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Opinión
A sangre y fuego
Agencia Prensa Rural, Marcelo Molano / Domingo 7 de junio de 2020
 

Vuelve y juega. El jueves de esta semana, un joven campesino y comunicador popular fue herido por disparos de fusil. Fernando Osorio Gallo, miembro de la guardia campesina de la cuenca del Río Guayabero, cubría las erradicaciones forzadas en la Región de Vistahermosa, Meta, cuando su mano y su cámara fueron destrozadas por un certero disparo que le dejará secuelas de por vida. El operativo empezó el pasado 26 de mayo, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega llegaron a las veredas: Diamante 1, Diamante 2 y Tercer Milenio con la orden de erradicar los cultivos ilícitos. Cuentan los campesinos, que el oficial al mando, un tal Sargento Sosa, les manifestó tener órdenes de “ mi general” para erradicar todas las matas de coca de esa zona, y que iba a cumplir esa orden por encima de quien se interpusiera, como quien dice: a sangre y fuego.

Ese día los campesinos empezaron a organizarse para evitar el atropello. Simultáneamente, en la Vereda Salto Gloria de El Retorno, Guaviare desembarcó otro operativo. En la Vereda Tercer Milenio hubo un primer choque que dejó 3 campesinos lesionados. Vinieron varios días de tensa clama. Emisarios de los campesinos iban y venían tratando de evitar que las tropas llevaran a cabo su misión. Pero el oficial al mando dejó de atenderlos y dio la orden de realizar el operativo. Los ánimos se caldearon y la tensión subió. Mientras tanto, en Salto Gloria los campesinos denunciaban que habían recibido disparos desde helicópteros de la policía, que dejaban un campesino herido de gravedad.

Durante la madrugada del 4 de junio helicópteros de la fuerza pública aterrizaron varias veces en Tercer Milenio. Los campesinos presentían lo peor. Muy temprano, enfundados en sus trajes negros y con actitud provocadora apareció el ESMAD, quisieron dispersar los mil quinientos campesinos que se habían asentado en un campamento junto a las aguas del Guayabero. La arremetida fue brutal: gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, balas de goma y, como siempre, disparos de fusil. El resultado fue 12 campesinos heridos, 4 en estado muy grave y varios desaparecidos. Entre los heridos graves está Fernando.

Los enfrentamientos duraron todo el día. En la noche, después de atender y evacuar a los heridos graves hacia San José del Guaviare, la comunidad se reunió y decidió iniciar la búsqueda de los desaparecidos. Con la primera luz salieron varios grupos a “peinar” la zona y fueron hostigados con tiros de fusil, por parte de los militares, así que debieron volver, sin tener certeza, de la suerte de sus compañeros, hasta el día de hoy.

El General Flórez, comandante de la Omega, salió por varios medios a culpar a los campesinos de “orquestar una asonada contra sus hombres”, para justificar, supongo yo, el uso de fuerza letal contra ellos. Lo grave es que esto no es un hecho aislado. Parece que las Fuerzas Militares están aplicando la misma receta en varias regiones del país: en el Catatumbo llevan tres semanas hostigando a los campesinos; en el sur de Córdoba y norte de Antioquia igual; en el Caquetá y Tumaco hace un mes también aplicaron el libreto: ESMAD y bala. Los muertos y heridos son mayoritariamente los campesinos. Se les trata de narcotraficantes instigados por grupos armados y se aplica fuerza letal para disuadirlos.

Todas esas veredas del bajo guayabero fueron parte del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) y alrededor 2000 familias erradicaron voluntariamente sus sembrados, pero el Gobierno les incumplió. Me dicen algunos de sus líderes, que Parques Nacionales se atravesó a los acuerdos como vaca muerta, con el argumento de que dentro de los parques, ellos, no aceptaban nada distinto a la erradicación obligatoria y la salida de las comunidades de las áreas protegidas, valga decir que estas comunidades llevan más de 40 años asentadas allí. En febrero, las autoridades desplegaron operativos contra la deforestación y capturaron más de 20 campesinos, entre ellos varios líderes, en espectaculares redadas con helicópteros que aterrizaron en sus fincas. Dicen que: “donde no encontraron a quien buscaban, se llevaron mujeres y niños”. Una especie de chantaje, que viola todas las convenciones de Derechos Humanos, para obligar a los prófugos a presentarse ante las autoridades. Esta situación motivó protestas, las comunidades retuvieron dos militares lo que presiono la instalación de una mesa de concertación en San Juan de Lozada, allí se firmó un compromiso con el gobierno para no darle tratamiento militar a la situación. Pero una cosa firman los funcionarios y otra hacen los militares.

La situación hoy sigue siendo compleja, comunidades de municipios aledaños se preparan para reforzar la movilización campesina desde Montañita, Caquetá; San Juan de Lozada y La Macarena, Meta; su consigna es no dar un paso atrás. Por su parte el General Flórez tampoco piensa retroceder. Los campesinos exigen una mesa de concertación para llegar a acuerdos, sin embargo la confianza entre unos y otros está rota. Si el gobierno continua por el camino de la represión, podríamos tener un baño de sangre de grandes proporciones. Un escenario que recuerda las marchas cocaleras de 1996. Esta claro que por esta vía los cultivos no van a desaparecer y el costo en vidas será muy alto. Sin embargo, parece poco probable que el Ministro de Defensa cambie el libreto, pues de ello depende el apoyo de los gringos para su lucha contra las drogas.