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Denuncia
Comunidades del sur de Córdoba son desplazadas por grupos armados y gobernadora culpa al paro del 21 de noviembre
Retoma, disputa y criminalidad rampante sobre la subregión sur de Córdoba en el Alto San Jorge, ¿el Estado dónde está?
 

El 12 de noviembre a las 9 de la mañana, hombres fuertemente armados llegaron hasta la comunidad indígena Dochama (San José de Ure) para expulsar del territorio a sus habitantes. Insultados, agredidos verbalmente y amenazados salieron con la desesperanza a cuestas.

La razón, la causa, ¿por qué expulsar a familias indígenas? Es sin lugar a dudas por la disputa armada que se libran el Clan de Golfo o Autodefensas Unidas de Colombia contra los caparros o Bloque Virgilio Peralta arenas que se presume comparten mandos y tropas con el autodenominado “Nuevo Frente 18”.

Desde noviembre del año pasado, el sur de Córdoba fue incluido dentro de una Zona Estratégica de Intervención Integral – ZEII en el marco del “Plan de Acción Oportuna – PAO” como única solución militar para detener la escalada de muerte y desplazamientos que azota al sur de Córdoba, con atenuación desde 2016 en la salida de las FARC bajo el espíritu del acuerdo final.

En lo que va del 2019, han ocurrido 9 desplazamientos masivos en el alto san Jorge, la criminalidad campea en la zona rural y zona urbana; no existen medidas de contención que cubran tanto manto de llanto, duelo y despojos. 4.500 soldados están presentes, estructurados dentro de lo que se reconoce como la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles. Lo cierto de esta contrarrestacion militar es que no cumplen su objetivo, las comunidades siguen en manos de los delincuentes y sus actos criminales.

Frente a este terrorífico panorama es preciso desmentir las ligeras versiones que en la noche del 12 de noviembre lanzó la señora gobernadora de Córdoba: Sandra Devia Ruiz, en los que alude que el desplazamiento lo cometieron para obligar a estas 13 familias a participar del paro que ocurrirá el próximo 21 de noviembre. Es desafortunada esta versión y salida de toda lógica territorial. Criminalizar la movilización social de carácter nacional con atisbe terrorista es sicariato moral que pretende tapar con un dedo el sol áspero de ineptitud gubernamental que en su turno administrativo contuvo y precisa mantener, haciendo “lobby político” al presidente Iván Duque a quien le ha quedado grande no solo la implementación del acuerdo de Paz, sino y sobre todo garantizar la seguridad de las comunidades sur cordobesas.

Nos ha demostrado que es incapaz de retractarse ante sus garrafales errores, por ello no le pedimos que lo haga, pero si, cargamos sobre ella toda la responsabilidad de lo que ha sucedido y lo que pueda suceder por su incapacidad resolutiva.