Este ejemplo exitoso lleva al investigador David Andrés Rodríguez Reyes, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a considerar que si se combate el latifundio y se produce una estrategia agresiva de redistribución de la tierra en pequeñas y medianas propiedades, se garantizaría la correcta implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en las comunidades campesinas del país.

Según su estudio, la experiencia de la comunidad de Cabrera facilitaría la implementación de la RRI en los municipios priorizados como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), o en los territorios campesinos agroalimentarios, que son otra figura de propiedad y de titulación colectiva.

La investigación se desarrolló en Cabrera (Cundinamarca), en una comunidad rural organizada alrededor de la lucha por la tierra y reconocida por el Estado, pues su lucha generó la constitución de la zona de reserva campesina en 2002.

Por su parte, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos acompañó el proceso de la comunidad campesina, y tiene documentado que más del 95 % de la tierra está titulada, cosa que, según el investigador, no ha sucedido en los demás lugares del país, ya que uno de los problemas alrededor de la tierra en Colombia es la ausencia de formalización de titularidad, no se sabe de quién es la tierra ni en qué extensión.

En el estudio, que utilizó la observación participativa, el investigador evaluó la autonomía de los derechos de la comunidad de la reserva campesina, en especial en 20 de sus veredas, como Pueblo Viejo, Santa Marta y Peñas Blancas, entre otras. Allí se hizo un trabajo fundamentalmente con las Juntas de Acción Comunal (JAC), que regulan los conflictos y mantienen la historia de la organización de la comunidad en torno a problemas de la tierra.

En términos comparativos, el investigador analiza qué dice el derecho del Estado y el derecho campesino de la zona de reserva de Cabrera, sobre la propiedad de la tierra y sobre la Reforma Agraria, con el fin de identificar similitudes y diferencias, y qué diálogos se pueden establecer en el marco de un acuerdo final de paz, sobre una RRI.

“Compartí cerca de 15 días con la comunidad, conviví con ellos, fui a las veredas a hacer entrevistas sobre las historias de vida de los campesinos y cómo se fueron organizando a partir de esa exclusión del Estado, y de esa invisibilidación a la que fueron expuestos”, describe.

Aprender de la reserva

La comunidad expuso su convicción en contra del latifundio y de cómo es importante para ellos una figura desde el Estado que reconozca su reivindicación en torno a la lucha contra esa figura, contra los monocultivos y los agroquímicos en el marco de la redistribución de la propiedad de la tierra en la zona, y las medidas concretas de la reforma agraria impulsada desde el campesinado, sus identidades locales, saberes y realidades.

“Los campesinos de la comunidad tienen instituciones propias, normas de conducta, y además unos conceptos concretos de propiedad de la tierra, como lo tiene el Derecho, así como un concepto de Reforma Agraria”, sostiene el magíster Rodríguez.

Desde su punto de vista, para que se cumplan los propósitos del Acuerdo de Paz respecto a una RRI, el Estado tiene que aprender de las experiencias colectivas de estas comunidades campesinas en los territorios.

Si, por el contrario, se hace una titularización desde el Estado a los campesinos, sin escuchar y sin observar las dinámicas productivas de cada comunidad, se puede caer en el error de no repartir adecuadamente la tierra y de que esta redistribución no corresponda a sus economías.