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Opinión
El peligro de unas Fuerzas Armadas deliberantes
Estamos pues, ante una amenaza real a la democracia y a las libertades políticas. Las Fuerzas Militares están dirigidas en su mayoría por oficiales que profesan credo político de puertas para adentro y en muchos casos militan soterradamente en el actual partido de gobierno.
Marcelo Molano / Domingo 24 de mayo de 2020
 

El uso de la violencia política en Colombia ha sido recurrente a lo largo de nuestra historia. Desde las guerras civiles del siglo XIX hasta nuestros días, el poder político ha utilizado al poder militar para diezmar a la oposición. Sin embargo, las Fuerzas Militares tienen por constitución un carácter no deliberativo. Esto, en palabras castizas, significa que sus miembros -hombres y mujeres- deben estar por encima de las discusiones políticas del país. Esta limitación se incluyó por primera vez en 1907 por Rafael Reyes, con el objetivo de evitar la militancia política de sus miembros, y así proteger a los ciudadanos. En el papel, esta limitación debería garantizar el Estado Social de Derecho, sin embargo, la realidad es otra.

Con la derrota de los nazis, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó inmerso en un enfrentamiento geopolítico conocido como la Guerra Fría: por un lado, EEUU y sus aliados; por el otro la URSS y el campo socialista. En este marco internacional, Laureano Gómez eligió el bando occidental cuando decidió involucrarse en la Guerra de Corea, enviando el tristemente celebre Batallón Colombia en 1950. Este grupo -111 oficiales y 590 suboficiales- volverían de Corea con una doctrina claramente anticomunista y se convirtieron en el “corazón” de las “Nuevas Fuerzas Militares”.

Bajo esta doctrina, llamada de “seguridad nacional”, Rojas Pinilla ilegalizó al Partido Comunista y se propuso pacificar el país. El Batallón Colombia dio pronto una muestra de lo que significaría el ejercicio de este concepto: ejecutó la masacre del 8 y 9 de junio de 1954, donde murió Uriel Gutiérrez junto a otra veintena de estudiantes. Posteriormente, el 4 de abril de 1955, condujo la agresión a Villarrica para perseguir y exterminar la resistencia campesina que se asentaba con fuerza en esta región. Con la caída de Rojas Pinilla y la instauración del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, ante un amago de insurrección militar, pronunció un discurso en el Teatro Patria donde prohibió formalmente la deliberación política por parte de los militares, sin embargo, fue él quien fortaleció la coalición político-militar con los Estados Unidos por medio de La Alianza para el Progreso. Años después, vino la agresión a Marquetalia, y con ella, terminó de abrirse la puerta de la guerra en Colombia. La Escuela de las Américas, fundada formalmente en 1963, ha sostenido la aplicación de la política del “enemigo interno” en el tiempo y ha perfeccionado su carácter anticomunista; entendiendo el comunismo como cualquier actividad que desafíe la acumulación de capital. Gilberto Vieira lo definía como “militarismo” y lo declaraba como: “El principal instrumento de dominación del imperialismo yanqui”. Por eso, más allá de las buenas intenciones plasmadas en el Artículo 219 de la Constitución de 1991, estamos ante unas fuerzas militares altamente politizadas y dispuestas a impedir los avances sociales que amenacen el Statu Quo, es decir, el mercado capitalista.

Los escándalos de chuzadas, perfilamientos y persecución han sido sistemáticos y, usualmente, hay algún miembro de la institución involucrado, y cada vez que surgen, la prensa se atiborra de titulares grandilocuentes y editoriales que se rasgan las vestiduras, acto seguido, aparece el ministro de turno, con rostro solemne, para anunciar exhaustivas investigaciones y con tono vehemente escurre el bulto sobre unas cuantas manzanas podridas, que “ensucian el nombre de la institución”. Pasan los días y sigilosamente van cayendo en el olvido. Los procesos jurídicos se adelantan en completo mutismo, y pocas veces conocemos a los involucrados; tal vez uno o dos de bajo rango, pero más allá, todo queda en la impunidad.

Hacia adentro, estos actos no son considerados ilegales. Es probable que la gran mayoría de los mandos los juzguen: legítimos y necesarios para su lucha contra-insurgente. Muestra de esto fue la descarada “Lista de oposición” que hicieron recientemente en sus cuentas oficiales de Twitter, allí incluyeron una amplia gama de personajes públicos y medios de comunicación alternativos, a los que claramente ven como adversarios políticos, el hilo conductor: ser diferente, alternativo o de izquierda. En este escándalo, como es usual, la responsabilidad recayó en algunos miembros de rango menor y sin relevancia. Un costo simbólico que muestra el grado de impunidad al respecto. Igual pasó durante el proceso de paz de La Habana, cuando Santos, quien gozaba de buena imagen dentro del cuerpo de oficiales, por haber sido ministro de defensa de Uribe, tuvo que ir de batallón en batallón para explicarles el alcance y la importancia de negociar con las FARC. La mayoría de mandos comenzaron a verlo como un traidor y, desde el campo de combate trataron de socavar y provocar una ruptura de los diálogos; filtraron coordenadas de puntos de extracción de los voceros de la FARC, ordenaron crear una estructura -Andrómeda- para espiar los negociadores de lado y lado e incluso se permitieron golpes militares como el de Buenos Aires-Cauca, donde murieron 10 soldados o la captura del General Alzate en el Chocó. Pese a esto, no pudieron acabar con la paz y les tocó tragarse ese sapo.

Desde el gobierno de Uribe existe un sector mayoritario de oficiales que simpatiza con sus posiciones guerreristas. Algunos por convicciones fascistas, las mismas que los llevaron a promover el paramilitarismo para implementar la estrategia de “quitarle el agua al pez”; otros guiados por los intereses económicos detrás de cada contrato, con los que se han hecho fabulosamente ricos. Lo cierto es que hay una gran cantidad de militares retirados que han llegado a formar parte del partido del “presidente fundador”, acompañados por extensas proclamas de ACORE ensalzando el ideario del mesías de Antioquia.

Es evidente que las Fuerzas Militares han tomado partido ideológico y, hoy por hoy, ejercen como una fuerza armada deliberante. No están dispuestos a ceder los privilegios conseguidos con sangre y sudor durante la guerra, menos aún, a permitir que al Gobierno lleguen sus “enemigos” de toda la vida. Esta semana dieron otra muestra de su talante con un calculado debate en el senado sobre los incumplimientos de las FARC, haciendo énfasis en la entrega del patrimonio producto de la economía de guerra. Paloma Valencia, de los mismos Valencia que bombardearon Marquetalia; armada con cifras amañadas y verdades a medias, le apostó a propiciar indignación nacional con las FARC, acto seguido el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lanzó la propuesta de un “pacto nacional para reformar los acuerdos de La Habana”. Todo calculado y bien planificado en algún cuartel con la venia del señor del Ubérrimo. De no ser por la torpeza del mismo gobierno que, ese mismo día, nombró al hijo de Jorge 40 como director de víctimas del Ministerio del Interior y con esto desvió el debate, hoy habría cierto consenso para este cometido. Estamos pues, ante una amenaza real a la democracia y a las libertades políticas. Las Fuerzas Militares están dirigidas en su mayoría por oficiales que profesan credo político de puertas para adentro y en muchos casos militan soterradamente en el actual partido de gobierno. Así las cosas, urge un pacto político, pero para reformar la doctrina del enemigo interno y remover los mandos militantes, que podrían llevarnos, incluso, a una guerra con Venezuela.