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Sur de Córdoba
En el Alto Sinú minas de carbón a cielo abierto serían controladas por grupos armados ilegales
 

En el Alto Sinú, se levantan minas ilegales de carbón a cielo abierto ante la mirada tolerante de las autoridades civiles y militares; es una animadversión del espíritu del acuerdo para la Paz y fin de conflicto firmado por el Estado Colombiano y las extintas FARC.

En el corregimiento El Diamante, del municipio de Tierralta Córdoba, por muchas décadas fue bastión militar de las extintas FARC, durante todos esos años anteriores, no hubo avistamiento alguno de explotación de minas o yacimientos de carbón; creemos era un política de este grupo armado no permitir que se realizaran estas prácticas, legales o ilegales. Los Corregimientos Palmira y el Diamante, del municipio de Tierralta Córdoba, sus veredas y territorios circunvecinos fueron abandonados por las FARC al pre agruparse en el PPT del corregimiento Crucito y luego al PTN de la vereda Gallo; cumpliendo con lo Acordado en el Punto 3 y 6 del Acuerdo Final; en su salida, estas zonas fueron tomadas por lo que hoy se denomina AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).

Existe una mina ilegal de explotación de carbón a cielo abierto en la vereda la chica del corregimiento Palmira de Tierralta Córdoba, que presumimos es de control del nuevo actor armado irregular que domina estos territorios, pese a que se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes del departamento de Córdoba, la operatividad de la misma continua causando daños graves, irreparables al ecosistema, a la fauna silvestre, flora, pero en especial a las fuentes hídricas que nacen dentro del parque nacional nudo del paramillo y que son por supuesto el caudal que continua camino para bañar a los pueblos del bajo Sinú, centro y sabanas. Esta mina ilegal de explotación de carbón a cielo abierto que está al cuidado de actores armados ilegales, se ha convertido no solo en un fenómeno de daño ambiental monstruoso, sino que puesto en riesgo la vida misma de los campesinos y campesinas, tanto por los daños ambientales que causa, como por la presión que el actor armado ilegal ejerce contra la población civil. Este atroz crimen ambiental, que pone en riesgo la Vida e integridad y malogra la dignidad de los campesinos y campesinas lo denunciamos con vehemencia.

No se puede permitir por el Estado colombiano en cabeza del presidente Iván Duque que las zonas dejadas por las FARC se conviertan en fortín para los negocios que derivan en rentas ilegales para actores armados irregulares y en ese sentido que las autoridades civiles y militares de orden regional, departamental y del municipio de Tierralta no hagan absolutamente nada para conjurar estos hechos violatorios de los Derechos Humanos y que pone en riesgo los liderazgos comunales y comunitarios y por supuesto de nuestra Organización Campesina.