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En La Nevada despojan para hacer agroindustria
En el Caribe la estructura mafiosa y paramilitar nunca se desmontó, tan solo sufrió un rediseño y un cambio de cabecillas, pero son los mismos clanes y gamonales políticos, la misma estructura repotenciada gobernando e imponiendo el terror en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Carmen Tarazona / Lunes 23 de septiembre de 2019
 

“El paramilitarismo quería que todos los parceleros les firmáramos un proyecto de palma. Ahora las veredas Los Navajos, San Miguel, La Mano de Dios, y la arrocera Ariguaní, están sembradas de palma” Lideresa reclamante de tierras.

Los señores de la guerra de antes eran Hernán Giraldo y Jorge 40, ahora el despojo lo hacen Los Pachencas, pero los beneficiarios son los mismos nuevos ricos, que compran las tierras despojadas para sembrarlas con palma aceitera y banano.

Campos de concentración y esclavitud sexual

Desde la década de la bonanza marimbera (marihuana) en los años 70 del siglo anterior, las élites del Magdalena, el Cesar y La Guajira, con el pretexto de “combatir a la insurgencia”, le entregaron el control de la región al jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien estableció un emporio de terror que ha dejado más de 10.646 víctimas, entre desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado, entre otros, cuyas principales víctimas fueron los campesinos y los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo [1].

A partir del año 2000, el Plan Colombia con operaciones contrainsurgentes aceleró la aplicación del terror, los narcoparamilitares de Jorge 40 protegidos por las bases del Ejército estatal establecieron campos de concentración en el sitio El Cincuenta, en donde recluyeron a comunidades campesinas enteras y convirtieron en esclavas sexuales a las esposas e hijas de los líderes campesinos.

Arrasan la cultura ancestral

Los narcoparamilitares financiaban grupos religiosos con el fin de afectar los patrones culturales de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), además de prohibirles realizar sus rituales ancestrales y vivir su espiritualidad.

Óscar Ospino, alias Tolemaida, uno de los lugartenientes de Jorge 40, en versión libre dijo que “los pueblos indígenas sufrieron por parte nuestra grandes afectaciones en su territorio, en sus comunidades, en sus tradiciones. Así lo hemos reconocido”.

La arremetida violenta contra los pueblos indígenas es tan grave que la Corte Constitucional declaró a la etnia Kankuamo en riesgo de exterminio físico y cultural, por lo que recibió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [2].

Una reparación es el derecho de amparo

La Sala Penal de Justicia y Paz evidenció que el Frente Resistencia Tayrona, comandado por Hernán Giraldo, atacó a los pueblos indígenas que habitan la SNSM con el objetivo de ganar control territorial.

A fin de reparar a las víctimas, la sentencia del Tribunal consideró medidas de reparación diferentes a las de la población campesina. Dichas medidas consisten en la protección de la Línea Negra, que de acuerdo con el fallo son “los territorios sagrados esenciales para el desarrollo étnico, espiritual e integral de las comunidades indígenas de la SNSM” .

El fallo ordena la reparación integral de las víctimas y responsabiliza al Estado de su cumplimiento a través de los ministerios de Interior, Agricultura, Justicia y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; de igual forma el juzgado insta a las Gobernaciones del Magdalena, Cesar y La Guajira a acatar las medidas ordenadas por la sala penal [3].

Guerra por la tierra

En el departamento del Magdalena el ochenta por ciento de los pobladores fueron obligados a abandonar sus tierras. Hay documentados no menos de 130 hechos de desplazamiento que suman 13.146 habitantes desplazados en la SNSM [4].

En El Copey hay más de trescientas reclamaciones de tierras sobre 21 mil hectáreas; los paramilitares son responsables de 176 desapariciones forzadas y 5.311 desplazados. En los tres corregimientos Chimila, Caracolicito y San Francisco de Asís y sus 71 veredas, el abandono forzado fue total [5].

El paramilitarismo de Uribe III

Con la supuesta desmovilización en 2006 de los paramilitares, sus principales jefes fueron a las cárceles de EEUU; tiempo después muchos han regresado y han retornado a sus actividades ilícitas bajo nombres y franquicias que mutan. Esto ha ocasionado la revictimización de la población y el retorno del terror y la zozobra.

En el Caribe la estructura mafiosa y paramilitar nunca se desmontó, tan solo sufrió un rediseño y un cambio de cabecillas, pero son los mismos clanes y gamonales políticos. En suma: la misma estructura repotenciada gobernando e imponiendo el terror en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.