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Nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar en el Ministerio del Interior: un nuevo intento de negacionismo estatal
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice y las organizaciones abajo firmantes rechazamos el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex paramilitar “Jorge 40”, como Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior.
 

El nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GAPV) del Ministerio del Interior es una afrenta a la dignidad y a la memoria de las más de 21.000 [1] víctimas fatales que ha dejado el paramilitarismo en Colombia, cuyos familiares continúan esperando garantías de verdad, justicia y reparación integral por parte del Estado.

El GAPV tiene como funciones, promover y hacer seguimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios territoriales en materia de atención y reparación a la población víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado. Además, este grupo debe apoyar y asesorar a las direcciones del Ministerio del Interior en la implementación de las líneas de política pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado [2].

Por lo anterior, no es posible que quiénes estén dirigiendo las instituciones estatales y ocupan cargos públicos directamente relacionados con la toma de decisiones para garantizar los derechos de las víctimas, no cuenten con experiencia relacionada para ejercer sus funciones y lleguen a estos cargos valiéndose del capital político de sus familias.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del CNMH existen 1’020.332[Disponible en: https://bit.ly/2zcWE8w]] hechos victimizantes asignados al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”. Y según un informe elaborado con base en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados, se ha podido confirmar que entre los años 1996 y 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Norte, cometieron 333 masacres en los departamentos de Atlántico, César, Magdalena y Guajira, con un total de 1.573 víctimas [3].

El nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar es una burla a las víctimas y otra clara muestra del negacionismo que se quiere imponer por parte del gobierno de Iván Duque y de las élites, que se han mantenido en el poder mediante la instauración de un proyecto basado en la intimidación, la violencia, el fraude electoral y el despojo a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sabemos que Tovar ha promulgado un discurso de paz y reconciliación en foros y medios de información que le han ayudado en la consolidación de su imagen, sin embargo, preocupa la objetividad que pueda tener frente a los delitos perpetrados por el Bloque Norte de las AUC bajo la comandancia de su padre, -a quien abierta y públicamente ha defendido como un “preso político” y “héroe”-, además, consideramos que el mensaje de construcción de paz debe estar sustentando en las intenciones de su padre de aportar a la verdad y la reparación integral de las víctimas.

Hasta el momento, el país no ha escuchado la verdad por parte del ex jefe paramilitar, por el contrario, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “Jorge 40” tuvo la oportunidad de aportar verdad en el proceso de Justicia y Paz (…) pero fue excluido de ella por no contribuir con la verdad a la cual estaba obligado y haber incumplido los compromisos que había asumido».

Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “bajo el comando de Jorge 40, satisfizo la oferta de seguridad de las élites y también se ofreció seguridad a las empresas de transportadores y carboneras. (…) los miembros de las Fuerzas Militares se encargaron de la custodia de las minas y jugaron las veces de ejércitos “privados” que cuidaban la extracción minera [en el departamento del Cesar]. Además, fueron señaladas de sacar a la fuerza a campesinos que tomaban tierras, de perseguir y estigmatizar sindicalistas, líderes comunitarios y políticos. Y de promover que civiles se armaran bajo diferentes “paraguas legales”, que terminaron desembocando en el paramilitarismo” [4].

No podemos ser cómplices de procesos de reconciliación que sólo quieren pasar la página, perpetuando el silencio, el olvido y la impunidad. Los procesos de reconciliación no puede ser otra práctica de imposición, esta solo es posible con la garantía de los derechos de las víctimas y con propuestas emanadas de las mismas. Tampoco podemos permitir que funcionarios a cargo de garantizar los derechos de las víctimas justifiquen y exalten el accionar de los victimarios, negando y encubriendo el prontuario de crímenes cometidos por los grupos paramilitares en complicidad, tolerancia, apoyo y unidad de acción con la Fuerza Pública.

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones exigimos el retiro de Jorge Rodrigo Tovar como Coordinador del GAVP del Ministerio del Interior, como un acto ético y consecuente con el derecho a la dignidad, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del paramilitarismo y del Estado.

Suscriben:

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo

[1En 40 años, los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos. Entre 1975 y 2015 los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) fueron responsables del 47,09% de las muertes ocurridas durante el conflicto (21.044 víctimas). Un total de 2.518 de esos asesinatos fueron perpetrados por los GAPD durante su periodo de desmovilización entre 2006 y 2015, según el informe “Grupos Armados Posdesmovilización. Trayectorias, rupturas y continuidades” del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: https://bit.ly/2Zq1FFD

[3Disponible en: https://bit.ly/3cNuAqS

[4Disponible en: pág: 90 https://bit.ly/3g654za