Para hablar de este tema antes que nada debemos desligarnos un poco de los prejuicios y moralismos, pensar en que ella o él nunca han dejado de ser seres humanos garantes de derechos y que –aunque en algún momento de la vida hayan cometido errores– esto no los hace menos que nadie. Hoy el temor al que muchos de ellos se enfrentan frente a la coyuntura actual en la que nos encontramos todos, no deja de asustar. Hace algunos años mientras realizaba mis prácticas profesionales conocí varios jóvenes, algunos de ellos con conductas disóciales.

Justamente, hace tan solo unos días, uno de ellos me contacto, no se la manera y no sabía tampoco las condiciones en las que él se encontraba, habló de un hombre llamado Fabián M. quien se encuentra privado de la libertad y que por errores del pasado hoy paga una condena en una de las cárceles del país, a él le debo este testimonio y le agradezco por la confianza depositada para que quien nos lea hoy conozca un poco el escenario del Complejo Penitenciario y Carcelario en la emergencia sanitaria.

Frente a la crisis del sistema carcelario y la realidad a la que se enfrentan los más de 120.667 internos, con altos índices de hacinamiento, hoy existe una clara muestra de la exposición significativa en la que se encuentran los internos –bajo medidas insostenibles y poco efectivas dadas en el momento de la coyuntura actual– ante la difícil situación generada por el Covid-19, una pandemia representada mediante una enfermedad infecciosa respiratoria con múltiples síntomas parecidos a los de la gripe común, pero que hoy por hoy incrementa las tasas de mortalidad a nivel mundial y de las que Colombia no escapa. Hoy por hoy en nuestro país el contagio es latente con 3233 personas contagiadas, 550 se han recuperado y 144 han fallecido.

El punto de vista de un interno frente al Covid-19

Es muy sencillo, este virus genera muchas reacciones entre ellas impotencia, pánico, incertidumbre, preocupación y todos los sinónimos que se puedan encontrar, dichas reacciones no son más que producto de la falta de atención por parte de los organismos del Estado y los encargados de la custodia de personas privadas de la libertad “PPL”, para dichos organismos la única solución es dejar a los internos sin visita para evitar el contacto con el exterior y no propagar el virus, claramente en este escenario no se tienen en cuenta a los funcionarios del INPEC, médicos, enfermeros y demás trabajadores, que todos los días salen a sus casas y regresan al otro día a cumplir con sus funciones laborales, “…es absurda la medida de dejarnos sin visita, si los funcionarios salen y tienen contacto con el exterior y luego tienen contacto con los internos, el método de propagación es más que efectivo, cabe aclarar que no me interesa recibir visita de mi familia hasta que se solucione la emergencia, pues me preocupa la salud de ellos”.

Hoy solo hago referencia a la medida obsoleta tomada por la dirección general del INPEC frente a un problema de gran magnitud y contra el cual se deberían tomar medidas más profundas y representativas, resaltamos que a la fecha no se nos han brindado las medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de contagio, hasta julio de 2019 teníamos hacinamiento carcelario del 53,58% a nivel nacional, según informe entregado por el Director del INPEC y pese a esta situación no contamos con tapabocas y mucho menos con elementos de aseo, alcohol o gel antibacterial, elementos que se hacen necesarios para combatir y evitar la propagación del virus.

Hago un llamado especial a los organismos de control o a quien corresponda velar por el hacinamiento de las cárceles. Es frustrante y triste ver lo que pasa con los reclusos, por ejemplo, en época electoral o en momentos emblemáticos del país, para muchos se vuelve importante pensar en los internos y sus condiciones. Presentan proyectos de ley cargados de ilusiones para los internos. Un claro ejemplo pasó en 2017 cuándo Colombia recibió la visita del Papa Francisco. Esta importante visita motivó a varios políticos y sus partidos a presentar proyectos de ley donde se solicitaba una aprobación a la ley de Jubileo bajo la cual se le concedería una redosificación de pena a todos los PPL, dichos proyectos no fueron aprobados en su momento, dejando en claro que el Estado no tiene el más mínimo interés en solucionar el problema de hacinamiento de las cárceles del país y muchos menos las condiciones sociales de los internos.

Decreto 546 2020

El pasado martes 14 de abril, el Gobierno emitió el Decreto en mención, que se encargaría de regular la detención domiciliaria frente a la situación de emergencia que enfrentan 4000 reclusos de todo el sistema penitenciario, es decir, que esto equivale al 2.22% de las PPL. Frente a esto consideramos que es un decreto insostenible y vacío para la igualdad de oportunidades de la población carcelaria y que a su vez deslegitima los derechos humanos de quienes pagan hoy una condena.

Si bien es cierto, como lo dice claramente el decreto en donde se menciona la “Ley 1751 de 2015 regula derecho fundamental a la salud y dispone, en el artículo 5, que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar efectivo de derecho fundamental, como uno de los elementos Estado Social de Derecho” [1], en la realidad esto no se cumple.

Evocando la mencionada ley, el Estado Colombiano está en la obligación y necesidad de prestarle atención de manera inmediata a toda la población colombiana y nosotros por nuestra condición no deberíamos estar exentos. Mi postura de acuerdo con lo anterior es que solo se busca brindar un beneficio temporal a un pequeño porcentaje de internos. Adicionalmente, el decreto además de tener un pequeño margen en cuánto a los requisitos, también excluye un gran porcentaje de delitos por no decir que todos, siendo esto muestra de negligencia e incoherencia frente a la emergencia ya que presentamos un riesgo latente de contagio inminente por hacinamiento y según este solo beneficiara al 3.3% de la población privada de la libertad, una gran muestra de desigualdad y desinterés por el resto de internos que aún con nuestras fallas y errores –quizás unas más que otros– sentimos temor, ese temor que se siente de no volver a ver a los nuestros y de estar tan lejos sobre todo en estos momentos en los que no sabemos qué va a pasar.

“El INPEC en la referida comunicación del 14 abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: de 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112.272 son hombres y 8.395 son mujeres. Asimismo, de ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios” [2].

Hoy quienes no cumplimos con los requisitos de dicho decreto seguimos siendo expuesto y vulnerables, sin medidas de contención “distanciamiento y asilamiento preventivo”, sin embargo quiero por este medio hacerle un llamado al Gobierno para que tome medidas efectivas que permitan estudiar la viabilidad para la implementación de políticas públicas carcelarias que legitimen nuestros Derechos Humanos, o por lo menos que se hable de algún tipo de redosificación de la pena donde se incluya o beneficie a más población carcelaria, pues con el decreto actual hay bastante discrepancia siendo mínimos los beneficiados.