Asociación Campesina del Catatumbo
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Informe Segunda Misión de Verificación Humanitaria del Catatumbo
Desde la posesión del Gobierno de Duque las comunidades del Catatumbo no han sido convocadas a la implementación
 

Conformada por Representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y representantes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo.

Debido a la importancia de esta temática, la Misión de Verificación decidió, junto con los acompañantes, que la implementación del Acuerdo de Paz sería uno de los ejes a valorar con las comunidades. Particularmente, la situación de reincorporación de los excombatientes de las FARC y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET-. En el recorrido, los líderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de información y transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementación de los -PDET-. Estos líderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firmó el Plan de Acción para la Transformación Territorial -PATR- en la ciudad de Cúcuta, les reconocieron varias iniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno actual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementación y que se necesita una respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se tienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los alcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.

Respecto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS manifiestan que el Ejército Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores con erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una posible implementación del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una política concertada de sustitución.

Respecto al proceso de reincorporación de los excombatientes, se manifestó la profundización del miedo generalizado, especialmente tras el asesinato de Dimar Torres y el riesgo de repetición de casos similares en algunos municipios. Se denunció que dentro de una vivienda en construcción, cayeron dos granadas, muy cerca de la casa de una joven pareja de excombatientes de las FARC- EP y su bebé de 4 meses. Su casa fue alcanzada por las balas, debiendo ser desalojada en medio de la confrontación.