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La unidad de los colombianos debe darse en torno a la paz con justicia social
Réplica de los partidos de oposición en cabeza de FARC.
/ Martes 3 de septiembre de 2019
 

Conocidas las imágenes en las que un reducido grupo de antiguos mandos de lo que fueron las FARC-EP, le anuncian al país su decisión de regresar a las armas y la posterior reacción del Gobierno Nacional, los partidos declarados en oposición nos unimos al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por este grupo de personas, que constituye una violación de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz. Los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos.

La firma del acuerdo de paz despierta la más amplia simpatía y acompañamiento por parte de la comunidad internacional y en particular de nuestros hermanos latinoamericanos, al igual que ha sido respaldada por todos los colombianos y colombianas que creemos que por medio del dialogo civilizado y la profundización de la democracia podemos y debemos construir un mejor país. Los mensajes de las comunidades desde los distintos territorios de Colombia y la inmediata reacción rodeando al acuerdo y a los más de 95% de exguerrilleros que permanecen firmes con la paz, por parte de sindicatos, partidos, liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y gremios son el reflejo del país nacional que anhela la concordia. A todas estas voces y expresiones de paz debemos enviarles un mensaje claro y preciso: Los que queremos la paz somos muchos más y tenemos la obligación de no desfallecer.

Rechazamos igualmente, las declaraciones dirigidas a aprovechar la situación para llamar al incumplimiento de lo pactado por el Estado colombiano con la insurgencia de las FARC-EP e instamos al Gobierno Nacional a la implementación integral del Acuerdo en todos sus puntos.

No se trata solamente de ofrecer certezas para la reincorporación socioeconómica y política de los exguerrilleros, el Acuerdo es ante todo una ruta para una paz estable y duradera a nivel territorial, mediante la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, la reforma política, incluidas las 16 curules para las víctimas, en la Cámara de Representantes; garantías ciertas de seguridad para el ejercicio político de los exguerrilleros y los líderes sociales, el desmonte del paramilitarismo, así como el cumplimiento a las más de 90.000 familias que se comprometieron con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición obliga por igual a las partes firmantes, así como a todos los intervinientes en el conflicto, la sociedad colombiana y la comunidad internacional estarán vigilantes al cabal cumplimiento de esos compromisos. Cualquier intento por alterar los acuerdos en materia tan delicada, contará con su seguro rechazo.

La implementación del Acuerdo solamente estará garantizada si en el presupuesto nacional se asignan los recursos suficientes para su materialización. Nadie entiende que para la guerra resulten recursos inmediatos, mientras se regatea cada peso que se destina a la construcción de la paz.

El deseo mayoritario de los colombianos de vivir en paz nos convoca a todos, sin excepciones, a la más firme defensa del Acuerdo y a persistir en la búsqueda de una paz completa que, tal como lo demuestra la experiencia histórica, no vendrá solamente de la persecución policial y militar a los distintos fenómenos que hoy día alteran la tranquilidad de las comunidades en los territorios.

La unidad de los colombianos, sin distinciones, debe darse en torno al noble propósito de una paz cimentada sobre la base de la justicia social. No podemos gastarnos otros 50 años, en enfrentamientos inútiles, no nos lo perdonarían las generaciones venideras.

Para ese propósito de una paz con justicia social, el país puede contar con nuestro decidido aporte.