La red de derechos humanos del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía jardines de Sucumbíos Ipiales, Nariño, integrantes de la coordinación social Marcha patriótica, se permite denunciar a la opinión pública nacional e internacional el homicidio en persona protegida del campesino Educardo Alemeza Papamija de 56 años de edad, cometido por integrantes de la policía antinarcóticos del putumayo, durante proceso violento de erradicación forzada, con uso desproporcionado de la fuerza contra cerco humanitario desarrollado por familias cultivadoras de coca.

El día 3 de julio de 2020, en predios correspondientes a la vereda Caucasia, corredor Puerto vega – Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo, alrededor de 400 campesinos realizaban cerco humanitario a los cultivos de uso ilícito, ante la intencionalidad de desarrollar las erradicaciones forzadas por parte de la fuerza pública. Esta vereda está ubicada a orillas del río San miguel, frontera natural con el Ecuador, en el lugar, había aproximadamente 500 integrantes de ESMAD y policía antinarcóticos, además de unidades del ejército nacional en los alrededores de los predios donde se venían realizando los procedimientos de erradicación.

Aproximadamente a las 2:30 pm, mientras se adelantaban diálogos entre campesinos y policía para evitar la confrontación, varios integrantes de la policía antinarcóticos sin provocación alguna, dispararon durante aproximadamente un minuto ráfagas de fusil de manera directa contra los manifestantes, producto de las cuales habría resultado asesinado el campesino Educardo Alemeza Papamija de 56 años de edad, nacido en Mercaderes Cauca y afiliado a la junta de acción comunal de la vereda la Cabaña en el corredor Puerto vega – Teteyé. El lugar donde cayó Educardo, fue copado por integrantes de la policía antinarcóticos y el ESMAD impidiendo que, si se encontrara herido, fuera auxiliado por los campesinos. Testigos de los hechos informan que vieron cuando luego de varios minutos en el lugar, los integrantes de la policía subieron al helicóptero el cuerpo del campesino Educardo vestido con camuflado, que no portaba durante las protestas. Las prendas que durante la protesta portaba Educardo eran una sudadera negra y camiseta de franela color blanca, que fue encontrada por campesinos luego de la retirada de los uniformados y el helicóptero, en una hoguera hecha en un lugar con pleno control de la policía antinarcóticos y el ESMAD, presumiblemente para eliminar las pruebas de lo ocurrido. afortunadamente, se logró impedir que la ropa que portaba Educardo se incinerara en su totalidad, la cual estaría untada de su sangre.

Durante el mismo procedimiento y debido a las balas de fusil disparadas por la policía antinarcóticos, otro campesino resultó herido en su pierna quien está siendo atendido en el vecino país del ecuador. A la fecha y hora de la redacción de esta denuncia, se informaba por fuentes de la red en terreno, de otros campesinos heridos y algunos desaparecidos sin que se haya logrado precisar aún esta información, suponiendo que se encuentran en calidad de capturados. A su vez, fuimos informados que durante el procedimiento y sin motivación alguna, integrantes del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, realizaron ingresos sin orden judicial a por lo menos 4 viviendas, destruyendo puertas y pertenencias de sus propietarios.

Exigencias

Al gobierno nacional en cabeza de Iván Duque Márquez, cese de inmediato los procedimientos de fumigación con glifosato y erradicación forzada y violenta de cultivos de uso ilícito, implementando de manera integral y completa el programa nacional integral de sustitución PNIS, a sus actuales afiliados y se permita aperturarlo, permitiendo el ingreso de otras familias que están dispuestas a erradicar voluntariamente el cultivo de uso ilícito y lograr la reconversión económica de la región, que de manera directa o indirecta, se beneficia de los ingresos generados por los cultivos de uso ilícito.

A su vez, de manera precisa la implementación integral del acuerdo final de paz en los 9 municipios priorizados para la paz, como también el municipio de Piamonte, Cauca y el corregimiento de Cofanía, jardines de sucumbíos Ipiales, Nariño, que permita lograr la transformaciones y cierres de las brechas sociales que se viven en la región, para garantizar la construcción de una paz estable y duradera, como reza el acuerdo final de paz firmado en el teatro colón.

Solicitudes

Debido a la gravedad de lo sucedido y las dificultades de comunicación en la zona que ha impedido precisas mayor información, solicitamos a naciones unidas con sus agencias en el territorio, especialmente a ONU DDHH, y la segunda misión de seguimiento a la implementación del acuerdo, la misión de acompañamiento al proceso de paz de la MAPP-OEA, la Defensoría del pueblo, el programa de DDHH de la gobernación del Putumayo, que, correspondiente a sus objetivos misionales realicen cuanto antes una misión de verificación de los hechos denunciados, y que permita lograr esclarecerlos. Dicha misión deberá realizarse contar con delegados de organizaciones sociales, que permitan ser garante de la verificación que realicen.

Solicitamos a la Fiscalía general de la nación, realizar los actos urgentes que permitan aperturar la investigación penal respectiva para establecer la verdad procesal de lo sucedido y sus responsables. A la Procuraduría general de la nación, según sus funciones misionales y legales, realizar los actos urgentes que permitan iniciar la investigación disciplinaria respectiva para establecer las faltas disciplinarias que se cometieron durante este violento procedimiento de desalojo, en el cual se emplearon armas letales de manera directa contra la humanidad de campesinos, que protestaban de manera pacífica contra la erradicación violenta de cultivos de uso ilícito.

Llamamos a las organizaciones sociales y defensoras de DDHH, a emitir pronunciamientos de respaldo a la justa lucha de las comunidades campesinas que exigen el cese de las erradicaciones violentas y avanzar en la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, rechazando el uso desproporcionado de la fuerza y la utilización de armas letales en procedimiento policiales contra la protesta social.