Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Activista de derechos humanos colombiano, injustamente detenido, es puesto en libertad
Human Rights First saluda la liberación de Miguel González y llama por la libertad de los defensores de derechos humanos injustamente detenidos
Human Rights First / Miércoles 10 de junio de 2009
 
web: HRF

Leading international human rights organization based in New York. We protect individuals at risk: refugees fleeing persecution, victims of crimes against humanity, human rights activists who are attacked for defending the rights of others and individuals whose human rights have been eroded in the name of national security. We accept no government funds.

Human Rights First saluda la liberación hoy del líder campesino, Miguel Ángel González Huepa, en Bucaramanga, después de 17 meses de detención injusta en la cárcel. Su liberación demuestra que la investigación criminal en su contra era falsa y nunca hubiera sido abierta en primer lugar. González es cofundador de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y ha sido acusado de rebelión y nexos con las FARC.

Ayer un juez emitió una sentencia absolutoria y encontró que no hubo evidencia de ninguna conexión con las FARC por parte de González. La persecución en contra de González fue incluido en informe reciente de Human Rights First: Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y Señalados en Colombia, que documenta por primera vez el uso extensivo de procesos penales maliciosos y detenciones arbitrarias para silenciar a los activistas de derechos humanos.

En marzo de 2009, el asociado senior de Human Rights First, Andrew Hudson, visitó la cárcel de González en Bucaramanga, pero las autoridades de la cárcel denegaron una cita con Gonzalez, pero si logró visitar a Andrés Gil, otro líder de ACVC que sigue detenido. Ahora que el organismo judicial ha reconocido la inocencia de González, la fiscalía debería cerrar la investigación contra el otro líder de ACVC, Andrés Gil, y ponerlo en libertad.

Además, el Fiscal General debería emitir una resolución que delegue en una unidad de la fiscalía la coordinación de la revisión de los procesos penales en contra de los defensores de derechos humanos para cerrar inmediatamente los casos especiosos y evitar la detención injusta de otros activistas en el futuro.