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El trasfondo de los atentados contra las sedes del PCC, la UP y la FARC
Álvaro Villarraga / Viernes 18 de octubre de 2019
 

El atentado cometido el pasado 11 de octubre de forma consecutiva contra las sedes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y UP (Unión Patriótica) de una parte y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) de otra, aunque se inscriben en la ola de violencia política suscitada en el presente contra distintos partidos y movimientos políticos y sus candidaturas en desarrollo de la campaña electoral territorial tiene causas e implicaciones de fondo y gravedad.

Se trató de un mismo ataque, realizado por los mismos autores, con el mismo motivo y con mensajes amenazantes similares e idénticos. No se trata de una disputa política ni se reduce a una presión violenta en medio de la contienda electoral, constituye un hecho más que se asocia a las dinámicas históricas de graves y sistemáticos ataques focalizadas contra determinadas organizaciones política de la izquierda colombiana. El carácter del ataque es de violencia política a través de un atentado de carácter terrorista realizado por un actor directo que aparece oculto pero que procede desde la estrategia de largo alcance y graves efectos aún no desmontada que conjuga dinámicas de anticomunismo, intolerancia con la oposición política de izquierda y ataques a los protagonistas de los procesos de paz.

El trasfondo político y con motivaciones ideológicas es reconocido por todos los sectores sociales, partidos políticos y sectores de opinión que expresaron su solidaridad a los afectados y por algunos medios de prensa que se pronunciaron con opiniones más allá de la información inmediata del hecho sucedido: “A diferencia de otros hechos violentos contra campañas y candidatos, cuyos móviles no siempre son claros, aquí hay elementos suficientes para decir que fue un acto con fines de intimidación y con motivaciones ideológicas [1]. Entre tanto el Gobierno nacional de bajo perfil aludió con generalidad la necesidad de las garantías para todos los partidos, pero cayó ante la particularidad y gravedad que reviste este atentado, mientras otras autoridades no pasaron de respuestas formales.

Es de advertir que este hostigamiento con armas de fuego y uso dispositivos incendiarios como lo advirtieron en declaraciones dirigentes de los partidos afectados pudo tener mayores consecuencias de no ser por algunos dispositivos de seguridad como la protección de los accesos, puertas y los vidrios blindados. De hecho, se produjeron disparos que habían podido causar víctimas fatales y daños mayores y la bomba arrojada pudo haber causado un incendio de las instalaciones. Al respecto no resultaría válida la hipótesis de que los atacantes fallaron al pretender mayores afectaciones y estragos, sino que fueron además explícitos con el propósito expreso a través del mismo mensaje violento con carácter de amenaza dejada con los letreros: “regresamos”, a la vez que su significado es el de advertir que pretenden la continuidad y gravedad de los diversos ataques que se realizan contra el tipo de partidos afectados, al usar en los hechos símbolos como la cruz neonazi, el martillo y la calavera indicando la muerte [2].

El PCC es la organización de izquierda más histórica y tradicional en Colombia, desde los años 30 acompaña luchas campesinas, obreras y sociales bajo paradigmas de democracia y socialismo y ha sido matriz y base para otras vertientes de izquierda y para alianzas y convergencias de movilización política y electoral. En su contra siempre se ha esgrimido desde el Estado y vertientes de la derecha el anticomunismo y con mucha frecuencia los ataques violentos contra su militancia. Aunque llegó a ser reconocido legalmente en la época de la llamada República Liberal, a partir de la violencia masiva desatada desde 1946 por sucesivos gobiernos conservadores contra población especialmente campesina de filiación liberal, comunista, socialista e independiente. La persecución y las matanzas contra todos se hacían a nombre del señalamiento de “comunistas” como lo predicaban con radicalidad los instigadores y responsables de la violencia generalizada.

El gobierno militar de Rojas traicionó el propósito de paz anunciado y la amnistía concedida para pasar al ataque represivo policivo y militar contra las demandas campesinas, sindicales, estudiantiles y sociales, de forma que causó numerosas víctimas entre los gestores de tales movimientos sociales siendo buena parte de ellos militantes comunistas. Así mismo, el Frente Nacional que instaló un régimen liberal conservador excluyente, con casi permanente estado de sitio, aplicó una represión política contra diversas vertientes políticas y sociales progresistas, de forma que mantuvo el ingrediente del anticomunismo, relacionado en un especto más amplio al ataque contra todos los opositores concebidos como expresión del “enemigo interno”, entendido durante la llamada “guerra fría”, como toda expresión de opinión crítica, movilización social o política que pudiera ser entendida como favorable o asociada al comunismo y al socialismo.

El PCC interpreta el atentado sufrido como una nueva expresión del anticomunismo y señala que no han sido superadas las causas, que los aparatos criminales de la victimización emprendidas desde décadas pasadas hasta la actualidad y hace referencia a los impactos actuales en su contra en consecuencia. “En la experiencia colombiana el objetivo del anticomunismo ha sido la destrucción de la organización política denominada Partido Comunista, la desarticulación de su estructura, el bloqueo a su medio de comunicación VOZ, el espionaje de su actividad legal, así como la de la Juventud Comunista; el asesinato, el destierro o el exilio de sus dirigentes; la estigmatización de sus símbolos, de su nombre y en consecuencia de su identidad” [3]. En consecuencia, el PCC recientemente ha presentado un informe inicial ante la JEP, en demanda de ser reconocido como víctima colectiva del conflicto y reclamar esclarecimiento y responsabilidades al respecto.

Por supuesto que la situación colombiana se complejizó al traducirse en un conflicto bélico interno, dada la resistencia guerrillera liberal y comunista ante las agresiones históricas sufridas. En tal contexto, el PCC como otras vertientes de izquierda y organizaciones sociales del ámbito popular, sufrieron en décadas recientes altos niveles de victimización, dadas las sospechas y señalamientos de presunta colaboración con las guerrillas insurgentes. Dados propósitos políticos y estratégicos comunes entre las FARC EP y el PCC, éste ha sido objeto de brutal persecución. En 1985 producto del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Betancur y las FARC EP surgió la UP como agrupación del PCC, otras vertientes políticas de izquierda y sociales, como proyecto político que serviría para el tránsito de esta insurgencia a la vida legal. Sin embargo, la acción de exterminio en su contra fue inmediata, derivó en genocidio e incluso se profundizó al romperse tal acuerdo de paz y durante más de dos décadas llegó a causar varios miles de víctimas entre militantes del PCC y la UP. Este genocidio en la impunidad cursa como demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Memoria Histórica con Reiniciar -ONG que agrupa las víctimas sobrevivientes de la UP- realizó un informe en 2018 reconociendo la responsabilidad estatal en lo sucedido [4].

“El genocidio como práctica social justificada en el anticomunismo no solamente ha generado un daño profundo al Partido, privándolo de sus mejores conductores, sino que también ha hecho daño a la sociedad colombiana pretendiendo lanzar al ostracismo su praxis política y de masas” [5].

Aunque se realizó la Asamblea Nacional Constituyente, se consiguieron acuerdos de paz con parte de la insurgencia (M19, EPL y otras fracciones guerrilleras y milicianas regionales menores), de forma que si bien se expidió la Constitución Política de 1991 que consagró derechos y garantías fundamentales, el conflicto bélico se prolongó y se escaló entre el Estado y las guerrillas FARC EP y ELN, a la vez que se masificaron los ataques de la “guerra sucia” paramilitar, que en esta década causó principalmente miles de víctimas entre el campesinado. Estado, paramilitares y guerrillas se vieron comprometidos con la realización de frecuentes, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, como lo constataron múltiples informes de entidades internas e internacionales.

En años recientes la UP recuperó legalmente su personería jurídica en una acción de reclamo precisamente fundamentada en la victimización sufrida. El contexto de ambientación y desarrollo de los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las FARC EP permitieron el progresivo retorno de varios de sus dirigentes exiliados, entro ellos su presidenta Aída Abella, quien fue elegida senadora como parte de la coalición hecha con el proyecto político Colombia Humana, con el cual comparten en la actualidad el registro legal y la bancada parlamentaria conjunta con otros sectores progresistas como la ASI de conformación indígena. Ante el atentado sufrido contra su sede, Aída Abella sorprendió positivamente al declarar ante los medios de prensa dirigiéndose a los responsables: “los esperamos que vengan, pero sin armas, para poder conversar sobre la construcción de la paz”. De hecho, causa alarma el que el atentado contra la UP sea uno más de la saga de varios hechos que insinúan prolongar los efectos de la acción genocida sufrida, cuando precisamente han sido un proyecto político creado y actuante para la paz.

Por su parte las FARC ha honrado el cumplimiento de los términos del acuerdo de paz y aunque sufrió inicialmente fuertes ataques principalmente desde los opositores a este acuerdo que incluyen hechos frecuentes de asesinatos, desapariciones y atentados, se mantienen con tenacidad y claridad en un discurso civilista orientado a tejer acuerdos en aras de la construcción de un proyecto de paz democrática. La Misión de Verificación de la ONU con respecto a la violencia sufrida por el partido FARC estableció: “Desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre de 2016), la Misión ha verificado 147 homicidios, 12 desapariciones y 21 intentos de homicidio” [6]

A propósito del atentado sufrido el partido FARC declaró: “Se trata sin duda, de un aviso terrorista de la extrema derecha fascista, en su intención de reeditar los alevosos ataques contra sedes políticas, que precedieron al asesinato de más de cinco mil dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, en los años 80s y 90s del siglo pasado, constituyendo el genocidio político más aberrante de la historia reciente en el mundo” [7]. Y demandaron al Estado y al gobierno que se cumplan con eficacia las garantías debidas: “…demandamos del Estado cumplimiento integral de los compromisos pactados, incluida la seguridad para el ejercicio de la política” [8]. Llaman así mismo, a la solidaridad con su proyecto, en tanto convergencia amplia en pro de la paz que cuenta con simpatía y amplio apoyo de la comunidad internacional.

“A la Segunda Misión de las Naciones Unidas, a los países garantes, al grupo de notables; y, a la comunidad internacional, que nos ha expresado su apoyo, les pedimos permanecer atentos, para no permitir que un reducido grupo que se beneficia con la guerra, se interponga en lo que es sin duda, el logro más importante de los últimos años en materia de paz en el mundo” [9].

En el contexto nacional en lo corrido de 2019 para el momento de estos atentados referidos la Defensoría del Pueblo había reportado 15 homicidios y 192 amenazas cometidas contra personas participantes en las campañas electorales de distintos partidos políticos. De forma tal que se conjugan demandas altas por la ciudadanía y todas las vertientes sociales y políticas para que hayan garantías efectivas, en la campaña electoral actual. Pero también corresponden el reclamo simultáneo para que cesen los ataques sistemáticos en las regiones contra los liderazgos sociales, étnicos y de defensores de derechos humanos que ya cobran más de 700 vidas en los últimos tres años. Y se agrega la demanda para que cesen los ataques históricos y presentes contra vertientes políticas como el PCC y la UP y se hagan efectivas y reforzadas las protecciones debidas para con los protagonistas del proceso de paz en curso, en particular contra la militancia del partido FARC y su entorno.

REVISTA SUR

[1”“Condena firme”, editorial, El Tiempo, 14 de octubre de 2019, página 1.12.

[2“Partidos de izquierda denuncian ataques contra sus sedes políticas en Bogotá”. El Heraldo, Barraquilla, octubre 12 de 2019. https://www.elheraldo.co/politica/partidos-de-izquierda-denuncian-ataques-contra-sus-sedes-politicas-en-bogota-672279

[3“Carta Política. Presentación caso PCC JUCO ante la JEP”, 28de noviembre de 2019.. https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/9573-carta-politica-presentacion-del-caso-pcc-juco-ante-la-jep

[4Todos sucedió frente a nuestros ojos, el genocidio contra la UP”, El genocidio contra la Unión Patriótica. CNMH, Bogotá, 2018.

[5“Carta Política. Presentación caso PCC JUCO ante la JEP”, 28de noviembre de 2019.. https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/9573-carta-politica-presentacion-del-caso-pcc-juco-ante-la-jep

[6“ONU preocupada por aumento de violencia política en el país”. Portafolio, Bogotá, octubre 12 de 2019. https://www.portafolio.co/tendencias/exguerilleros-de-las-farc-asesinados-534311

[7“Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la política”, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Consejo Político Nacional. Bogotá octubre 15 de 2019. https://partidofarc.com.co/es/actualidad/exigimos-plenas-garant%C3%ADas-para-el-ejercicio-de-la-pol%C3%ADtica-601

[8“Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la política”tido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Consejo Político Nacional. Bogotá octubre 15 de 2019. https://partidofarc.com.co/es/actualidad/exigimos-plenas-garant%C3%ADas-para-el-ejercicio-de-la-pol%C3%ADtica-601

[9“Exigimos plenas garantías para el ejercicio de la política”, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Consejo Político Nacional. Bogotá octubre 15 de 2019. https://partidofarc.com.co/es/actualidad/exigimos-plenas-garant%C3%ADas-para-el-ejercicio-de-la-pol%C3%ADtica-601