Las voces de las mujeres desde el exilio
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/ Lunes 2 de marzo de 2020
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Desde que Adriana Quintero subió a ese avión el 7 de septiembre de 2005, sabía que iba para largo. Los más de seis desplazamientos forzados internos, y el asesinato y desaparición de varios familiares, entre ellos su padre, fueron los motivos para que se viera obligada a abandonar Colombia. En contra de su voluntad. Para proteger su vida y la de su núcleo familiar de 18 personas. Porque las amenazas por su trabajo de búsqueda y denuncia eran constantes. Ahora, son más de 30 familiares los que viven fuera del país. “No había otra opción. Era salir o morir”.
Quintero cuenta que desde el exilio puede hacer lo que nunca pudo en Colombia: hablar. “Eso es una ganancia, pero es complicado porque no es tu espacio, idioma, cultura, clima, rupturas familiares, distanciamiento… Tratar de sobrevivir con eso y no perder el balance. Tratar de mantenerte para poder aportar al movimiento social”. La lideresa habla del exilio como una reinvención de la propia persona. Empezar de nuevo, pero sin olvidar. Construyendo memoria.
El informe Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, expone que el exilio permanece todavía invisibilizado, siendo una de las grandes deudas en el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado. En la actualidad, no existe una política pública para las víctimas en el exterior y la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas es insuficiente para abarcar las medidas contempladas en los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP.
“No hay voluntad política por parte del Estado. El actual Gobierno del Centro Democrático fue enfático en decir que iba a hacer trizas el acuerdo de paz. Y eso es lo que está pasando; más de 50 asesinatos en lo que llevamos de año. Si no hay garantías para las personas que viven allí, todavía menos para las que vivimos fuera”, afirma Quintero. Pero gracias a la presión de organizaciones de personas exiliadas se ha conseguido que la Comisión de la Verdad, órgano que surge de los acuerdos, realice un documento con los testimonios de las víctimas en el exterior. Aunque, tal y como confiesa la lideresa en Suecia, no hay nada que repare tantas vidas perdidas, al igual que no hay confianza por parte de la población colombiana en las instituciones. “Es complicado que aquellas a las que se les acusó de abandonar el país por ser guerrilleras, ahora quieran hablar”.
Igualmente ocurre en los países de acogida. Por un lado, son países garantes del proceso de paz, pero las ayudas van hacia Colombia, olvidando a las que viven bajo su jurisdicción. Personas olvidadas que vivieron con incredulidad el no al referéndum para aprobar los acuerdos de paz el 2 de octubre de 2016. “¿Qué dices cuando te preguntan por qué tu país no quiere la paz?”, manifiesta Quintero. “Fue difícil aceptar que el país no estaba preparado. Que llevamos tantos años en la guerra, que la paz nos asusta”.
Razón por la que, tanto ella, como el resto de las víctimas en el exterior, siguen luchando por la construcción de paz desde espacios como el Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia. Organización a la que también pertenece Elizabeth Santander, cuyo esposo desapareció hace 33 años, Marino Escobar, que formaba parte del Movimiento 19 de Abril (M-19). Una búsqueda que la obligó a ella y a su hija de siete años a abandonar el país. Las amenazadas recibidas por sus denuncias al Estado y al Departamento Administrativo de Seguridad del Gobierno Colombiano (DAS), a quienes acusa de la responsabilidad del delito, se convirtieron en una rutina. Ahora, en Londres, lleva 30 años en los que no ha desistido ni un solo día en encontrar a Marino. Lucha que dio sus frutos hace tres años, cuando encontró en los registros del Estado que la cédula de Marino había sido dada de baja el 1 de enero de 1987 por defunción. Datos ocultados por años y contradictorios; pues Santander vio por última vez a su esposo el 4 de enero de ese mismo año. “Ahora más que nunca toca exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas haga su trabajo con libertad y se denuncie a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”.
Pero éstas no son las historias aisladas de Adriana Quintero y Elizabeth Santander, sino de miles de personas que se vieron obligadas a abandonar Colombia debido al conflicto armado y la violencia sociopolítica. En busca de seguridad, protección y refugio. Datos que no están desagregados por sexo, lo que afecta especialmente a las mujeres, que sufren una doble victimización e invisibilización, tanto en Colombia, como en el exilio. Un exilio que vuelve a las cifras históricas de los años más duros del conflicto armado. El Ministerio del Interior y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) apuntan que en 2019 ha habido 29.363 solicitudes de asilo por parte de la población colombiana. Sin embargo, el Estado español considera que Colombia es un país seguro. Solo 10 solicitudes fueron aprobadas por razones humanitarias.
Pero también es la historia de las casi 100.000 personas desaparecidas en toda Colombia, una cifra que supera a las registradas en las dictaduras del Cono Sur. Son historias desde el exilio, necesarias para comprender. En palabras de Quintero: “una verdad sin la voz del exilio no será una verdad completa”.
Este reportaje forma parte del proyecto Vivimos la guerra, construimos la paz, de la Asociación Acción Internacional por la Paz / IAP Catalunya, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con la financiación del proyecto Frame, Voice, Report!, de la Unión Europea, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y el Ayuntamiento de Barcelona. El contenido de este artículo es responsabilidad de sus autoras y no refleja necesariamente la posición de la Unión Europea.