tipo de enfrentamiento cerca, como simulando combates”.

Entre las principales afectaciones producto de estos hechos, se destacan: deserción escolar, afectaciones psicológicas en niños y adultos, confinamientos y desplazamientos masivos, impedimentos para el trabajo agrícola, bloqueos económicos, señalamientos de grupos armados y desapariciones. Comunidades denuncian que dichas afectaciones son profundizadas con la ausencia de un protocolo de seguridad en las escuelas, ausencia de planes de contingencia en las cabeceras municipales para atender a familias en condición de desplazamiento y la falta de garantías para el retorno de las familias.

Preocupa especialmente la persecución actual hacia los líderes comunales que dinamizan los peajes comunitarios, quienes están siendo amenazados con montajes judiciales. Denuncian que la fuerza pública solicita fotografías de líderes sociales a pobladores que participan en la red de apoyo ciudadana, especialmente de líderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos organizativos. En algunos corregimientos como El Aserrío, fuerza pública solicita a distintos miembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con cédulas y que han llegado a las fincas preguntando por estos líderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que soldados del Ejército Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran campesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y personas afiliadas. Además, existen amenazas directas sobre precandidatos a alcaldía.

En el municipio persiste un ambiente generalizado de estigmatización por parte del Ejército Nacional sobre la población civil, lo que se refleja en la retención de los documentos de identidad, trato hostil cotidiano y toma de fotografías a campesinos cuando transitan por las carreteras. La comunidad afirma que la fuerza pública impide la libre movilidad en los caminos de herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando plátanos, yuca y verduras así como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la luz eléctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos. Además, habitantes denuncian no poder organizar eventos de integración porque afirman que no hay ánimo y las familias permanecen encerradas en sus fincas. Por esta causa, actualmente, en el corregimiento de El Aserrío hay fincas abandonadas y miedo generalizado para salir a trabajar.

Se denuncia la aparición de letreros alusivos a las “AUC” en los postes y árboles de una finca donde ha hecho presencia el Ejército Nacional. Esta situación se suma a otras denuncias previas en esta misma finca, donde se han hallado cámaras de vigilancia puestas sin consentimiento de sus dueños quienes son familiares reconocidos líderes de la región. Vecinos del lugar han manifestado que fuerza pública ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la familia y distribución del espacio de la casa.

Comunidades afirman que existe una condición de confinamiento en toda la región. Varias familias se niegan a salir de sus fincas por miedo a transitar por el casco urbano del municipio de Convención, donde ha aumentado las extorsiones y asesinatos selectivos a pesar de la alta militarización y la cercanía del batallón en La Esmeralda. Comunidades denuncian que casos de extorsión ya se están presentando en el municipio de Teorama.

Se denuncia persecución por parte de la Fuerza Pública a conductores de rutas de línea sobre quienes buscan información e intimidan, esto genera alerta de posibles casos de falsos positivos judiciales. Además, denuncian la desaparición de dos campesinos miembros de la comunidad desde el pasado 14 de mayo de 2019. Se afirma que fueron citados en el corregimiento de San Pablo por actores desconocidos que les obligaron a subir a una camioneta blanca y hasta el momento no se tiene información de su paradero.

En términos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007 con el paramilitarismo.