A raíz de la masacre perpetrada el 21M por el Estado en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, la ministra de justicia y el director general del Inpec salieron a minimizar las razones de la protesta, señalando que hasta el momento no existe ningún caso de Coronavirus en cárceles. Lo que omitieron informar es que poco han hecho para evitar el contagio masivo a pesar de las graves consecuencias que en materia de salud pública conlleva su negligencia. El decreto de la emergencia social carcelaria, por sí solo no es suficiente para frenar un contagio masivo del virus. Se requiere un plan integral de contingencia, que incluyan medidas de des-hacinamiento y garantías de condiciones dignas de reclusión.

El Gobierno y el Inpec han recibido llamados de la población privada de la libertad, organizaciones de derechos humanos, abogados y personalidades de diversas tendencias políticas, para que tome medidas eficaces dirigidas a prevenir la pandemia en el sistema penitenciario. No obstante, se siguen presentando serias falencias en el cumplimiento de protocolos de prevención y peor aún, en el manejo de casos sospechosos de contagio en cárceles:

En el Buen Pastor de Bogotá, una mujer fue aislada en la madrugada de hoy, por presentar fiebre alta. Ella llevaba 15 días de reclusión en el patio 5 B, al cual fue ingresada, tras su captura en Australia, desde donde fue trasladada en un vuelo que hizo escala en España. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la paciente y a las demás internas no les han sido practicada las pruebas pertinentes para la eventual detección temprana del virus. La demora en los procedimientos y emisión de resultados en estos contextos se hace aun más compleja.

De otra parte, desde el Establecimiento de alta seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, los detenidos manifiestan que “es necesario informar a la comunidad Internacional, organismos de control y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que varias personas privadas de la libertad de la torre 5 presentamos síntomas de fiebre y malestar general, lo que ha llevado a que los compañeros (se enlistan 10 detenidos cuyos nombres ya fueron informados al Inpec) se encuentren aislados al interior del patio, sin que el INPEC tome medidas del cuidado de nuestra salud”.

Asimismo denuncian el caso de un interno de 54 años de edad quien “el día de ayer sobre las 6:00 p.m., se desmayó estando en su celda y varios internos lo sacaron en un camilla hacia la enfermería, es la hora del día de hoy y se desconoce su estado de salud… la guardia y la dirección del centro carcelario no han querido dar ningún tipo de información respecto del compañero”.

Finalmente, los detenidos de La Tramacúa informan que “los compañeros de la Torre 4, se encuentran encerrados en las celdas como medida preventiva, decisión que tomaron por cuanto el personal de guardia del INPEC no atiende a los protocolos del manejo del COVID-19, y todo mundo entra y sale, lo que genera mucha preocupación”.

La situación denunciada, vuelve a poner en evidencia lo que ya es conocido: El Estado (como garante de los derechos humanos de personas sometidas a relaciones especiales de sujeción) no cuenta con capacidad –y tampoco voluntad- para atender posibles contagios por el virus en las cárceles.

Es por esto que en las prisiones del país continúan encendidas las alarmas de detenidos y familiares. Los ánimos están caldeados, hay angustia y la situación en varios establecimientos es tensa. Lo que se agrava con las acciones de castigo colectivo que se continúan aplicando en varios establecimientos –a través de la incomunicación y el encierro- contra la población reclusa, por el cacerolazo realizado el 21M.

¡En tiempos del COVID-19 la respuesta tardía del Estado es criminal!