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Derechos humanos
Condenan al Estado por falsos positivos en el Magdalena Medio
Otra condena por ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares del Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibío, de la Brigada XIV del Ejército Nacional.
Humanidad Vigente / Lunes 26 de agosto de 2019
 

El tribunal administrativo de San Andrés declaró responsable y condenó al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales del joven Carlos Mario García y el campesino Parmenio Manuel Hernández, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, por miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Ingenieros No.14 Batalla de Calibío, en hechos ocurridos en la región del Magdalena Medio en el año 2007.

Durante estos años el Batallón estuvo al mando de los tenientes coroneles Wilson Ramírez Cedeño y Néstor Camelo Piñeros, la Brigada XIV al mando de los coroneles Jorge Alberto Segura Manonegra y Juan Carlos Barrera Jurado; y estas dos unidades militares adscritas a la VII División al mando del brigadier general Luis Roberto Pico Hernández, y todas las anteriores bajo la Comandancia General del Ejército de Mario Montoya Uribe, quien hoy se encuentra vinculado a una investigación en la fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y es compareciente ante la Jurisdicción de Paz.

El tribunal administrativo logró determinar que estas acciones criminales se enmarcan en lo que se conoce como “fallas en el servicio”, es decir: el incumplimiento de los deberes legales y constitucionales que tienen los miembros del Ejército de proteger la vida, integridad y honra de todas las personas, y agregó que estos hechos constituyen prácticas criminales aborrecibles que obedecen a ver y a estigmatizar a los pobladores de un territorio en conflicto como enemigos.

Las víctimas: Carlos Mario y Parmenio

Carlos Mario García y Parmenio Manuel Hernández eran campesinos trabajadores, fueron ejecutados arbitrariamente y presentados como resultados operacionales -bajas en combate-.

Carlos Mario era un joven de 21 años, perteneciente a una familia campesina y trabajadora de la región del Magdalena Medio, era el menor de tres hermanos y se destacaba por su liderazgo social y comunitario, pues era reconocido por su participación en el grupo de danza de la región; se desempeñaba como aserrador en la vereda Ojos Claros en el Sur de Bolívar.

El 27 de marzo de 2007 fue contratado para transportar una carga de madera en un punto conocido como La Cooperativa, ubicada en Puerto Nuevo Ité, en Remedios (Antioquia).

Al día siguiente, junto a su compañero de trabajo José Yadir Mosquera, emprendieron camino hacia el lugar de trabajo, pero fueron abordados a alturas del río Tamar por militares del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío, quienes los retuvieron con la excusa de responder a unas preguntas por parte del teniente de la tropa, César Augusto Castellanos. En ese momento los militares los obligaron a sentarse en el tronco de un árbol y le dijeron al joven José que iba a ser interrogado junto a otras personas, y serían puestos en libertad si contestaba que no los conocía. En el momento en que fueron separados José logro escapar de los militares alertando a la comunidad que estaba siendo perseguido por militares.

En horas de la noche, las noticias locales informaron que el Ejército había dado de baja a un guerrillero de las FARC y que el otro había logrado escaparse, incautando material de guerra.

Carlos Mario García fue presentado como dado de baja en combate junto con un fusil AK44, con cuatro proveedores y 104 cartuchos. Los informes técnicos de balística demostraron que el joven no tenía residuos de disparo de dicha arma, y que el disparo que le causó la muerte se hizo a una distancia entre los 15 a 17 metros, mientras él se encontraba estático, probablemente de rodillas.

Para el tribunal es claro que la muerte de Carlos Mario constituye una ejecución extrajudicial, así como una abierta violación al derecho a la vida. Igualmente indica que es preocupante comprobar que este hecho corresponde a “una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en un lugar de conflicto, realidad propia de los excesos de la guerra”.

También destaca que se omitieron medidas de vigilancia y control por parte de los superiores prestos a lograr el comportamiento adecuado por sus alternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente a este comportamiento violatorio de derechos humanos, y hace énfasis en las múltiples quejas presentadas por usos y abusos de la tropa al mando del teniente César Augusto Castellanos León, y otras al servicio de las Fuerzas Militares en la región, por desapariciones forzadas, torturas y homicidios selectivos, entre otros.

Por el crimen de este joven campesino y líder social no se vinculó con medida de aseguramiento a ninguno de los militares implicados en los hechos como autores materiales, y desde hace más de siete años el proceso se encuentra estancado en el juzgado promiscuo de Simití, a espera de que se realice una inspección judicial al lugar de los hechos.

Parmenio Manuel Hernández era un campesino y agricultor de 41 años de edad, que vivía en la zona rural de Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Cantagallo (Bolívar), junto a su compañera permanente y tres hijos menores de edad. El día 27 de diciembre del 2007, aproximadamente a las nueve de la mañana, militares del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío, en conjunto con una persona encapuchada y tres supuestos reinsertados, llegaron a la casa de Parmenio amenazándolo a él y a su familia de muerte.

El teniente Javier Danilo Paéz Herrera, quien estaba a cargo de la tropa, disparó en diferentes oportunidades al aire obligando a salir al campesino y a su familia de la casa. Estos fueron llevados y separados a unos cuantos metros del lugar de residencia. La compañera del campesino solo obtendría noticias de su paradero hasta el 5 de enero del 2008, pues fue encontrado en el anfiteatro de la ciudad de Barrancabermeja, vistiendo un pantalón camuflado y presentado como guerrillero dado de baja en combate. De manera absurda el Ejército Nacional reportó que se habían gastado más de 250 cartuchos y habrían utilizado granadas en el supuesto operativo que acabaría con la vida de Parmenio.

El tribunal declaró responsable al Estado colombiano por la muerte del señor Parmenio, pues el teniente Javier Danilo Paéz se acogió a sentencia anticipada por este homicidio, relatando cómo él y otros miembros de la unidad militar cometieron este crimen en el marco de una operación militar, mediando órdenes que venían desde el comandante de batallón y presiones por bajas desde comandantes de Brigada y División, por lo que el tribunal rechaza la defensa judicial del Ejército Nacional, que argumentó que el hecho fue producto de un tercero ajeno a las Fuerzas Militares, así mismo indica que este fue un hecho endógeno, premeditado y claramente previsible, en donde posteriormente se orquestó un entramado de simulaciones en aras de falsear y ocultar la verdad frente a la muerte del campesino.

Por estos hechos, en el proceso penal se condenó al teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño quien fuera el comandante del Batallón para la época de los hechos, junto al capitán Javier Enrique Alarcón Ávila, jefe de inteligencia del Batallón; el teniente Javier Danilo Paéz, el cabo primero Silvio Sánchez Ocoró y los soldados William Andrés Álvarez Otero, Leonel Gómez Mosquera, Julio Jaime González Basilio, Cayetano de Jesús Gutiérrez Torres, Hernán Darío Mosquera, Eduardo Ruiz Tovar, William Nájera Better, Raúl Weimar Valencia Gaviria y Carlos Enrique Vega Arrieta.

Una práctica sistemática. Ni descuidos ni manzanas podridas

Estos hechos criminales no fueron hechos aislados, sino que sumaron a las más de 154 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos” ocurridas entre los años 2002 y 2008, presentados en el informe “Ni descuidos ni manzanas podridas, una política de Estado”, el cual fue entregado el pasado 27 de mayo ante la JEP en la ciudad de Medellín y donde se documentan 112 casos en los que están comprometidos miembros de la Fuerza Pública pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas para entonces a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional.

Inclusive en el 2009 medios nacionales reportaban algunas de estas violaciones de derechos humanos así: “los reclutadores son solo la pieza más pequeña de la maquinaria de muerte que, según la evidencia, funcionaba en la zona. El engranaje principal, según las investigaciones, lo integraban militares de esa guarnición, cuya lista la encabezan el comandante de ese grupo, coronel Wilson Ramírez Cedeño; el oficial de operaciones Carlos Ávila; el capitán de Inteligencia, Javier Alarcón, y una lista de 14 uniformados más, entre los cuales hay mayores, sargentos y soldados”.

Muchos de estos casos hoy se encuentran en la impunidad, algunos de los militares vinculados a procesos judiciales penales han comparecido a la JEP obteniendo su libertad.Los familiares de estas víctimas esperan que en esta justicia transicional se logre esclarecer la verdad y determinar la responsabilidad de los altos mandos, para así dignificar la memoria y honra de las víctimas, así como la reparación y las garantías de no repetición.