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El Gobierno se rajó en el tema del glifosato
De acuerdo con informes, el Ejecutivo incumplió todas las órdenes que decretó la Corte Constitucional el año pasado, al prohibir el uso del químico. Pese a las alertas, la minjusticia dijo que ya está listo el protocolo para retomar su aspersión.
El Espectador / Jueves 25 de julio de 2019
 

Las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional de mantener la postura que tomó en 2017 frente al uso del glifosato en Colombia aún no son claras. Una semana después de que se conociera la reiteración de su sentencia, en la que impuso seis condiciones para retomar la utilización del químico, solo existen las declaraciones de la presidenta del alto tribunal y un escueto comunicado de prensa, en el que se supo que seis de los ocho magistrados que participaron en la discusión aclararon su voto. Sin más detalles, la confusión sigue siendo alta, pues la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ya dijo que todo está listo para que el Gobierno le presente al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) un protocolo para volver a las fumigaciones aéreas con este químico.

Sin que se conozcan pormenores del auto completo, lo que El Espectador pudo documentar es que el Ejecutivo no ha cumplido ni uno solo de los requisitos que pidió la Corte para volver al uso del glifosato, las mismas que quedaron en firme en la decisión de la semana pasada. Según explicaron fuentes del alto tribunal, los incumplimientos fueron detallados en la ponencia que presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos. En el documento, además de reseñar las faltas, se tuvieron en cuenta también las intervenciones y los estudios científicos que entregaron tanto funcionarios del Gobierno como expertos y personajes como el expresidente Juan Manuel Santos y el gobernador de Nariño, Camilo Romero.

Sin conocer el contenido completo de la determinación de la Corte, lo que sí está claro es que la ponencia de Rojas sufrió varias modificaciones, empezando porque la propuesta que presentó el magistrado contenía, en la parte resolutiva, cinco puntos claves, dos ellos apuntando a declarar que ni el Gobierno ni el CNE cumplieron con lo ordenado por ese mismo tribunal en 2017. Es decir, que la decisión del máximo tribunal en temas constitucionales llegó a oídos sordos y ninguna de las entidades llamadas a solucionar el problema del glifosato hizo caso a lo establecido por los jueces. Para llegar a esta conclusión, hasta el alto tribunal llegaron todo tipo de informes.

El Ministerio de Justicia explicó a los magistrados que puso en marcha un plan para cumplir con lo ordenado, en especial lo referente a la realización de una consulta previa en Nóvita (Chocó), cuyos habitantes fueron los que presentaron la tutela que revisó la Corte en 2017. El Ministerio del Interior señaló que puso todos sus esfuerzos en realizar la consulta y acercarse a la población afectada, cuyos derechos a la consulta previa, la salud y un ambiente sano fueron protegidos por la Corte, pues encontró que, en efecto, el uso del glifosato en esta zona estaba afectando a sus habitantes. Para lograrlo, dijeron las carteras ministeriales, adecuaron una ruta metodológica con todo tipo de funciones.

El Ministerio de Salud, por ejemplo, debía realizar varias tareas, no solo para adecuar puestos médicos en Nóvita, sino disponer de personal para hacer un juicioso trabajo de investigación y determinar las afectaciones en la población por el uso del químico. Por mencionar otra tarea, el Ministerio de Ambiente debía velar por proteger las fuentes de agua y estudiar la posibilidad de reforestar y recuperar la vegetación del sector que permitiera el retorno de la fauna silvestre. Sin embargo, a la Corte Constitucional no llegó ni un solo informe que diera cuenta de los avances en temas de salud y tampoco en mejoras referentes al medio ambiente.

Funcionarios de la Corte que siguieron de cerca este proceso resaltaron que en la documentación que recibieron quedó claro que el Gobierno sí estructuró equipos de trabajo para realizar la consulta previa, pero esos esfuerzos no fueron suficientes y que, en general, fue insuficiente el trabajo del Ejecutivo en cumplir lo ordenado por el alto tribunal. Otra de las fallas que evidenció el material que recibió la Corte es que el CNE no ha diseñado una estrategia para evaluar los riesgos del uso del glifosato ni ha propuesto mecanismos de control de su uso, lo que significaría que no existe todavía un plan para proteger los derechos a la salud y al ambiente de quienes podrían verse afectados con el uso del químico.

Por otra parte, fuentes del alto tribunal se refirieron al hecho de que la estructura del programa que ejecuta, diseña y organiza la aspersión aérea con glifosato no se haya transformado ni un centímetro, especialmente en lo relacionado con los mecanismos de los ciudadanos para presentar quejas y denunciar daños por la sustancia. Este punto, otro de los requisitos claves que puso la Corte hace dos años, al parecer no se ha cumplido. Según los expertos que han seguido el caso, ninguno de los ministerios ha evaluado o controlado el riesgo que causa la aspersión con este químico, y entre ellos no habría coordinación ni entendimiento para cumplir con las órdenes del alto tribunal.

Después de revisar los más de cincuenta informes, intervenciones y estudios de expertos, la ponencia del magistrado Rojas que estudiaron todos los magistrados, menos Cristina Pardo (pues estaba impedida en el caso), resaltaba el hecho de que, pese a que las órdenes de hace un año fueron muy claras y las entidades tenían un tiempo específico para cumplirlas, en julio de 2019 la situación es idéntica a la de 2017 y, por eso, la calificación al Gobierno, respecto al cumplimiento de las órdenes, ni siquiera alcanza a ser baja, sino prácticamente nula. La única tarea que sí cumplió el Ejecutivo fue la de no retomar la aspersión aérea. En otras palabras, el Gobierno se rajó.

Aunque todavía no se conoce qué apartes de la ponencia de Rojas quedarán en el documento final de la Corte, fuentes cercanas al alto tribunal resaltaron otro de los puntos claves del documento que sí fue la base para la decisión de la semana pasada. Para el magistrado, era de alta importancia tener en cuenta que el aumento en los cultivos ilícitos en el país no está directamente relacionado con el veto al glifosato, un argumento repetitivo en las intervenciones de los funcionarios del Gobierno. Según su postura, el crecimiento en las hectáreas de cultivos de coca comenzó en 2013, dos años antes de que se vetara el químico, y llegó a 171.000 hectáreas en 2017.

Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tuvo en cuenta el magistrado Rojas en su ponencia, las causas del aumento son mucho más complejas y tienen que ver con variables como: quiénes son los que cultivan, por qué razones, por qué en territorios tan apartados del control del Estado y la poca oferta alternativa de trabajo. Por eso, decía la ponencia, la aspersión aérea de glifosato sí puede ser considerada como un instrumento para la lucha contra los cultivos ilícitos, pero solamente se debe usar como último recurso en esa pelea del Estado. Una determinación que ya había planteado la Corte Constitucional en su decisión de 2017.

Los incumplimientos del Gobierno a las órdenes de la Corte resultan preocupantes, especialmente de cara a los anuncios de la ministra de Justicia y del hecho de que el CNE, la entidad que tiene la última palabra sobre el futuro del glifosato, está compuesto mayoritariamente por miembros del Gobierno, quienes apoyarían la política que ha defendido el presidente Iván Duque sobre el regreso de este químico. Ante los ojos de los expertos, la sustancia sigue siendo potencialmente cancerígena y por eso reiteran que las autoridades deberían asumir su uso con el mayor grado de precaución frente a sus posibles riesgos.

El Espectador