El 2020 seria el noveno año de conmemoración de este 9 de Abril en solidaridad con las víctimas del conflicto, y que fue decretado a partir de 2011 en la ley 1448. A día de hoy y tomando en consideración la coyuntura internacional que vivimos, vemos un llamado explícito hacia la solidaridad como base de preservación de la humanidad.

El papel que ha tenido la voz de las víctimas frente a la reconstrucción de la memoria colectiva del conflicto, y como estos hechos han disipado algunas dudas en la opinión pública, cultivando paulatinamente un sentido de solidaridad expresado en una creciente participación de las víctimas en la vida pública.

La violencia y actos de barbarie sucedidos en el conflicto armado Colombiano, han ido configurando la necesidad de un debate sobre la reparación integral de las víctimas; adicionalmente se busca una pronta salida del conflicto armado, que contemple las vías del diálogo entre actores armados, y rezagos de la violencia generados en periodo de pos acuerdos de la Habana, que integre a las víctimas en verdaderos procesos de transformación y reivindicación amparados en la ley 1448 de 2011.

Todo aquello suscita una duda: ¿cómo se han consolidado y modificado las representaciones de las víctimas en la escena pública colombiana con la finalidad de encontrar medidas efectivas de Reparación, Verdad y Justicia?

Dicha representación, durante los últimos años se ha fortalecido mediante la figura de la víctima sobreviviente, que testimonia y narra los hechos de la violencia que han padecido durante décadas; logrando consolidar su voz testimonial, en primera persona, transformándolas en un sujeto político central y clave para el entendimiento y la representatividad que se requiere.

La articulación entre población víctima, sectores sociales, personalidades y partidos políticos; ha sido estratégica para que la sociedad en general y los actores armados, como los gobiernos de turno, empezaran a incluir y discutir el discurso de derechos humanos en sus agendas. Es así, que el tema de la violación de derechos humanos se fue integrando a las leyes colombianas, logrando aglutinar una gran cantidad y diversidad de sectores sociales y organizaciones incluyendo el acompañamiento de entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de carácter internacional.

Debido a estos avances, se empieza a entender a la víctima como un sujeto que actúa para ser reconocido, el cual deja de ser un agente pasivo o sufriente; pasando de ocupar los espacios marginales a compartir el centro de la escena pública a pesar de la continua represión por parte de los diversos grupos armados con influencia en el territorio colombiano; traducida en asesinatos y desapariciones a lideres sociales.

A pesar de las dificultades existentes, y la falta de garantía de reparación integral por parte del Estado, la condición de víctima de las violaciones a los derechos humanos ha ido alcanzando una legitimidad pública e inédita en las diferentes regiones afectadas históricamente por el conflicto; teniendo en cuenta las diferencias y características, según cada caso nacional, erigiéndose como una voz con la suficiente autoridad para tomar la palabra en la escena pública, y así dar cuenta de los hechos de violencia política, guerra y horror perpetuados antes y después de los acuerdos.

La prevalencia de estas voces se tradujo en buena parte del territorio nacional, en la incorporación de la narrativa humanitaria como la clave para relatar e interpretar los procesos de violencia política durante el conflicto social y armado; evidenciando el poder de la voz de las víctimas, mediante su capacidad para la organización, la capacidad de ejercer presión en espacios políticos y el fortalecimiento de un movimiento en defensa de los derechos humanos, encabezado por organizaciones sociales que comparten el sentir de las víctimas, garantizando su participación.

El testimonio de los sobrevivientes de violencia se convierte en eje fundamental para la reconstrucción de la memoria colectiva, que conecta el pasado con el presente; por lo que es necesario contar con el apoyo y las garantías por parte del Estado colombiano para la puesta en marcha en todo el territorio nacional de los mecanismos que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz; como lo es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- ; el cual se compone de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado -UBPD-.

Con la implementación efectiva de medidas de reparación integral para las víctimas, se conocería cual ha sido el impacto real que ha tenido el conflicto armado en el país, y se avanzaría al acercamiento a un escenario de posconflicto; razones importantes por las cuales cada vez adquiere mayor importancia la voz de las víctimas. Sin lugar a duda, la recepción y reconocimiento de su voz y participación en la escena pública y política, puede ser un elemento de Reparación, Verdad y Justicia.