Se cumplieron ocho años de la firma del Plan de Acción Laboral, PAL, Obama-Santos dentro del marco del TLC con Estados Unidos. Fue el primero de una serie de acuerdos de libre comercio que se firmaron después bajo la premisa de que, con más inversión extranjera y menos restricciones al comercio internacional, crecería la economía colombiana y el empleo.

Es la razón para que este XII Informe Nacional de Trabajo Decente la Escuela Nacional Sindical lo dedique a evaluar si estos acuerdos comerciales y planes laborales mejoraron o no las condiciones de trabajo decente, o sea si tuvieron impacto en los cuatro pilares que lo fundamentan: oportunidades de empleo e ingresos, protección social, inspección laboral y libertades sindicales.

Colombia es uno de los países de la región más integrado al mercado mundial mediante el fomento de la inversión extranjera y los tratados de libre comercio. Pero en el PIB la participación de las exportaciones de bienes y servicios sigue siendo inferior a la de las importaciones. En 2010 las primeras fueron el 16,3% del PIB, las segundas el 17,9%. Ya en 2018 las exportaciones representaron el 15,9% y las importaciones el 20,9%.

El PIB creció 5% en promedio anual entre 2006 y 2011 (antes de la vigencia del TLC con Estados Unidos). En los años siguientes rebajó a 3,2%, como consecuencia de la dependencia de la economía nacional a la extracción de bienes minero-energéticos. Entre 2011 y 2018 la participación del petróleo y derivados en las exportaciones fue 45% en promedio, el sector minero 15,7%, mientras sectores llamados a reactivarse en entorno de libre comercio, como la industria y la agricultura, solo participaron con el 19,3% y 15,7% respectivamente. Además la competitividad del país cayó 9 puestos: del 51 al 60.

Todo lo anterior lo que indica es que en el caso colombiano los acuerdos comerciales no han cumplido su promesa de crecer la economía y el empleo. Entre 2012-2018 los nuevos ocupados fueron 1.761.000,1.210.000 empleos menos que en el período 2005-2011, antes del TLC, cuando fueron 2.971.000.

Al firmar los TLC, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea aceptan la regulación laboral colombiana y esperan que los bienes y servicios que reciben de nuestro país provengan de empresas que contraten trabajadores bajo las normas colombianas y están reguladas. Sin embargo, persisten prácticas de tercerización y relaciones laborales ilegales que afectan el cumplimiento de estándares internacionales.

La informalidad laboral

En 2018 Colombia tuvo 22´457.000 personas ocupadas, 14,5 millones de ellas excluidas de la seguridad social básica. La informalidad laboral, medida por afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, en el país es de 65,7%, que si bien ha mermado respecto a 2011, permanece alta. Y el 47,1% de los ocupados no tiene contrato de trabajo.

Los Acuerdos de Formalización Laboral, AFL, es una estrategia por la cual uno o varios empleadores, con el fin de condonar multas y sanciones del Ministerio de Trabajo, se comprometen a formalizar sus trabajadores tercerizados ilegalmente, mediante contratos directos. Esta estrategia tuvo alto despliegue mediático pero no el impacto deseado. Entre 2012-2018 el Ministerio firmó 299 acuerdos de formalización, que solo beneficiaron a 38.121 trabajadores. Además, no todos los AFL terminan en contratación directa, muchos fueron “reubicados” mediante SAS que prestaban servicios a la empresa matriz.

Cuenta propismo e ilegalidad

Al 9,7% de los ocupados en Colombia (2’184.318 personas) sus empleadores no les garantizan derechos laborales ni protección social. Lo que indica que la problemática de la tercerización ilegal persiste y lejos está de erradicarse, pese a la presión internacional y a los compromisos del país en el marco de los TLC.

Asimismo, en los últimos 8 años la participación promedio anual de los cuenta-propia en el empleo del país, fue del 43%, la principal categoría de empleo. 8´735.000 personas trabajaron por cuenta propia en 2011. En 2018 ya eran 9’791.000, un incremento en más de un millón.

En virtud del Plan de Acción Laboral Colombia se comprometió a “poner en cintura” a las cooperativas de trabajo asociado y otras formas de intermediación laboral ilegal. En 2011 estas cooperativas era la forma más utilizada, en muchos casos de manera “falsa”, pues actuaban simplemente como intermediarias de mano de obra. Tras su prohibición, en 2017 apenas se registraron 624 cooperativas, con 65.000 asociados.

Pero la intermediación laboral ilegal no desapareció. Sufrió una metamorfosis y aparecen nuevas formas de contratación para fomentar condiciones laborales precarias, como las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, los contratos sindicales y los contratos de prestación de servicios. Todas formas utilizadas para minimizar costos laborales y restringir derechos a las y los trabajadores.

Entre 2011-2017 se constituyeron más de 496.000 SAS, dados los múltiples beneficios y flexibilidades que tienen en materia tributaria y laboral. Además no requieren autorización de la SuperSociedades para disolverse y a sus accionistas apenas les obliga responder por el capital invertido, están libres de responder por incumplimiento de pagos laborales, por ejemplo.

También los contratos sindicales, que se admiten como convenios colectivos, han crecido vertiginosamente. En 2010 existían 50 contratos sindicales, en 2011 fueron 164 y en 2018 se registraron 1.635, es decir, entre 2011 y 2018 se dio un incremento de más del 800%. Y el 98% de estos contratos se firmaron en el sector salud. Funcionan como una forma de flexibilización, para que los empresarios tercericen actividades comerciales, porque entre los trabajadores participes del contrato sindical y el sindicato no existe ningún vínculo laboral.

Bajos salarios y desigualdad

No es cierto que Colombia sea un país de ingresos medios, como reiteradavamente han querido hacerlo creer. Esto porque la clasificación del DANE es irreal, al considerar que una persona de clase media es la que gana entre $450.000 y $2,25 millones, y que el 31% de la población del país se ubica en este rango.

La realidad es que los ingresos promedios de la población ocupada en Colombia son bajos. En 2017 sólo el 25,4% recibió más de 1,5 salarios mínimos mensuales legales, porcentaje menor al de 2010, cuando fue el 26,7%. Lo más preocupante es que el 70,2% de los ocupados tuvo como ingresos promedios menos de 1,5 salario mínimo, población que creció con respecto a 2010, cuando fue el 68% de los ocupados.

Por eso Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, con un coeficiente Gini de 0.517 en 2018. Según la OCDE, Colombia necesita 11 generaciones para salir de la pobreza, mientras que Brasil necesita 9, Chile y Argentina 6.

El estado de la inspección laboral

Pese a los acuerdos internacionales, Colombia aún carece de una arquitectura institucional para fortalecer un sistema de Inspección, Vigilancia y Control del trabajo, no existen suficientes insumos y medios humanos para el funcionamiento del sistema.

Dado que Colombia ha querido venderse ante el mundo como país que cumple condiciones para ingresar a la OCDE y estándares de OIT, para su nivel de desarrollo debería tener un inspector por cada 10 mil trabajadores, o sea 2.229 inspectores. Pero según el propio Ministerio del Trabajo, en 2019 solo tiene 853. El déficit es pues de 1.376 inspectores, con el agravante de que de los 853 apenas 218 tienen funciones específicas de vigilancia y control.

Tampoco cuenta el Ministerio con un Sistema de Inspección para el sector agrícola. Las medidas implementadas en este campo se han derivado del Acuerdo de Paz, y se han tratado de concretar en un Plan de Inspección Móvil para sectores rurales y priorizados para el postconflicto. Pero que no es suficiente, ya que los retos generados para la construcción de paz en Colombia requieren de la presencia permanente, estructural y sistemática del Estado. En ese sentido, la situación es preocupante en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y el Vaupés.

Si bien el actual gobierno hace esfuerzos para implementar la Política Pública de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo (2019-2030), es incoherente con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que el Ministerio del Trabajo puede suspender o terminar por mutuo acuerdo con el empleador, un procedimiento sancionatorio por violación de normas laborales. Es una paradoja, que podría mal formar los loables esfuerzos en la transformación del sistema de inspección y control.

La protección social

El Sistema de Seguridad Social Integral lo conforman cuatro partes: Sistema General de Pensiones; Sistema General de Seguridad Social en Salud; Sistema General de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios.

En 2018 este sistema pensional afiliaba como cotizantes a 8’978.268 personas (cobertura 40%), 6,5 puntos porcentuales más que en 2011. De ese total, a los fondos privados cotiza el 68,3%, a Colpensiones el 25,4%, al Fomag (magisterio público) el 3,7%, y el 2,6% restante pertenece a las fuerzas armadas y de policía.

La cobertura de trabajadores asalariados cotizantes es del 82,8%, lo que indica que las relaciones laborales ilegales alcanzan el 17,2% de esta población.

El hecho concreto es que de cada 100 adultos mayores, apenas 27 están pensionados, lo que significa que el 72,6% restante, si no cuenta con una renta, está condenado a vivir en la indigencia, o con ninguna o muy poca autonomía. En los fondos privados, de cada cuatro personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona. En Colpensiones solo a una de cada 3 se pensiona. A los demás les devolverán sus aportes.

Riesgos laborales

En 2018 el sistema de protección en riesgos laborales, (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) afiliaba 10´487.602 trabajadores, o sea el 46,7% de la población ocupada. Entre ellos 859.863 trabajadores independientes o por cuenta propia.

Con respecto a 2011, la afiliación a este sistema se incrementó de 9,24 puntos porcentuales, y así su cobertura en trabajadores asalariados o dependientes es del 88,8%.

La mayoría de los trabajadores, que son informales o cuenta propia, están desprotegidos de riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral e invalidez. Solo el 8,8% está protegido. El resto debe asumir ellos mismos los riesgos de su actividad laboral, con excepción de la atención en salud, que la tienen mediante el régimen subsidiado.

Según Fasecolda, la desprotección más grave se presenta entre los trabajadores agrícolas y pesca (solo el 13,8% está cubierto). La mayor proporción de afiliados está las flores, el banano, la caña, actividades que tienen una importante presencia sindical. Le siguen las trabajadoras domésticas, con apenas el 18,8% de cobertura; comercio, hoteles y restaurantes (24,3%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (48,1%).

La protección social en salud

Con todas sus deficiencias, el sistema de salud es el que ofrece mayor cobertura. En 2018 afilió 20´756.706 personas aportantes, beneficiarios y del régimen subsidiado, o sea el 92,4% de la población ocupada. Sin embargo, los aportantes al régimen contributivo eran apenas 9´464.959, el 42,2% de esta población, con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en 7 años.

Pero estamos hablando de un sistema de salud en crisis, y en la base de ésta está el hecho de que el Estado le haya entregado al sector privado los enormes recursos de la salud ($37 billones en 2019). Algunas EPS han aprovechado para expandir sus negocios mientras mantienen en crisis el sistema.

Protección ante desempleo (cesantías)

El régimen de cesantías cubre el 41,9% de la población ocupada: 9´403.443 personas afiliadas, el 81,3% de ellas en los fondos privados que las administran, cuyo monto en 2018 ascendía a $10.7 billones. Y el 18,7% restante lo administra el Estado mediante el Fondo Nacional del Ahorro, entidad que el gobierno Duque propone entregársela al sector financiero.

Respecto de los trabajadores asalariados afiliados al sistema de cesantías, la cobertura es del 91,2%, por lo que la proporción de condiciones de trabajo ilegal en esta materia es del 8,8%.

En conclusión, y contrario de lo que decían los promotores de los TLC, el acceso a la protección social universal y eficaz empeoró con estos tratados. Demuestra que la senda más eficaz para el desarrollo económico y la inclusión social es otra muy distinta a la del libre comercio en poder de las empresas transnacionales.

Libertad sindical y diálogo social

Colombia suscribió compromisos de respeto a derechos laborales en tratados internacionales como el Plan de Acción Laboral Obama–Santos, la “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” de la Unión Europea, la Misión de Alto Nivel de la OIT, el estudio de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales en Colombia, y el acuerdo laboral del TLC con Canadá, del año pasado.

En su conjunto, estos tratados comprometen al Estado en 5 políticas: fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (Ministerio del Trabajo y Fiscalía); disminución de la informalidad e ilegalidad laboral; protección y garantías a la libertad sindical; superación de la violencia e impunidad, y ampliación del diálogo social.

Pero pese a estos compromisos, la tasa de sindicalización sigue siendo extremadamente baja en comparación con los estándares internacionales. En los años 70 esta tasa promediaba el 13%, pero la acción combinada de la violencia antisindical, las reformas neoliberales que debilitaron el contrato de trabajo, y la proliferación de pactos colectivos y los contratos sindicales, han dado al traste con la afiliación sindical, que en 2017 fue solo 4,6%. (Ver cuadro).

La baja densidad sindical mengua a su vez la cobertura de la negociación colectiva, razón de ser de una organización sindical. Todas las convenciones colectivas vigentes en Colombia a 2018 suman 1.344, en 1.313 empresas. Benefician a 393.723 trabajadores, el 4,6% del total.

La negociación colectiva en el sector público viene en crecimiento desde el 2013, gracias a los avances legislativos en esta materia, que en medio de grandes movilizaciones del sindicalismo estatal ha permitido la firma de 4 Acuerdos Marcos Nacionales, varios sectoriales en educación, salud, justicia, universidades, y más de 1.000 acuerdos colectivos en las entidades públicas nacionales y territoriales de todo el país. La tasa de afiliación sindical en el sector público es 42%, mientras en el sector privado es apenas 2,2%.

SEMANARIO VOZ