Wilson Parra Lozada fue asesinado anoche en su casa a orillas del río Caquetá en el municipio de Curillo (Caquetá). Ahí había llegado con su esposa y su hijo de cinco años, después de permanecer en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Carmelita (Putumayo), luego de dejar sus armas y uniformes de las FARC.

Parra Lozada, conocido en la guerra como El Indio, ingresó al ETCR hacia 2016 y, dos años después, salió de la zona para asentarse con su familia en el municipio de Curillo. Su hermano Jerson, quien también combatió con él en el frente 32 de las FARC, le contó a Blu Radio que hasta allí llegó con su esposa y estaban cultivando juntos fruta.

“Estuvo en el ETCR y compró una casita y se fue a Curillo. Él trabajaba en el campo, cultivaba la tierra. Él dejó un hijo, ya estaba grandecito, de unos cinco años. Nosotros estamos trabajando en una cooperativa en Guzmán, Putumayo, vamos a cultivar peces”, confirmó el hermano de Parra Lozada.

Según Julián Gallo (Carlos Lozada), senador del partido FARC, este es el asesinato número 169 de exmiembros de la guerrilla desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. En su cuenta de Twitter, el congresista anunció el hecho y criticó el hecho de que 89 de estas muertes han sucedido durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Este caso se da solo seis días después de que Alexánder Parra, otro exguerrillero, fuera asesinado dentro de un espacio de reincorporación. El caso se registró el pasado 24 de octubre en el ETCR Mariana Páez de Mesetas (Meta) y él, además de se excombatiente, era esposo de la excandidata al concejo por el Partido FARC, Luz Marina Giraldo.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sobre los autores de los homicidios de desmovilizados de las FARC registrados entre mediados de 2016 y 2018, el 68% fueron perpetrados por desconocidos, el 14% por disidencias de las FARC y el 8% por el ELN. Además, asegura la FIP, 46% de los asesinatos se dieron en zonas rurales y el 36% ocurrieron en municipios donde hay ETCR.

“Un dato revelador es que el 90% de los casos ocurrieron en zonas con presencia de las disidencias de las FARC, que no sugiere una causalidad, pero sí brinda información clave sobre el contexto en el cual se presentan: territorios donde el desarme de las Farc dejó vacíos de regulación que han sido llenados por viejos y nuevos actores armados ilegales”, asegura la FIP.

El Espectador