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Congresistas instan a Duque a parar la erradicación forzada y la violencia contra las comunidades rurales
El mundo, y los legisladores que ejercen el control político, están atentos a que no se violen, o se invisibilicen, so pretexto de la cuarentena, los derechos de las personas mas pobres, la ruralidad secularmente abandonada, y criminalmente violentada.
Agencia Prensa Rural / Viernes 24 de abril de 2020
 

La bancada de oposición en el Congreso colombiano se pronunció el día de hoy, 24 de abril, en una contundente carta dirigida al presidente Iván Duque, esta misiva, que advierte el tema de las operaciones militares en los territorios rurales afectados por cultivos de uso ilícito, hace referencia explícitamente, tal como reza el asunto de la comunicación de los congresistas, en que: “La erradicación forzada y regreso de la aspersión aérea ponen en riesgo a las comunidades campesinas e indígenas”.

El documento firmado por treinta y un parlamentarios de las dos cámaras legislativas integrantes de los partidos Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Coalición Decentes - Colombia Humana - UP, Alianza verde, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Polo democrático, expresaron la preocupación frente al incremento de operativos de erradicación en el Catatumbo, sur de Córdoba, Putumayo, Caquetá, Chocó y Nariño, y consideran justa y pertinente la preocupación de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas afectadas, y en potencial riesgo de contagio por el patógeno COVID-19, y eleva la solicitud del cese inmediato de operaciones durante la duración de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los congresistas denuncian en la carta, que desde el domingo 19 de abril, se adelantan operativos militares en Tumaco, Nariño, donde unidades de Policía y Ejército han ingresado a los resguardos indígenas de Inda-Sabaleta y la Brava, sin establecer procesos de consulta previa con las comunidades estas comunidades; además hay en curso operaciones militares en la región del Catatumbo, específicamente en las veredas La paila, El Cairo, La llanita y Santa Ana, del corregimiento de San Martín de Loba en el municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Estas operaciones militares han dejado el saldo trágico de dos personas muertas, en el Catatumbo y Tumaco, y más de tres heridas. En la carta los congresistas rechazan enérgicamente estos luctuosos hechos.

En la carta también los senadores y representantes a la cámara, rechazan enérgicamente el retorno a las aspiraciones aéreas, tema que también han denunciado las comunidades en las regiones afectadas, donde los campesinos han advertido el uso del agente químico tóxico y cancerígeno, el herbicida glifosato. “A esta situación, se suma el preocupante anuncio del Ministerio de Defensa de retomar las aspersiones aéreas en estas mismas zonas, a pesar de estar demostrado que es el método mas costoso económicamente, menos efectivo en el largo plazo para reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y tener mayores efectos colaterales en las comunidades rurales y el medio ambiente”, exponen los parlamentarios.

En la epístola, la bancada opositora insta al presidente Duque, ha que la forma de consolidar la paz en los departamentos mas afectados por la violencia, no es por medio de la erradicación forzada, ni la militarización de los territorios, que consideran, es ineficaz y perjudicial. “El camino es la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos ilícitos y el apoyo a las economías de las comunidades rurales como esta establecido en el acuerdo de paz”.

Frente a este tema se conoció en las últimas horas la declaración de WOLA, Advocacy for Human Rights in the Americas, organización que monitorea la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, donde denuncia el asesinato por parte de unidades de policía antinarcóticos, de un miembro de la comunidad indígena Awa, cuando dispararon indiscriminadamente contra un grupo de miembros de esta comunidad, que rechazaban la presencia de equipos de erradicación forzada, en la zona rural de Tumaco, ya que no se había consultado con las autoridades indígenas de la región sobre el procedimiento.

WOLA, afirma que, a pesar de la estricta cuarentena nacional, el Gobierno colombiano ha lanzado, las que denomina, “operaciones de erradicación más intensas y agresivas durante la pandemia de COVID-19. Estas operaciones, que a menudo requieren el despliegue de fuerzas de seguridad pública sin el equipo de protección adecuado”.

La organización internacional, que investiga y promueve los derechos humanos en las Américas, alertó sobre los ataques y amenazas contra los lideres sociales, incluidos los que promueven la implementación del capitulo sobre los cultivos ilícitos en el Acuerdo de Paz. Y denunció las acciones violentas acontecidas en regiones, desplazamiento y asesinatos de líderes, e insta al Gobierno a investigar rápida y rigurosamente los crímenes y cumplir a cabalidad los compromisos del Estado en la implementación total de Acuerdos de Paz.

Estos pronunciamientos tiene singular importancia, emplazan al Gobierno Nacional a proteger a las comunidades rurales, detener de inmediato las operaciones violentas que afectan a la ruralidad y ponen al centro la importancia de garantizar la implementación de dicho acuerdo, como la herramienta expedita para superar la violencia en las regiones, además, congresistas y plataformas internacionales hacen especial énfasis en que el Gobierno no puede exponer a campesinos, afrodescendientes e indígenas a un potencial contagio, que es más que probable en medio del despliegue masivo de tropas a las regiones y territorios de la ruralidad.

El mundo, y los legisladores que ejercen el control político, están atentos a que no se violen, o se invisibilicen, so pretexto de la cuarentena, los derechos de las personas mas pobres, la ruralidad secularmente abandonada, y criminalmente violentada.