En pronunciamiento conocido el día de ayer, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, al que se adhirieron 21 organizaciones campesinas de todo el país, denunciaron la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas en los territorios donde se viene desarrollando la erradicación forzosa de cultivos de coca.

Estas operaciones son realizadas por contingentes militares, con elevado número de unidades en territorio, sin la implementación de protocolos de seguridad sanitaria, poniendo en grave riesgo a la población campesina la cual está expuesta potencialmente a contagio por COVID-19. Además, los campesinos son afectados por el tratamiento militar del fenómeno de los cultivos de uso ilícito, donde la constante ha sido la agresión violenta a las comunidades, presentándose inclusive el asesinato de campesinos como lo ocurrido en hechos acontecidos en el Catatumbo.

Estas acciones desconocen además la realidad de estas regiones, donde no existe infraestructura, ni necesidades básicas resueltas para la realización de actividades agrícolas de economías legales, situación identificada por organismos nacionales e internacionales y planteada en el Acuerdos de Paz firmados en La Habana, que definieron la implementación de del programa integrado de sustitución de cultivos, acompañado de políticas de desarrollo rural integral para estas regiones.

Las organizaciones denuncian el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la implementación del programa de sustitución, donde las familias campesinas se habían comprometido en sustituir los cultivos de uso ilícito a partir de los compromisos definidos en el programa y en la definición de acuerdos donde expresaban su voluntad de transformar sus economías, acuerdos incumplidos por el gobierno que ha tomado el camino, ya recorrido y que ha demostrado su ineficacia y sus nefastas consecuencias, de la acción violenta contra las comunidades.

Los campesinos denunciaron varias situaciones graves, acontecidas en las regiones en medio de las operaciones de erradicación violenta, esta es la cronología de hechos presentados en los territorios:

Desde el día 12 de febrero se adelantan operaciones de erradicación en las zonas rurales de los municipios de Puerto libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba, donde las tropas ingresan y acampan cerca a casas de campesinos, sin ningún tipo de medidas de protección sanitaria, poniendo en elevado riesgo de contagio a la población.

El 19 de marzo, en la vereda Nueva Granada del municipio de Puerto Asís en el Putumayo, fue asesinado el líder de la sustitución de cultivos, Marco Rivadeneira, tres días después de su crimen se desplegaron tropas en la zona para realizar tareas de fumigación manual con glifosato.

El 20 de marzo la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, COORDOSAC, denunció operativos en las veredas de San José de Fragua, La Montañita y Cartagena del Chairá, además del inicio de procesos de extinción de dominio a propiedades de familias que se han acogido al PNIS, en flagrante violación a lo acordado con el campesinado. Las unidades miliares han intimidado con disparos a los campesinos a quienes han agredido verbal y físicamente en hechos acaecidos en la inspección de la Unión Peneya, municipio de La Montañita.

La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, denunció el día 26 de marzo, que, en el marco de las movilizaciones contra las erradicaciones forzadas y violentas, realizadas en la vereda Santa Teresita, corregimiento La Victoria, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, fue asesinado por efectivos del Ejército Nacional, el líder campesino Alejandro Carvajal.

La Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío y la COCCAM Nariño, denunciaron presencia de tropas en la zona rural adelantando acciones de erradicación violenta, sin consideración de la población campesina y en jurisdicción del municipio de Anuya, detuvieron ilegalmente a dos campesinos, uno de ellos menor de edad, quienes exigieron respeto por su propiedad y sus derechos; los militares alegaron que las operaciones habían sido consensuadas con el municipio, los campesinos recordaron que desde el 3 de noviembre de 2017, el PNIS y el municipio firmaron la ejecución del programa de sustitución, el cual no se ha cumplido desde entonces.

El primero de abril, el Comité Central de Cultivadores del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, informaron que elementos de la policía antinarcóticos realizaron operativos en la vereda crucero, corregimiento de la Liberia, donde quemaron sin contemplación mejoras, picaderos o cambullones, propiedades de los pequeños cultivadores.

En el Paujil, Caquetá, el día 5 de abril, se realizaron operaciones con un elevado número de tropas, la coalición de acciones para el cambio, solicitó al Gobierno Nacional la suspensión de estos operativos en medio de la contingencia por la emergencia humanitaria, ya que ponen en riesgo latente a las comunidades y se debe garantizar la salud de estas y la seguridad alimentaria, ya que las acciones son de tierra arrasada, afectando todo tipo de cultivos.

El 6 de abril, en la vereda Santa Lucía, corregimiento Cofanía Jardines, en el municipio de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, mientras las familias cumplían el confinamiento obligatorio en medio de la cuarentena, helicópteros de la Policía Antinarcóticos, fumigaron con glifosato 1, 5 hectáreas, donde además había cultivos de pan coger, también fue quemada una casa por las unidades policiales.

La asociación MINGA, denunció públicamente, que el 7 de abril se adelantaron operaciones de erradicación en la vereda La Esmeralda, del municipio de Puerto Asís, Putumayo, afectando a comunidades que participan de la mesa de concertación con el Ministerio del Interior para el proceso de sustitución autónoma de cultivos de coca.

Desde el 18 de abril, las organizaciones sociales y campesinas del norte de Antioquia y bajo cauca, vienen denunciando la realización de operaciones de erradicación forzada y violenta, con la participación de un elevado número de unidades militares en el cañón de la Santamaria, vereda Boqui, del municipio de Toledo, Antioquia. Poniendo en evidente riesgo la salud de las familias campesinas, las que están a merced de la elevada probabilidad de contagio, ya que las tropas no actúan bajo ningún protocolo definido por la OMS y acogido por el sistema de salud colombiano. La asociación también destaca que estas operaciones son una afrenta a las comunidades de esta región, las que se acogieron desde el primer momento al programa integral de sustitución, PNIS, e instan a respetar los acuerdos y a cumplir lo pactado con las comunidades, ya que siguen las acciones militares de erradicación violenta en las zonas rurales de los municipios antioqueños de Taraza, Valdivia, Ituango y Toledo.

La COCCAM y las organizaciones que adhieren a esta declaración, y atendiendo los hechos presentados en estas regiones, donde se han presentado flagrantes violaciones de derechos humanos de las comunidades campesinas, e incumplimiento evidente de los acuerdos, le exigen al Estado:

La suspensión inmediata de los operativos de erradicación violenta y que se proceda a cumplir lo pactado con las comunidades, el Programa nacional integral de sustitución de cultivos PNIS, las reformas rurales integrales para solucionar la grave crisis social y económica que padecen estos territorios.

La investigación y esclarecimiento, y la aplicación de la justicia a los responsables de los asesinatos de los lideres sociales y campesinos, Marco Rivadeneira y Alejandro Carvajal.

El cabal cumplimiento por parte de las fuerzas militares y de policía del confinamiento social obligatorio por la emergencia sanitaria del COVID-19, ya que la presencia de efectivos en las regiones, sin el cumplimiento de ningún protocolo, y violando las normas de distancia de seguridad y social, ponen en grave riesgo a las comunidades campesinas y violentan su derecho a la salud y a la vida.

Las organizaciones ratifican su compromiso con la sustitución voluntaria por proyectos productivos que garanticen la realización social y el bienestar económico del campesinado y sus familias, la defensa del territorio y su integralidad donde convivan con plenos derechos los indígenas, afrodescendientes y campesinos, y reivindican el derecho a la vida y a la paz como el corazón de su accionar organizativo y su lucha por la defensa de las comunidades.

El contenido de este documento y las organizaciones campesinas y sociales que adhieren, puede ser consultado en las plataformas comunicativas de la COCCAM, en twitter, @COCCAMColombia.