En Colombia no hay choque de trenes sino la fractura de la institucionalidad adelantada por la mafia empotrada en la “Casa de Nari”, que aspira a quedarse cuatro años más en el gobierno, mediante otra reelección fraudulenta, como lo fue la primera a través del cohecho desvelado por la Corte Suprema de Justicia, y esta vez lo pretende con el referendo impuesto de la misma manera en el cooptado poder legislativo de mayorías uribistas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibañez, lo dijo con claridad meridiana: “La Corte no está en conflicto con nadie”, y le respondió al procurador de bolsillo que no requiere de mediadores, sino que cada quien en las ramas del poder público cumpla con el mandato constitucional. “En este momento lo único que espera (la Corte) es que las investigaciones sobre interceptaciones y seguimientos ilegales lleguen hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

En la “gran prensa” abundan los editoriales y los comentarios sobre el daño que le hace a la “democracia” el enfrentamiento entre los poderes públicos, en este caso el Ejecutivo, respaldado por el Legislativo dominado por el Gobierno, y el Judicial, porque la mayoría de las Cortes, en particular la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, no se han dejado avasallar por el unanimismo uribista, algo muy propio del autoritarismo de la “seguridad democrática”.

Es que Uribe Vélez no ha cumplido siquiera la regla de oro de la democracia burguesa de la separación de poderes, que deben colaborar de manera armónica para el buen funcionamiento del Estado. Menos aún respetó el llamado estado social de derecho consagrado en la letra muerta de la Constitución Política de Colombia, aprobada en 1991, de la cual sólo quedan harapos y, por supuesto, las normas que consagraron la política neoliberal y la economía de libre mercado del gran capital.

No hay choque de trenes. Existe es la práctica gansteril a lo Fujimori, con la asesoría de Montesinos (aquí son varios), de someter a los poderes públicos en un ejercicio antidemocrático unanimista. Precisamente fue lo que hicieron los organismos de inteligencia del Estado (no sólo el DAS) mediante el espionaje y las “chuzadas” para hacerse a copiosa información de magistrados, periodistas, políticos de oposición y hasta amigos del Gobierno, que podría ser utilizada para chantajear cualquier movimiento fuera del libreto gubernamental.

No cabe la menor duda que a la cabeza de semejante desafuero estuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez, porque utilizó esa información privilegiada e ilegal para descalificar a los críticos, como fue evidente en varias de sus actuaciones mediáticas. No puede pasar de agache, como lo pretende, con esa ridícula pose de ingenua hermanita de la caridad.