Campesinos denunciaron que en las veredas Muriba, La Granja, Miralindo y Diamante del municipio de Cantagallo, al sur del departamento de Bolívar, se desarrollan operativos del Ejército, con desembarcos de tropa y sobrevuelos de helicópteros en centros poblados, generando temor en la población.

Además, se están desarrollando labores de erradicación forzada desde el día 2 de abril en estas veredas, donde los campesinos se habían acogido al PNIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, iniciativa definida en el Acuerdos de Paz, violando el espíritu del mismo y el compromiso suscrito con las comunidades de esta región.

Expresaron también su intranquilidad por el riesgo que corren los habitantes de estas regiones frente a posible contagio por COVID-19, ya que los contingentes militares no guardan ningún protocolo de protección y son relevados constantemente, elevando la posibilidad de llegada de personas con elevada probabilidad de ser portadores ya que son población de riesgo puesto es elevado el número de personal militar en condición de aglomeración.

El campesinado denunció además posibles infracciones al DIH por parte del ELN, que ha convocado a la comunidad y a directivos de las juntas de acción comunal a reuniones en veredas de los municipios de San pablo y Cantagallo, poniendo en riesgo a la población en el marco de la situación de orden público. Los pobladores expresaron su preocupación por la aparición de panfletos intimidantes firmados por esta organización guerrillera, donde prohíben la libre movilización y la realización de trabajos propios de las comunidades en este territorio. Los campesinos saludan el cese unilateral decretado por el ELN, pero exigen que ni los grupos armados, ni las FFMM involucren a la población, respetando los protocolos del DIH en cuanto a la no participación de población civil en hostilidades y su protección.