En tiempos de aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, los grupos armados siguen, sin permiso, dice la Ministra del Interior, vulnerando los derechos de las comunidades amenazando y hostigando a los líderes sociales, provocando desplazamientos y asesinando en la absoluta impunidad e indolencia por parte del Gobierno.

El día de ayer, jueves 14 de mayo, el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, el representante especial del secretario general, Carlos Ruiz Massieu, destacaba con preocupación que en medio de la cuarentena no se ha evidenciado la disminución de crímenes, y que la violencia afecta el rol de liderazgo de defensoras y defensores en los territorios especialmente en el marco de la coyuntura, para contribuir a la organización de las comunidades en la respuesta a la emergencia sanitaria.

Ruiz Massieu ratificó, que la Misión de Naciones Unidas es testigo de los riesgos y vulnerabilidad de las comunidades en los territorios donde los grupos armados siguen desplegando su acción violenta sin condicionamiento a la pandemia, e insistió en reclamar la acción del gobierno en la protección a la población civil, la implementación de los acuerdos, y el llamado del cese al fuego global que hizo Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Pero mientras el responsable del equipo de la misión de la ONU en Colombia se pronunciaba, seguían presentándose graves hechos de agresión a las comunidades y violencia contra los líderes sociales, conociéndose ayer el desplazamiento de un centenar de familias campesinas en Ituango, Antioquia, la denuncia de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca del asesinato del dirigente comunal de la vereda San Antonio del municipio de San José de Uré en el departamento de Córdoba, Julio Cesar Hernández Salcedo quien se hallaba desplazado en Taraza, Antioquia, y el homicidio de Henry Julián Blanco Orozco, líder de las víctimas de desplazamiento forzado en el Atlántico.

Como si fuera poco, la insaciable barbarie seguía en su tenebroso recorrido y en la golpeada región del norte del Cauca se conoció de las amenazas contra líderes sociales de la zona; por medio de sus redes sociales el defensor de derechos de la comunidad LGBTI, miembro de la organización agraria Fensuagro y del proceso popular del sur occidente colombiano, PUPSOC, Gerardo Barona Avirama, denunció que fue victima de amenazas por parte del grupo paramilitar “Capital”, que con un intimidante mensaje enviado a su cuenta personal de Instagram, le advirtieron que “lo iban a visitar”.

Desde el corregimiento “El Palo” del municipio de Caloto, Gerardo envió como último recurso un desesperado mensaje de video publicado en Facebook, ya que en el norte del Cauca se vienen presentando asesinatos sistemáticos de líderes sociales, sin conocerse ninguna respuesta del gobierno para garantizar el trabajo organizativo y la integridad de las personas destacadas por las organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas de la región.

Los grupos armados siguen en su accionar irracional, potenciado por el incumplimiento recurrente del gobierno a la implementación de los acuerdos de paz en las regiones, y la casi nula y absolutamente ineficaz acción del gobierno para desarticular las estructuras criminales que buscan el control territorial y la destrucción del tejido social, tema estrechamente ligado con poner precisamente en marcha los mimos acuerdos.

El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad y la vida de las y los líderes sociales, la comunidad internacional esta atenta y vigilante al cumplimiento de este propósito, que es además una obligación ética y constitucional. La denuncia de Gerardo refleja la situación de muchos líderes en el país, que en medio de la indolencia siguen estando en la mira de los criminales. La Ministra del Interior tiene la responsabilidad de posibilitar todas las garantías para proteger a estas personas, no se trata de desdibujar de forma casi ridícula el drama que padecen miles de ciudadanos especialmente en la ruralidad, con el desparpajo de afirmar que los asesinos “no piden permiso”, que sería entonces de nuestros líderes de tenerlo, podríamos concluir de la afirmación de la ministra.

Nos sumamos a las palabras emocionadas de Gerardo Barona en medio de su desesperada situación, “Sin líderes sociales no hay paz en nuestro territorio”, no los dejemos solos, escuchemos su clamor para garantizar sus vidas.