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Campesinos comunican a la procuraduría incumplimientos del Gobierno en sustitución de cultivos
Agencia Prensa Rural / Miércoles 31 de julio de 2019
 

El una carta dirigida altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, Andrés Gil, denuncia incumplimientos del Estado en la implementación de diferentes acuerdos. Sin embargo, Gil sostiene que el campesinado organizado en esta asociación reitera su compromiso con el cumplimiento de lo pactado y además, toda la disposición para conjuntamente frenar la violencia que azota distintos territorios del país. En tal sentido, propone respeto a las comunidades y organización comunitaria, así como sustitución integral y concertada para lograr frenar los avances de los actores armados que cada vez están más empoderados en dichos territorios.

Compartimos la carta en su integralidad:

Bogotá, 30 de julio de 2019

Respetados:
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
E. S. D.

ELENA AMBROSI TURBAY
Delegada para el apoyo a Víctimas del Conflicto Armado y Desmovilizados Procuraduría General de la Nación

REFERENCIA: Solicitud de adopción de medidas del Ministerio Público para promover el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo–PISDA, por parte de las autoridades públicas competentes de ejecutar la política concertada y gradual de sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios campesinos. Incumplimientos por acción y omisión. Instalación mesa de seguimiento PNIS, PISDA, y garantías institucionales para la defensa de los DD.HH de comunidades y territorios con presencia de cultivos de uso ilícito.

PETICIONARIA: Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina- ANZORC, organización de carácter nacional campesina

Reciba un respetuoso saludo campesino.

ANDRÉS ELÍAS GIL GUTIÉRREZ, identificado con C.C. 74.180.567 de Barrancabermeja-Santander, actuando en mi condición de representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC, organización legalmente constituida en el año 2001 y que actualmente agremia a más de sesenta y cuatro (64) procesos organizativos que promueven dicha figura territorial creada en la Ley 160 de 1994, de la manera más atenta me permito solicitar la urgente intervención de Ud., señor Procurador General de la Nación para que, mediante su concurso se exhorten a las autoridades del nivel nacional y territorial para que cumplan la política concertada de sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios campesinos donde se implementan el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante PNIS) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo–(por sus siglas PISDA).

Son fundamentos de hecho de esta petición, los incumplimientos por acción y omisión de las autoridades nacionales y territoriales involucradas en el deber de priorizar las políticas de sustitución concertada, participativa, con enfoque diferencial y territorial de los cultivos de uso ilícito, por sobre la erradicación forzada de los mismos, mediante intervención de la fuerza pública, con quienes se han presentado varios episodios de tensión y confrontación, lamentables y con desenlaces fatales en donde comunidades campesinas e indígenas han muerto en situaciones aún no esclarecidas. Estos son los casos de regiones como Alto Mira Frontera, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco-Nariño [1]; Cajibío [2], en el Departamento del Cauca, Sardinata y Tibú en Norte de Santander [3], para ofrecer tan solo reducido número de ejemplos, destacando que en esta tragedia también han fallecido y resultado heridos miembros de la fuerza pública, quienes han caído en campos minados u otras circunstancias de enfrentamiento con las comunidades [4].

El aumento de la violencia se produce, además del incumplimiento arriba referido, en razón de la desconexión entre las diversas autoridades del orden nacional y territorial encargadas de concurrir en la materialización de los PNIS y PISDA: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, entidades territoriales de los
Departamentos y municipios en zonas afectadas por el conflicto armado con presencia de cultivos ilícitos, entre otras.

Adicionalmente, se han presentado casos deliberados de desconocimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz (punto cuatro punto uno 4.1), el Acto Legislativo 01 de 2016, las sentencias C-699 de 2016 y C-160 y C-174 de 2017 que prescriben el obligatorio cumplimiento de las normas que procuran la implementación del Acuerdo y el establecimiento de garantías para una paz estable y duradera, como los Decretos 896 y 362 de 2017, entre otros relativos a la priorización de sustitución voluntaria, concertada, gradual, manual y diferencial de cultivos ilícitos, lo que se traduce especialmente, en la implementación de proyectos productivos, asistencia técnica agropecuaria y subsidio al ingreso, por sobre las pretensiones del uso de la fuerza pública para erradicación forzosa y/o la aspersión o fumigación con glifosato, lo que desconoce también a la Corte Constitucional en su sentencia T-236 de 2017 que impuso una serie de reglas y requisitos obligatorios que no han sido observados.

Los decretos supra referidos, reconocen y advierten conforme al punto 3 del Acuerdo, que a medida que la ex guerrilla de las FARC dejara sus armas, haría los territorios y comunidades en donde hay cultivos ilícitos vulnerables al ingreso o presión de otros grupos o actores que se encuentran en la ilegalidad y con presencia en estas zonas, afectando y debilitando la institucionalidad pública, por lo que se insta a las distintas autoridades del Estado a fortalecer de manera integral, democrática, participativa y concertada estas regiones y comunidades, mediante una transformación de las condiciones económicas, educativas, de salud y demás que han sumergido a dichas poblaciones en la pobreza extrema, compeliéndolas a tener que producir cultivos de uso ilícito, ante la carencia material de otras oportunidades de vida.

Efectivamente, una posibilidad real de neutralizar el empoderamiento de actores armados entre otros que promueven la violencia y la permanencia de cultivos ilícitos, consiste en un fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado y las comunidades para producir condiciones de sostenibilidad económica, ambiental, política, social y cultural, por encima de la práctica de pretender privilegiar la fuerza como medio para acabar los mencionados cultivos, conocida por su fracaso, ineficacia y propensión a aumentar más violencia, contaminación de suelos, aguas, fauna, flora y de poblaciones afectadas en su salud.

Las Zonas de Reserva Campesina, en consecuencia, reiteramos nuestro respaldo al Acuerdo de Paz, el uso de canales democráticos, participativos, integrales e

institucionales de construcción de paz. Confirmamos que nuestros territorios y comunidades son áreas en donde se difunde, defiende y abraza la paz anhelada por generaciones. Hoy vemos con honda preocupación el incremento de la muerte por violencia armada, política y económica, el desplazamiento forzado, las masacres selectivas y generalizadas.

Para los efectos arribas expresados, ofrecemos de nuestra parte el acompañamiento, respaldo y voluntad como ANZORC, sus organizaciones, comunidades y territorios, para que exploremos posibilidades como: (1) instalación de una mesa de seguimiento y concertación a la implementación del PNIS y los PISDA en los territorios con presencia de cultivos ilícitos; (2) promoción institucional por parte del Ministerio Público para exhortar a las instituciones del orden nacional y territorial a cumplir los Decretos 896 y 362 de 2017, entre otras normas relativas a la priorización de sustitución voluntaria, concertada, gradual, manual, diferencial de cultivos de uso ilícito, con garantías de sostenibilidad económica y social, por sobre la erradicación forzosa y el uso de glifosato; (3) instalación de mesas de seguimiento y promoción de garantías interinstitucionales de protección de los DD.HH y el DIH de las comunidades campesinas en donde existen cultivos de uso ilícito, con enfoque territorial, intercultural, diferencial y de género.

Señor Procurador: nuestras vidas y territorios, la estabilidad del PNIS, los PISDA, el Acuerdo de Paz y su materialidad en el goce y disfrute de los derechos, corren grave peligro. Por ello, solicitamos de parte suya la intervención e implementación de medidas que permitan que los mencionados decretos, normas y demás relativas al Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria, gradual, concertada y participativa de cultivos de uso ilícito no fracase.

Recibiremos respuesta a esta petición en la Calle 17 Nº5 – 21 oficina 301 de esta ciudad, correo electrónico presidencia.anzorc@gmail.com, teléfono: 7 02 91 34,
celular 316 744 48 50.

C.C:
CARLOS MEDINA
Procurador Delegado para la Defensa de Derechos Humanos

Con la mayor atención,

ANDRÉS ELÍAS GIL GUTIÉRREZ
C.C. 74.180.567 de Barrancabermeja-Santander
Representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina- ANZORC

[1En el año 2017, según versiones de la comunidad afectada, al menos ocho campesinos murieron y cincuenta más resultaron heridos tras haberse enfrentado a la fuerza pública quienes estaban en una misión de erradicación forzada de cultivos; según la versión de los agentes estatales, se trató de acción de grupos armados ilegales que se oponían al operativo. Ver sobre el particular: https://www.semana.com/nacion/articulo/tumaco-investigan-muerte-de-personas-durante-protesta- de-cocaleros/543001

[2E. el año 2017, se presentaron confrontaciones entre campesinos e indígenas contra la fuerza pública luego de operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito: https://noticias.caracoltv.com/cali/comunidad-se-enfrenta-la-fuerza-publica-por-la-erradicacion-de- cultivos-de-coca-en-el-cauca. Nuevamente, este año se presentaron nuevos episodios de enfrentamiento entre comunidades y fuerza pública y en donde un campesino recibió un impacto de bala en una pierna: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/campesinos-de-cajibio- cauca-piden-respetar-los-acuerdos-y-cesar-la-erradicacion-de-coca-en-la-zona-articulo-837270

[3Confrontación entre cerca de quinientos (500) campesinos cocaleros y la fuerza pública luego del anuncio del Ministro de Defensa en 2017 conforme al cual retornarían las erradicaciones forzadas en aquella región del Catatumbo: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/campesinos-y- fuerza-publica-enfrentados-por-erradicacion-forzada-en-el-catatumbo-articulo-713192

[4Nuevamente, en Tumaco, Departamento de Nariño, en febrero de este año, un policía murió en un campo minado en medio de cultivos de coca, y once más fueron heridos. https://www.eluniversal.com.co/colombia/un-policia-muerto-y-11-heridos-tras-caer-en-campo- minado-JY818784. En 2008, por la misma época, un grupo de uniformados fueron retenidos y posteriormente entregados a una comisión humanitaria, tras confrontaciones por oposición a la erradicación forzada de cultivos: https://www.elpais.com.co/judicial/varios-uniformados-de-la-policia- habrian-sido-retenidos-por-campesinos-en-tumaco.html.